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viernes, 2 de agosto de 2019

El nuevo decreto sobre juego y apuestas podría prohibir toda publicidad

La prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en los medios de comunicación, radio, televisión e internet, salvo las loterías y apuestas de la Administración del Estado y de la Organización de Ciegos Españoles (ONCE), fue una de las recomendaciones que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, envió al Ministerio de Hacienda y al de Sanidad mientras abordaban la elaboración del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego y juego responsable, en mayo de 2019.

El Defensor actuó de oficio “ante la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de juego y casas de apuestas”. Hace algo más de una semana, según informan desde la Institución, el Ministerio de Hacienda les envió un comunicado señalando que “acepta todas las recomendaciones formuladas por la Institución para limitar la publicidad del juego y las apuestas y reforzar la protección de las personas más vulnerables frente a la adicción al juego, especialmente los menores“.

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Desde el Ministerio de Hacienda confirman esa comunicación, pero señalan que no hay ningún borrador del real decreto todavía, pues “hasta que no se forme Gobierno no se continuarán los trabajos”, como manda toda lógica.

La prohibición total de la publicidad de casas de apuestas era la petición de máximos del Defensor. De no aceptarse, abogaba por aumentar las franjas horarias en las que la publicidad queda prohibida, de modo que alcanzara los horarios infantiles, y que no pudiera utilizarse como reclamo publicitario la imagen de personas con notoriedad pública.

También recomendaba que el proyecto de real decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego y de juego responsable incluyera una referencia expresa al juego on line y que se ajustara a la regulación a la presencia de esta modalidad.

En este sentido, Hacienda ha manifestado que estas observaciones se podrán hacer en el marco de sus competencias, es decir, en el ámbito estatal. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas también tienen competencias en este ámbito. En las recomendaciones elevadas a los dos ministerios, el Defensor pedía la coordinación con las autonomías para desarrollar este marco legal.

Ambito socio sanitario

El Defensor del Pueblo recomendó también mejorar la formación e investigación sobre los efectos que la publicidad del juego y de las apuestas tiene en las personas más vulnerables a la adicción. Pidió un estudio sobre el trastorno producido por el juego desde el punto de vista socio sanitario, protocolos de actuación y de prevención de este tipo de adicciones para su aplicación en los ámbitos escolar, asistencial, sanitario y familiar y programas de formación en prevención de la ludopatía dirigidos a profesionales de la salud y de los servicios sociales y para otros agentes implicados.

En este aspecto, Hacienda ha reiterado su compromiso de aumentar la dotación presupuestaria para reforzar estas iniciativas y estudios en futuros Presupuestos Generales del Estado.

La adicción al juego debe considerarse como un asunto de salud pública que requiere un marco regulatorio con normas jurídicas imperativas

En opinión del Defensor del Pueblo, en el juego el fenómeno de su difusión sin control, y muy en especial si los jugadores son menores de edad, tiene unas características similares a las del consumo del tabaco o de drogas. Por ello, la Institución considera que deben reforzarse las políticas activas de juego responsable dirigidas a fortalecer la protección de las personas más vulnerables a la adicción.

A juicio del Defensor del Pueblo, la publicidad del juego y de las apuestas no debe considerarse amparada en la libertad de empresa, como no lo está en productos como el tabaco o las sustancias adictivas. En su opinión, la adicción al juego debe considerarse como un asunto de salud pública que requiere un marco regulatorio con normas jurídicas imperativas, ya que un modelo de autorregulación no sería eficaz en esta actividad económica.

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