Una historia inacabada

España dispone de una magnífica red de agencias y unidades de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones de la Administración general del Estado y de las comunidades autónomas: Osteba-Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Euskadi; AQuAS-Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña; Avalia-t-Unidad de Asesoramiento Científico Técnico de la Agencia de Conocimiento en Salud de Galicia; Aetsa-Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía; IACS- Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; Sescs-Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud; UETS-Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Madrid, y AETS-Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III.

La primera, la catalana, se creó en 1989, y la segunda, la vasca, en 1992. La cooperación entre todas ellas comenzó en el 2006 en el marco del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. En 2012, se creó formalmente la Red, por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) en 2012, con el fin de promover la calidad, eficiencia y sostenibilidad en evaluación.

Y ahí se quedó la cosa. Hoy trabajan en red, comparten marco metodológico, van publicando informes y recomendaciones de gran calidad, son independientes (requisito sine qua non), reciben reconocimientos internacionales, sus técnicos gozan de prestigio…

Pero, ¿quién tiene en cuenta su trabajo: la Administración, los centros, los gestores, los profesionales, la industria productora de tecnología, dispositivos y productos, las empresas de servicios, los pacientes…?

Esperemos que en un futuro no muy lejano en el orden del día de una reunión del Cisns figure: hacer vinculantes los informes de las agencias de evaluación.

Quizá el primer paso sea crear la versión ibérica del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) inglés, lógicamente (atendiendo a la configuración territorial del Estado y las competencias autonómicas) descentralizado e independiente de los decisores públicos y el sector privado; el siguiente, definir los tipos de estudios a vincular (coste de oportunidad, disposición social a pagar…), y por último, establecer por ley que la evaluación económica sea requisito obligado para la aprobación de una nueva prestación. La sanidad española adolece de problemas pero es un organismo suficientemente maduro como para vincular sus decisiones sobre nuevas tecnologías, procedimientos, técnicas, dispositivos y productos a una evaluación rigurosa previa.

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