Las dudas acerca de qué sujetos pueden pedir la eutanasia y cómo organizarla dentro de los equipos son algunos de los múltiples interrogantes que despierta la nueva ley, que se ha abordado en 43º congreso nacional de Semergen, que se está celebrando en Zaragoza. Interrogantes que, en muchos casos, exigirán más desarrollos de la norma y más formación para los profesionales para abordar situaciones complejas y que pueden tener otras respuestas.
La eutanasia es uno de los temas candentes del momento, como ha quedado demostrado con una sala prácticamente llena y con varias felicitaciones a los ponentes por su claridad expositiva. Porque, como ha expresado gráficamente alguien del público, "estamos todos muy despistados".
Igor Pinedo, abogado y director legal de DAC Beachcroft, ha señalado que, si bien la ley hace un esfuerzo por definir los casos concretos en los que se aplicaría (supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables), "tengo dudas de que podamos alcanzar a entender la casuística de los supuestos clínicos que podrían entrar en ambos conceptos”.
Por otra parte, ha señalado que la norma establece unos plazos cortos y un procedimiento que, no obstante, no se contempla en el caso de peticiones basadas en declaraciones de voluntades previas, que en su opinión acabará siendo el caso más frecuente a pesar de que no estaba previsto para esta petición en concreto.
El papel del médico de Familia
La mayoría de los médicos responsables, o sea, quienes tienen que gestionar la petición, serán los médicos de Familia, según Manuel José Mejías Estévez, coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de Semergen. “Esto requiere una formación, una especialización y un equipo”. Por otra parte, ha recordado que “el deseo de adelantar la muerte no es nuevo y los médicos tenemos herramientas muy buenas, como las que usamos en cuidados paliativos, pero no todo el mundo las conoce, está formado, o quiere usarlas porque no tiene tiempo, le da miedo…"
Este médico también tiene sus dudas con respecto a los casos en los que se aplicará. “¿Qué consideramos una enfermedad crónica incapacitante e imposibilitante? ¿Un dolor de espalda inoperable?”. En su opinión, es un proceso que necesita una valoración pausada, a ser posible en equipo, que tenga en cuenta varios factores, como, por ejemplo, si se trata de un problema que se podría abordar de forma social, si hay una depresión no diagnosticada, si bastaría con una aplicación de cuidados paliativos, etc.
Rogelio Altisent, profesor titular de Bioética de la Universidad de Zaragoza y vicepresidente del Comité de Bioética de España, ha destacado lo paradójico de que la ley “garantice el derecho a morir en un periodo de 30-40 días, frente a otras prestaciones, como las ayudas a la Dependencia, que pueden tardar meses”, y ni mencione el acceso a la medicina paliativa.
Otro problema es que la Ley de Eutanasia “hace un esfuerzo en asegurarse de que es un decisión libre de presiones externas, pero ignora las posibles coacciones internas del sufrimiento físico, mental o emocional”, que es, por ejemplo, lo que causa los suicidios en el caso de los pacientes con algún trastorno mental.
Para Altisent, queda claro que los sanitarios deben mejorar su formación en dos aspectos: la planificación anticipada de decisiones y cuidados y el abordaje del síndrome de querer adelantar la muerte, “que no es lo mismo que la eutanasia”.
Por otra parte, ha señalado que el médico, incluso si es objetor, debe seguir manteniendo una relación clínica con el paciente. “Nos puede plantear dilemas respecto a en qué momento tenemos que dar un paso al lado. Habrá que estudiarlo caso por caso, pero creo que lo contrario sería una mala praxis”.
Cuestión que ha enlazado, además, con la necesidad de organizar los equipos. “El registro de objetores no sirve para organizar la prestación. La manera práctica es comunicárselo al coordinador del centro, que sepa con qué cuenta, y eso no está contemplado en la norma”.
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