Sanidad penitenciaria prepara una huelga para el próximo Gobierno

Los profesionales de sanidad penitenciaria (unos 1.200 en España) preparan movilizaciones para presionar al próximo Gobierno en acabar con su discriminación salarial respecto al personal de los servicios de salud y además tomar medidas urgentes contra la falta de recursos humanos.

Según datos facilitados en una respuesta al Senado en febrero de 2018, 296 médicos trabajan actualmente en las cárceles; de ellos, 97 tienen más de 60 años y 165, entre 50 y 60. Es decir, el 88,5% está al borde de la jubilación. Además, no se cubren todas las plazas. Según datos provisionales del Ministerio del Interior, de las 37 vacantes convocadas este año, sólo se cubrirían 19.

Ya hace unas semanas estos profesionales intentaron convocar una huelga mediante un movimiento asambleario denominado Plataforma de Sanidad Penitenciaria, pero la Administración la rechazó alegando un defecto de forma. “Queríamos hacerlo al margen de los sindicatos, puesto que nuestra experiencia con ellos es lamentable; se olvidan de nosotros porque somos un colectivo pequeño dentro de Instituciones Penitenciarias”, explica Carmen Hoyos, portavoz de la plataforma y vocal de Sanidad Penitenciaria en la Organización Médica Colegial (OMC).

Ante las dudas legales, finalmente la plataforma se ha aliado con el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, pero, en vista de la inminencia de las elecciones, han decidido esperar a la formación del nuevo Gobierno.
La reivindicación fundamental será “la equiparación tanto salarial como en funciones a la atención sanitaria de los servicios autonómicos“, apunta Hoyos, añadiendo en declaraciones a DM que esto sería al margen de la transferencia de las competencias en sanidad penitenciaria y su integración en los servicios de salud autonómicos, una medida contemplada en la Ley de Cohesión pero que lleva 16 años sin cumplirse en la mayor parte del territorio; sólo es una realidad en País Vasco y Cataluña.

Los profesionales de sanidad penitenciaria se sienten discriminados, ya que, en el caso de los médicos, quien trabaja en prisiones cobra de media 1.500 euros menos que en la sanidad pública. Y estas “diferencias escandalosas”, en palabras de Hoyos, son uno de los factores que ha provocado la falta de personal: ya nadie quiere trabajar en las cárceles y quienes están les quedan sólo a unos años para la jubilación.

Aunque el comunicado señala que se reunirán con los partidos políticos, la portavoz de la plataforma reconoce que para ella es una fase agotada. “Hay unanimidad política tanto en el Senado como en los parlamentos autonómicos instando a asumir las competencias en sanidad penitenciaria… y nada ha cambiado”. 

Enfermeras sin apoyo ante urgencias vitales

“En la prisión de Daroca, en Zaragoza, tiene dotación para seis plazas de médicos, pero sólo hay uno. Tras su jornada laboral, está todos los días de guardias localizadas, a 100 kilómetros de la prisión”, describe Hoyos para ilustrar el tipo de situaciones que se dan en las prisiones españolas.

Esta falta de médicos además también repercute en las enfermeras. “La discriminación de salarial es menor en su caso, unos 400 euros, y son un colectivo más joven y que da menos problemas para cubrir plazas, pero están sufriendo la falta de acompañamiento de un médico. Deben enfrentarse sin apoyo a situaciones de urgencia vital como intoxicaciones, intentos de ahorcamiento, autolesiones muy graves…”

De hecho, apunta que hay una instrucción de Instituciones Penitenciarias que, ante la falta de facultativos, señala que estos profesionales estén tarde y noche de guardia localizada según necesidades del centro, lo que Hoyos apunta que va totalmente en contra de la salud laboral.

El gabinete jurídico del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria estudiará y procederá a llevar a tribunales esta instrucción, el pago de guardias o en qué condiciones el médico puede participar en la sujeción mecánica. Al respecto, Hoyos señala que la Comisión de Deontología de la OMC ha señalado que el facultativo sólo podría participar cuando sea necesaria por enfermedad, no ante un comportamiento agresivo, que suele ser lo habitual.

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