La semana ha comenzado con una negociación contrarreloj para tratar de alcanzar un acuerdo de última hora entre los partidos políticos sobre las medidas que deben adoptarse para blindar a España frente a rebrotes de la covid-19 y para afrontar las consecuencias que deja la epidemia de coronavirus vivida en los últimos meses.
Y es que los cuatro grupos de trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso de los Diputados para afrontar la era post-covid (Sanidad, Políticas Sociales, Reactivación Económica y Unión Europea), tan sólo el de sanidad tenía desde hace días días atisbos de poder salir adelante por consenso entre los partidos, que votarán a lo largo de hoy las enmiendas presentadas al borrador de conclusiones de cada grupo de trabajo. Con lo aprobado este miércoles, se alcanzará un texto final el viernes.
En materia de Sanidad, la semana pasada se presentaron cinco borradores posibles de medidas a adoptar (uno del PP, otro de PSOE-Podemos, otro del Grupo Republicano, otro de Ciudadanos y otro de Más País) y salió aprobado como texto base el borrador de PSOE-Podemos, a la espera de incorporar las enmiendas del resto de partidos que se han estado negociando contrarreloj hasta hoy.
Más de 300 enmiendas
Se trata de 326 enmiendas que se ha decidido votar de una en una a lo largo del día de hoy entre las que figuran desde propuestas como la de Teruel Existe de crear un MIR específico de gestión sanitaria, a la regulación de los grupos de interés en el ámbito farmacéutico propuesta por Ciudadanos, hasta el empeño firme del PP por incluir en el texto un pacto de Estado en materia de Sanidad que se ha bautizado ya como Pacto Cajal, la creación de un plan de recuperación de la actividad asistencial o la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública que gestione toda gran decisión en caso de epidemia.
A primer hora del día Ciudadanos comunicaba que había pactado con el Gobierno incluir algunas de estas enmiendas, que además reclamaba también el PP entre las suyas, como la creación de un cuerpo sanitario de reserva formado por voluntarios con capacidad de movilizarse al estilo del que dispone Francia en caso de emergencias.
Además de las enmiendas de última hora, que aún deben votarse, el borrador de conclusiones incluye cerca de 70 propuestas para fortalecer el sistema sanitario, agrupadas en cuestiones de gobernanza, recursos humanos, atención primaria, salud pública, investigación, fármacos y vacunas; transformación digital; coordinación de los sistemas sanitarios; política farmacéutica y reserva estratégica; financiación de la sanidad y modelos de atención sanitaria.
Un ministerio más fuerte y un Interterritorial más ejecutivo
En materia de gobernanza, el texto base con las casi 70 propuestas incluye entre otras muchas medidas “reforzar al Ministerio de Sanidad para que pueda desempeñar con efectividad sus funciones en un sistema descentralizado”, lo que incluye más fondos y recursos humanos para el Ministerio.
También se propone una modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para hacerlo más eficaz y se exige elaborar un calendario concreto de reformas legislativas para priorizar las más urgentes: “la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia covid-19, y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe y “la mejora de las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales del SNS, con el objetivo prioritario de acabar con la temporalidad estructural del actual sistema”.
Contratos estables para el personal y reemplazo programado de las bajas
A recursos humanos se dedican además buena parte de las medidas propuestas por los diputados en el borrador. En primer lugar se propone “una regulación que establezca mecanismos permanentes de cobertura de puestos, evitando tener que recurrir a contratación temporal para cubrir vacantes estructurales” y para ellos e propone “actualizar con carácter urgente el sistema de selección de profesionales sanitarios, y en particular para las especialidades médicas, habilitando un sistema abierto y permanente que combine una prueba nacional periódica de competencias (board), con una selección local por concurso, de adaptación a perfil y puesto, posibilitando que la mayoría de las vacantes (por ejemplo, jubilaciones) se puedan reponer antes de producirse”.
Incentivos al empleo de sanitarios en zonas rurales
También se proponen incentivos al empleo en zonas rurales y sobre retribuciones no se ponen cifras concretas sobre la mesa pero se dice que “no se pueden tener servicio de salud de primera categoría con retribuciones de tercera”.
Además se propone aplicar fórmulas de contratación similares a las de los clínicos para los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, que hagan más atractivos los trabajos de esta especialidad.
En cuanto al volumen de sanitarios, el documento propone “aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública hasta situarnos en la media de médicos y enfermeros por habitante de los países desarrollados” y evitar los cuellos de botella entre la oferta de egresados y demanda de residentes.
Un plan de recuperación del sanitario con estrés postraumático por el covid
Con la vista puesta en concreto en lo ocurrido en durante la epidemia, una de las medidas incluidas en el texto insta a la elaboración de “un plan de recuperación por síndrome de “burnout” o síndrome de estrés postraumático de los profesionales sanitarios, tras la crisis sanitaria derivada de la Covid-19”.
Compromiso político para incrementar el número enfermeras y trabajadores sociales en AP
Tampoco se ponen cifras concretas sobre la mesa en lo que a atención primaria se refiere, pero el documento de propuestas habla de “reforzar con carácter urgente a la Atención Primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al Covid-19. La Atención Primaria precisa una inyección rápida e inteligente de recursos humanos y también tecnológicos”.
