No ha lugar a dudas..., al menos desde la perspectiva del Ministerio de Sanidad. Las nuevas medidas restrictivas acordadas ayer en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) son "de obligado cumplimiento" y las comunidades con municipios afectados -votaran a favor o en contra- tienen 48 horas para aplicar esas medidas.
Sin apenas solución de continuidad con el controvertido CISNS de ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el acuerdo sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para "responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de la Covid-19". Fuentes de Sanidad aseguran que el contenido de la orden se notificó anoche a todas las comunidades, que ahora "son las competentes para su ejecución", y que la materialización de las medidas "no precisa de nueva publicación en el BOE". La pelota está, pues, en el tejado de cada una de las comunidades, incluidas las que ayer votaron en contra en el CISNS.
Y para que no quepa ninguna duda, el texto del acuerdo publicado en el BOE menciona expresamente a las que emitieron un voto particular en contra (Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid y Ceuta) y a la que se abstuvo (Región de Murcia), e invoca a la Abogacía del Estado y a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, para recordarles a todas ellas que el acuerdo del Interterritorial es insoslayable.
Las CCAA son competentes para su ejecución y no hace falta nueva publicación en el 'BOE'
Según el departamento que dirige Salvador Illa, el artículo 151 de la Ley de Régimen Jurídico faculta al Gobierno central a imponer las nuevas restricciones: "Dado que este acuerdo viene referido a un ámbito material en el que la Administración General del Estado tiene atribuidas funciones de coordinación general de la Sanidad, el acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial, con independencia del sentido de su voto", reza el texto del BOE.
Y, además, hay que cumplirlo dentro de un plazo claramente tasado: "En los supuestos en que la ejecución de las actuaciones contempladas requiera de la adopción, por parte de las comunidades autónomas, de algún acto o disposición, estas se adoptarán antes de que transcurran 48 horas desde que se tenga conocimiento de la concurrencia de las circunstancias", y las autonomías tuvieron conocimiento de esas circunstancias ayer, en el Pleno del CISNS.
Inmediatamente después de concluir ese Pleno, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguró públicamente que el acuerdo no era "jurídicamente válido", y lo hizo apelando al artículo 14.1 del reglamento del CISNS, que, según el consejero, especifica que "las medidas de salud pública han de adoptarse por consenso".
- Madrid recurrirá las medidas de restricción de Sanidad si se publican en el BOE
- El plan de restricciones de Sanidad se aprueba sin consenso en el Interterritorial
- Madrid pone peros al borrador que debate el Interterritorial con los tres criterios para confinar grandes municipios
- Sanidad registra 11.016 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.810 se notifican en Madrid
Ruiz Escudero avanzó ayer que, en caso de publicarse en el BOE como una orden ministerial, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid estudiaría qué actuaciones legales pueden llevarse a cabo, un extremo que hoy mismo ha ratificado en una emisora de radio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En sentido estricto, lo que hoy publica el BOE no es una orden ministerial propiamente dicha, sino una resolución que -literalmente- "da publicidad" al contenido del acuerdo alcanzado ayer en el Interterritorial.
Tres criterios claros
El punto más importante y controvertido de ese acuerdo son las "limitaciones de movilidad, contactos sociales y aforos" que están obligados a imponer los municipios de toda España de más de 100.000 habitantes cuando cumplan tres criterios, que también detalla el BOE: que la incidencia en los 14 días previos supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que el porcentaje de positivos de las pruebas PCR supere el 10% y que el 35% de las camas UCI de la comunidad estén ocupadas por pacientes infectados por el coronavirus.
Además de la ciudad de Madrid -la mayor de España que cumple ahora mismo con esos tres criterios-, la comunidad que preside Díaz Ayuso tendría otras 9 localidades afectadas por las nuevas restricciones: Parla, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/2ETL4lG
No hay comentarios:
Publicar un comentario