El Gobierno de Asturias ha aprobado el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria, que fija dos plazos máximos para listas de espera, en concreto dos meses para determinadas pruebas y procedimientos terapéuticos y seis para varias intervenciones quirúrgicas. Esta regulación de prestaciones llega tras más de una década de esperas, propuestas y borradores.
En concreto, las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas y las resonancias magnéticas deberán efectuarse en un plazo tope de dos meses. Por su parte, las operaciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria) y cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo en un máximo de 180 días.
Según ha explicado hoy el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, se adoptarán en las consultas de especialidades las medidas organizativas oportunas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general, digestivo y cardiología.
Con el fin de garantizar este objetivo el Servicio de Salud del Principado (Sespa) dará prioridad a las primeras consultas, por ser, según ha explicado el departamento de Francisco del Busto, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad.
El consejero de Sanidad ha explicado que se ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y se planificará con seis meses de antelación las agendas desde el servicio de atención al ciudadano, lo que significa que podrá ofrecerse a los pacientes la posibilidad de ser intervenido en un centro diferente al suyo de referencia, pero siempre dentro de la red de utilización pública, sin recurrir a los centros privados a estos efectos.
Además, la Consejería de Sanidad ha anunciado hoy que se procederá a crear un registro único de pacientes en espera para tratar de garantizar la calidad en la respuesta, la transparencia del procedimiento y los derechos de la ciudadanía, al tiempo que se expedirán certificados de inclusión en el mismo, sobre el que se informará a las personas interesadas de forma individualizada y confidencial.
Más de una década de espera
La aprobación de este decreto de tiempos máximos se ha hecho esperar en el Principado, dado que borradores de esta iniciativa han pasado por la mesa de los distintos consejeros de Sanidad desde hace más de una década sin que finalmente saliesen adelante.
Desde el Gobierno del Principado se ha argumentado hoy que la regulación de estas prestaciones por decreto se ha impulsado finamente en un momento “en el que el sistema sanitario dispone de las instalaciones, los equipamientos y los profesionales necesarios para poder cumplir los plazos máximos de demora”.
Así la Consejería señala que en los últimos meses se ha llevado a cabo “una renovación de los medios técnicos y los recursos humanos que ha aumentado la capacidad de respuesta del sistema público” y ha permitido reducir las demoras y mejorar los tiempos.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy un decreto que modifica la estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado (Sespa) para crear la Comisión de Participación del Instituto Nacional de Silicosis como organismo de asesoramiento y apoyo, lo que se traduce, según la Consejería de Sanidad, en “un impulso” a este instituto.
La comisión se encargará de informar los planes económicos y el presupuesto de cada ejercicio, proponer orientaciones para mejorar la actividad médica y científico-técnica del instituto, recibir información de las denuncias y reclamaciones de usuarios y trabajadores, analizar las memorias anuales y las estadísticas e informar el proyecto anual de inversiones.
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