Este mismo refuerzo se reclama en el texto para la atención primaria con independencia de la epidemia de coronavirus, como pilar del sistema sanitario español. Y para monitorizar su situación se propone acordar en el Consejo Interterritorial indicadores de buen funcionamiento y objetivos como el porcentaje de pacientes que puedan obtener una cita médica no-urgente a las 48h o 72h de haberla solicitado.
Ese fortalecimiento de la primera deberá incluir además “un gran impulso a la Enfermería Familiar-Comunitaria para incrementar los cuidados sanitarios de atención domiciliaria” y en las residencias sociosanitarias. También se ampliarían las ratios de trabajadores sociales en centros de salud.
El objetivo prioritario en AP será la estabilidad del empleo y la jornada flexible
Sin definir cómo se propone “hacer de la estabilidad en el puesto de trabajo un objetivo prioritario de la política de AP” y se pide dotar de flexibilidad horaria a la consulta “para poder superar los problemas del trabajo a turno fijo de tarde (14-21h) que tanto dificulta la conciliación familiar y aleja de la AP a muchos profesionales”.
¿Una agencia nacional de salud pública?
En lo que a salud pública se refiere, el texto se compromete a desarrollar e implementar la Ley 33/2011 General de Salud Pública y desarrollar con urgencia un Plan de Emergencias de Salud Pública frente a epidemias y otras crisis sanitarias. Sin embargo, han sido muchos los grupos que han pedido que, además, se cree una Agencia Nacional de Salud Pública, que gestione las grandes decisiones en caso de epidemias como la de coronavirus, y que aun adscrita al Ministerio de Sanidad cuente con autonomía funcional y presupuesto propio.
La inversión en I+D deberá crecer hasta el 2% del PIB en 5 años
Sí se ponen cifras sobre la mesa en lo que a investigación se refiere. El documento se comprometería a “incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos 5 años hasta el 2% del PIB, de forma que el sistema de I+D+i biosanitario lo vaya absorbiendo paulatinamente”.
También se propone en el texto promover la investigación en atención primaria y en cuidados de salud (investigación en enfermería). En este punto las enmiendas de algunos partidos como el PP pedían la vuelta del Instituto de Salud Carlos III al ámbito del Ministerio de Sanidad "del que nunca debió salir", según ha dicho la portavoz popular y ex ministra de Sanidad , Ana Pastor, en su intervención.
Se extenderá a todo el país la categoría de facultativo especialista investigador
En el ámbito médico se propone también “extender la categoría estatutaria de “Facultativo Especialista Investigador” (ya incorporada al catálogo estatal de categorías estatutarias del SNS, Orden SSI/2420/2015, por la administración del País Vasco, donde ha sido empleada para la estabilización de los investigadores hospitalarios), para que se pueda usar por todas las autonomías”.
Respecto al resto de propuestas del documento base, se incluye la marcha de una Estrategia Nacional de Transformación digital del Sistema Nacional de Salud y la creación de un órgano de coordinación entre los sistemas sanitario y social de atención a la dependencia para afrontar el problema que se ha evidenciado en las residencias.
Sobre esta cuestión los diputados han acordado reconocer expresamente “que la atención sanitaria a las personas mayores que viven en centros residenciales, depende del servicio de salud correspondiente”.
Eliminación progresiva de copagos y apoyo a las propuestas de política farmacéutica de Airef
En política farmacéutica el documento base propone estudiar la implementación de las controvertidas medidas propuestas en el informe de la Airef en su Evaluación del gasto en medicamentos dispensados a través de receta médica, y la eliminación progresiva de copagos, una medida que figuraba ya en el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos.
Creación de una reserva estratégica de material
Lo incluye el documento base pero también las peticiones de prácticamente todos lo partidos políticos y expertos que han comparecido: es necesaria la creación de una reserva estratégica que garantice el abastecimiento de material sanitario. En este punto varios partidos han alertado de que esta reserva aún no esté en marcha pese al alto número de brotes que se están detectando.
- Comisión para la Reconstrucción: el Congreso también escuchará a las residencias, la industria, los farmacéuticos y los enfermeros
- Bouza: “Colegas italianos nos advirtieron a final de febrero: Es horrible, están muriendo como chinches”
- Matesanz: “La sociedad civil debe saber que puede confiar en sus sanitarios pero muy poco en sus políticos”
- Sánchez Bayle: “Se ha utilizado a los trabajadores de la sanidad como objetos de usar y tirar”
Incremento de la financiación sanitaria pero sólo para los centros de gestión directa.
Finalmente, en materia de financiación el documento base de propuestas de sanidad incluye, casi a imagen y semejanza del que había despertado discrepancias en el ámbito educativo, restringir el incremento de fondos que se produzca a los centros públicos. En concreto, el documento propone “un aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura” y pero especifica que “todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa”.
También se crearía “un Fondo de Reconstrucción Sanitaria plurianual, de carácter finalista y condicionado, limitado en el tiempo, dirigido a incentivar el logro de objetivos específicos en distintas materias (interoperabilidad de la historia clínica electrónica, integración de sistemas de información, dotaciones mínimas de recursos en materia de salud pública, dotaciones mínimas en materia de atención primaria por áreas de salud, articulación de protocolos clínicos de mejora de la seguridad de los pacientes, entre otras)”, según detalla el texto base.
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