El viaje debate sobre como se reparte entre Gobierno central y comunidades autónomas el gasto para personaas dependientes sigue dando de qué hablar. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que preside José Manuel Ramírez, denuncia este lunes que el año pasado, el Ejecutivo central (por entonces gobernado por el PP) “redujo aún más su escaso porcentaje de financiación del sistema”.
Excluyendo lo aportado por la ley de financiación autonómica, el Gobierno financiería un 16,3% de la atención a la dependencia, y las comunidades, un 83,7 por ciento
Según los datos de las certificaciones anuales de la Orden SSI/2371/2013, remitidas por el Ministerio de Sanidad al Observatorio de la dependencia (gestionado por la citada asociación), en 2017 se invirtieron en dependencia 7.459 millones de euros, de los que la aportación finalista -la destinada directamente a dependencia- del Ministerio fue de 1.218 millones, es decir, un 16,3 por ciento del total. Este porcentaje es menor que el de 2017, cuando quedó en un 17,4 por ciento.
De esta forma, las comunidades autónomas habrían aportado 6.241 millones, un 83,7 por ciento restante. Hay que aclarar algo sobre este reparto. La ley señala que la inversión debe repartirse al 50 por ciento entre Gobierno y autonomías. En los último años, el Ejecutivo central siempre defendió que estos porcentajes se cumplían, ya que sumaban a la aportación finalista otros fondos destinados a las comunidades autonómas. Las comunidades autónomas y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales excluyen del cálculo lo aportado por el Estado a través de la ley de financiación de las comunidades. De ahí las discrepancias en el reparto de porcentajes de inversión.
Volviendo al informe publicado hoy por la asociación de gerentes, el impacto acumulado para el gasto público de las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2017, sería de 4.600 millones de euros.
El impacto acumulado para el gasto público de las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2017, sería de 4.600 millones de euros
En el ámbito menos negativo, mejoran los datos sobre el incremento de personas atendidas y reducción de la lista de espera (el llamado limbo de la dependencia), aunque Ramírez considera que estas mejoras “se están produciendo como consecuencia del incremento de servicios de bajo coste, dirigidos a dependientes moderados (Grado I), abandonando a los más graves y que requieren atención con mayor urgencia, los dependientes graves (Grado II) y grandes dependientes (Grado III)”
En todo caso, se calcula que todavía hay casi 300.000 personas en situación de dependencia reconocida en lista de espera. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que el actual Gobierno, al menos, ha dado un paso en positivo, “al facilitar, por primera vez, la información de la financiación del sistema, un avance democrático en transparencia e información”.
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