“La sanidad penitenciaria española, que durante años ha sido un referente mundial, está a punto de colapsar”. Así de contundente se ha mostrado Pedro Martínez Sánchez, responsable de CESM-Prisiones, que cifra en más de un 40% el descenso de los facultativos que trabajan en las cárceles en los últimos tres años: han pasado de los 441 médicos existentes en 2016 a los 212 que, según el sindicato, hay en la actualidad. A la reducción de la plantilla, se suma la elevada edad media de la existente: el 90% de los médicos tiene ya más de 50 años, y el 35% “está en condiciones de jubilarse en cualquier momento”, según Martínez Sánchez.
Y detrás de esta fuga de médicos de las prisiones están, claro, las condiciones laborales y profesionales en las que estos facultativos ejercen su labor. Entre otras cosas, CESM cifra en 20.000 euros netos al año (sin guardias) la diferencia retributiva media entre un facultativo de prisiones y otro de primaria. La falta de atractivo del trabajo penitenciario explica que las plazas que se convocan queden, en un elevado porcentaje, vacantes: sólo 12 candidatos optaron a los 31 puestos ofertados en la última convocatoria de empleo.
Al margen de las condiciones estrictamente laborales, Martínez Sánchez habla también de las especiales características de una población reclusa cada vez más númerosa (51.000 internos actualmente) e integrada por “un elevadísimo número de drogodependientes, enfermos mentales, patología dual y enfermedades infectocontagiosas y crónicas”.
“Incumplimiento de la ley”
El representante de CESM afirma que se ha llegado a esta situación por “incumplimiento de la ley”. En concreto, recuerda que no se está cumpliendo la Ley de Calidad y Cohesión de 2003, en la que se contempla la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos de salud. Actualmente, sólo Cataluña y el País Vasco tienen asumida esta competencia, mientras que en el resto del país el servicio sigue dependiendo orgánicamente del Ministerio del Interior. Asimismo, añade, que se incumplen la Ley General de Sanidad, la Ley Orgánica Penitenciaria, las recomendaciones del Consejo de Europa y sendas resoluciones del Senado y de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de 2018.
En este contexto, CESM retoma la idea de convocar una “huelga indefinida”, que la autodenominada Plataforma de Sanidad Penitenciaria, un movimiento asambleario integrado por profesionales del sector ya había puesto sobre la mesa antes de las últimas elecciones generales.
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