Enfermería llevará ante el juez la Ley de Farmacia de Madrid si es aprobada

El sindicato de Enfermería Satse llevará a los tribunales la nueva Ley de Ordenación Farmacéutica de Madrid, ahora en el parlamento regional, si finalmente es aprobada. Se trataría de una denuncia contra la Consejería de Sanidad regional “por aprobar para la farmacia funciones no previstas en las leyes y que significan una privatización encubierta de la asistencia sanitaria”.

Así lo ha explicado este martes Teresa Galindo, secretaria general de Satse Madrid, en una rueda de prensa para presentar un manifiesto contra los servicios profesionales de las farmacias avalado por una plataforma integrada por varias organizaciones enfermeras, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores y la organización de Consumidores Facua.

Piden una Ley de Enfermería

“El Anteproyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid -dice el manifiesto- no ha contado en su elaboración, ni con la participación ni el consenso de todos los agentes implicados”, por lo que los firmantes han solicitado que la Consejería retire el texto y comience a negociar otro con todos los agentes. “No estamos contra una ley para la farmacia madrileña sino contra este proyecto y, a la vez, reclamamos una Ley de Enfermería que pueda ampliar nuestras competencias”, ha precisado Galindo.

Los firmantes del manifiesto reconocen que la ley otorga a los farmacéuticos, además de la custodia, conservación y dispensación de medicamentos. “la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública“, pero reclaman para la Enfermería el seguimiento farmacoterapéutico y la gestión de los planes para fortalecer la adherencia a los tratamientos.

Manifiesto

La Administración debe fortalecer la Atención Primaria -dicen- “y no destinar unos fondos públicos para que los farmacéuticos u otros trabajadores empleados por ellos, a través de unos establecimientos privados, como son las oficinas de farmacia aunque presten un servicio público, realicen unas actividades sanitarias que ya realizan médicos y enfermeros en el ámbito público”, sostiene el manifiesto.

Los integrantes de la plataforma pusieron como ejemplo de “lo que pueden afectar los servicios farmacéuticos a la asistencia sanitaria la suspensión de la AF domiciliaria para la farmacia de El Boalo en Madrid, en una programa acordado con el Ayuntamiento de la localidad.

El COF replica

El COF de Madrid ha puntualizado este martes, en respuesta a las acusaciones de la Enfermería, que “la Sanidad pública no es coto privativo de ninguna profesión y que la respuesta al paciente debe venir desde la colaboración de los equipos multidisciplinares en todas las zonas de la Comunidad de Madrid”. 

Las farmacias son establecimientos sanitarios, añade el comunicado del COF, “regulados, sometidos a planificación y con autorización de la Administración autonómica, como lo están el resto de centros y servicios sanitarios públicos. Es privado, cierto, pero solo en lo que respecta a la titularidad de la autorización reglada de la farmacia, y de interés público por la actividad que desempeña, teniendo en cuenta que el medicamento, en su mayoría, es financiado por el Sistema Nacional de Salud”.

 

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