Pública y privada se ‘reparten’ a medias los accidentados

Todavía no está ni siquiera firmado, pero ya hay nuevo convenio entre las aseguradoras y las entidades privadas de asistencia sanitaria para los accidentados de tráfico. El acuerdo, que según reconoce la patronal Unespa, no introduce grandes cambios en esta ocasión hasta 2022 más allá de la actualización de tarifas, ha coincidido en el tiempo con la publicación de los datos de facturación de los Convenios de Asistencia Sanitaria (CAS).

Estos datos representan casi el 70 por ciento de todo el flujo de pagos que generan los accidentes de tráfico entre las compañías aseguradoras y los hospitales públicos y privados (el 30 por ciento restante corresponde a acuerdos bilaterales directos entre aseguradoras o clínicas privadas). Y según los nuevos datos del CAS, el gasto sanitario asumido por las aseguradoras automovilísticas ascendió ya a 400 millones de euros en 2017 (casi 600 sumados los acuerdos bilaterales).

Fuentes de Unespa explican que los acuerdos entre compañías aseguradoras han permitido que cada entidad de seguros se haga cargo del coste de la asistencia de su asegurado con independencia de quién resulte finalmente el vehículo causante del accidente. “Esto permite agilizar los pagos a los hospitales, que son inmediatos, y que la víctima no tenga que preocuparse de ellos”, sin tener que esperar a la resolución del conflicto.

La base de estos acuerdos, sumada a los firmados con los servicios públicos de salud y las entidades hospitalarias privadas, “permite además que los accidentados decidan dónde quieren ser atendidos si en el momento del accidente están en condiciones físicas de decidirlo”.

Sobre esta base, desde Unespa se reconoce que “con frecuencia los grandes lesionados acuden directamente a los servicios de urgencias públicos y permanecen en la pública, mientras que el uso de la privada se suele dar con más frecuencia para lesiones menores, rehabilitación posterior, etc.”.

Las cifras muestran que para el conjunto de España los pagos de las aseguradoras se reparten casi a medias entre la pública, que absorbe el 52,1 por ciento de los 400 millones facturados en el CAS, y la privada, que tiene el 47,9 por ciento restante. Con todo, esta distribución es muy desigual entre comunidades autónomas. En regiones como Castilla-La Mancha el sector público factura el 90 por ciento de todo el coste de lesionados por accidente, y Navarra (87%) y Extremadura (80%) manejan cifras muy semejantes.

Sin embargo, en Baleares, Cataluña y Canarias la proporción de pública y privada es prácticamente la contraria, con tres de cada cuatro euros facturados por el sector privado.

Las cifras de Unespa estiman también el peso de los pagos de las compañías de seguros al sistema público en relación al presupuesto sanitario de la autonomía. Según estas cifras, los pagos de las aseguradoras representan el 0,365 del presupuesto sanitario para el conjunto del país, pero hasta el 0,71% del presupuesto para sanidad de Murcia, lo que da idea de la importancia de estos pagos en el mantenimiento de las estructuras sanitarias de las autonomías.

Perfil del lesionado por accidente de tráfico

Las cifras de Unespa se suman al retrato robot del lesionado por accidente de tráfico que ha trazado la Fundación Línea Directa junto a la Fundación Española para la Seguridad Vial, con datos de la última década hasta 2015. Las cifras revelan que desde 2006, hasta 1,3 millones de españoles ha sufrido lesiones por accidente de tráfico, el equivalente al 3 por ciento de la población. De éstos, 13.000 al año serían heridos de consideración, que sufrirían 14 días de hospitalización media, más 200 de rehabilitación. El 70 por ciento de ellos, además, sufrirá secuelas de por vida. Sorprende también que, desde 2011, los lesionados por accidente de tráfico han crecido un 16 por ciento en España.

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