Alberto Cañizares, de Cañizares Abogados, uno de los primeros despachos que en Alicante empezó a atender a los afectados por el cierre de i-Dental, reconoce la compleja situación en la que se encuentran las víctimas de esta red de clínicas, cuyo entramado empresarial está siendo investigado por los juzgados de lo Mercantil, pero también por la Audiencia Nacional.
“Muchos de estos recursos son asuntos de una cuantía baja, pero con unos daños morales muy importantes y complejos de demostrar”
“En estos momentos, cualquier persona que quiera reclamar por la vía Civil a i-Dental verá como el juez traslada su recurso al juzgado mercantil donde se sigue el concurso de acreedores de la red extorsionadora, y, por tanto, la resolución de su caso queda supeditada a la conclusión del concurso, lo que puede llevar mucho tiempo”.
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Ante esta situación, la pregunta es ¿qué pueden hacer los afectados? El abogado reconoce que en este momento hay que estudiar caso por caso y no hay una receta única. “Cada cliente está haciendo lo que puede. Hay quienes optan por el turno de oficio, para poder alcanzar una justicia gratuita, ya que en algunos casos estamos hablando de reclamaciones de unos pocos de miles de euros, 2.000 o 3.000 euros, que, por otro lado, es lo que se van a gastar en presentar un recurso”.
Los afectados puede desistir en reclamar a i-Dental, y así evitar supeditar la resolución de su caso al concurso de acreedores, y demandar solo a la entidad financiera con la que suscribió el crédito para el pago del tratamiento odontológico. En ese supuesto, según apunta el abogado, el afectado solo puede pedir el dinero del crédito ya pagado..
“Muchos de estos recursos son asuntos de una cuantía baja, pero con unos daños morales muy importantes y complejos de demostrar. Los daños morales en España no se indemnizan bien. Así que la solución judicial es casi mágica”.
Reunión con el Ministerio de Sanidad
El pasado miércoles, 17 de julio, varias asociaciones de afectados por i-Dental se manifestaron frente al Ministerio de Sanidad, en Madrid, y fueron recibidos por la Ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.
Desde Sanidad se dio conocimiento del encuentro en una nota que ponía de manifiesto la preocupación de Carcedo por “el estado de salud” de los manifestantes así como “por el quebranto económico sufrido”. Además, en la información se recordaba que estos pacientes no tienen que seguir pagando el crédito vinculado que firmaron junto a su tratamiento. Pero esta aclaración no era nueva, pues fue la primera conquista judicial de estos colectivos, en virtud del artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.
La situación de provisionalidad del Gobierno de Pedro Sánchez hace difícil arrancar ningún compromiso al Ministerio de Sanidad actual, y así lo puso de manifiesto Carcedo a los manifestantes. Sin embargo, Cañizares también señala la dificultad de orquestar una solución única para todos los afectados: “Cada caso es un mundo, hay quienes han sufrido una mala praxis, otros que han pagado la mitad del crédito y no les han hecho nada, otros que han pagado todo y no pueden ni abrir la boca… Además, dentro de un contexto económico bajo”.
Así que, por ahora, según apunta el letrado, habrá que esperar y ser prudentes en las actuaciones judiciales.
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