“No quiero volver a comprar tecnología; quiero arrendarla”

Es uno de los pocos consejeros de Sanidad que repiten en el cargo tras las elecciones y, tal vez por su veteranía, se atreve a hablar sin tapujos y, a ratos, incluso al margen de la disciplina de partido. “No estoy en contra de financiar los medicamentos para abandonar el tabaco ni la PrEP para el VIH, pero las evidencias no entienden de época electoral. Se lo critiqué al ministro [popular Alfonso] Alonso cuando anunció la inclusión de una nueva vacuna, y se lo critico ahora a quien haga falta”, explica en un reproche directo a los anuncios de ampliación de la cartera de servicios lanzados a la prensa por la ministra socialista María Luisa Carcedo sin haber informado antes a las comunidades autónomas.

José María Vergeles, especialista en Medicina de Familia, está al frente no sólo de la sanidad extremeña, sino también de los servicios sociales en su autonomía y con esta perspectiva advierte de las consecuencias que tiene la prórroga presupuestaria para la sanidad y la dependencia.

PREGUNTA. ¿Se está notando la falta de gobierno central?
RESPUESTA. Por supuesto. Hay una parálisis legislativa. No se pueden aprobar ni reales decretos ni ninguna norma específica de sanidad o dependencia. Y lo que se aprueba en Consejo Interterritorial no puede ir a ninguna parte de momento. En lo que más se está notando es en la financiación.

P. ¿Por el bloqueo a los presupuestos?
R. Se habían previsto unos Presupuestos Generales del Estado de amplio contenido social y en los que Extremadura mejoraba la financiación, por ejemplo, de la atención a la dependencia en alrededor de unos 24 millones de euros, y eso no se va a poder llevar a cabo porque en un momento determinado el Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas votan en contra. Pero no es sólo eso, es también la parálisis en la reforma del modelo de financiación que implica.

P. ¿Qué espera de ese nuevo modelo de financiación?
R. Resolver el déficit crónico que arrastra la sanidad. Calculamos un déficit anual de financiación a nuestro servicio de salud que supera los 180 millones de euros anuales. Y esto es algo que influye en deuda a proveedores, en la puesta en marcha de nuevos dispositivos… Esa es la situación de parálisis en la que nos encontramos en este momento. Esperemos que el día 10 tengamos un escenario que nos permita contar con un gobierno estable.

P. El déficit de la sanidad del que habla no es sólo financiero. ¿Es tan grave la falta de médicos como se está diciendo?
R. Lo es en ciertas especialidades y ciertas zonas. Vamos a vivir una época hasta 2025 en la que la escasez nos va a obligar a incentivar la atracción de determinados especialistas en determinadas zonas porque sino va a ser imposible prestar atención a la población. Harán falta incentivos de salarios, tiempo, mayor puntuación en los procesos selectivos….

P. Eso puede desatar una guerra de salarios en incentivos crecientes entre autonomías .
R. Tiene que haber unos mínimos y para eso está la Comisión de Recursos Humanos del SNS. Lo que tampoco puede ser es que ocurra como ahora, que es más fácil para un profesional moverse por Europa que entre autonomías. Si yo tengo reconocido el nivel 3 de carrera profesional en mi autonomía, ¿por qué no me puedo mover con ese nivel 3 a otra?

P. ¿Y si a pesar de todo no se encuentran médicos que quieran acudir a zonas rurales o a hospitales de baja complejidad?
R. Tendremos que ir a alianzas estratégicas y modelos de servicios sanitarios superando las barreras del área de salud. Ese cambio de mentalidad nos llevará a que un especialista, aun estando contratado en una determinada área de salud, vaya donde esté el paciente.

P. La sanidad penitenciaria también se queja de falta de médicos, pero dice que sus carencias se deben a que las autonomías no aceptan el traspaso de competencias. ¿Por qué no quiere asumir su autonomía el traspaso de la sanidad penitenciaria?
R. Desde Extremadura hemos dado muestras sobradas de que estamos dispuestos a asumir la sanidad penitenciaria. Pero el traspaso no se ha orientado bien. Tenemos un Estatuto de autonomía que dice cómo hay que hacerlo; lo que no se puede pretender es traspasarlo analizando lo que a mí me parece que puede ser el traspaso ahora que no tengo personal y ahora que, además, el SNS ha asumido la financiación de los fármacos que se están dando en las cárceles de este país.

Con todo, habrá más problemas como los de la sanidad penitenciaria en otros ámbitos: los siguientes que se van a enfrentar a algo semejante van a ser los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que van a sufrir muchas jubilaciones sin recambio. Y en sus manos está la gestión de las bajas y las incapacidades. El problema es grave.

P. ¿Y cómo puede resolverse?
R. El decreto para el acceso a forense vía MIR es un buen ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Ahí se dice que la titularidad de las unidades docentes corresponde al Ministerio de Justicia. Así que ya sabemos quién va a pagar la formación de esos MIR. Otros colectivos deberían aprender de eso. Estoy pensando por ejemplo en Medicina del Trabajo. Si nosotros formamos y pagamos a los MIR es difícil pensar que desde la autonomía vamos a querer formar residentes en Medicina del Trabajo en lugar de anestesistas. Si las mutuas de accidentes de trabajo, que son colaboradoras de la Seguridad Social, quieren médicos del trabajo alguien tiene que pedir esas unidades docentes y formar a esos MIR.

P. El último Consejo Interterritorial antes de las elecciones ha venido protagonizado por las CAR-T. ¿Teme que su extensión se convierta en un nuevo agujero para la sanidad autonómica?
R. Creo que el acceso a las terapias CAR-T pertenece al ámbito de la evidencia científica y no de la política. Y que la gestión que se ha hecho, a diferencia de lo que ocurrió con los fármacos de la hepatitis C, ha sido admirable. Además, a la empresa se le ha puesto un competidor muy importante que es el sistema sanitario público español con esos ensayos clínicos no comerciales que se están haciendo. Sería bueno, con todo, que el Consejo Interterritorial fuese vinculante, para evitar situaciones que se han dado con otros fármacos como los de la fibrosis quística, en los que una autonomía por su cuenta y riesgo ha decidido incluirlos. Esto es de una gravedad para la equidad del sistema que no nos podemos permitir.

P. Una de las promesas electorales que figuran en el programa de su partido, del Partido Socialista, para las elecciones generales es la supresión de los copagos para los pensionistas. ¿Tiene sentido volver al antiguo modelo de pensionistas exentos y activos que pagan los fármacos?
R. Las instituciones que se dedican a medir el riesgo de pobreza nos están diciendo que hay trabajadores pobres. Por tanto, alguna pensada habrá que darle a esa promesa electoral de supresión del copago para los pensionistas.

P. Tiene cuatro años más por delante. ¿Habrá alguna ley estrella para la legislatura?
R. El sistema sanitario extremeño está legislativamente bien armado. Tal vez incluso demasiado. Lo que me propongo es coordinarnos con el sistema social, apostar por la salud mental y acabar con el deslumbramiento hospitalocentrista. Tenemos que terminar grandes infraestructuras, el Hospital Don Benito de la Serena y la segunda fase del Hospital de Cáceres. Y también debemos renovar la tecnología.

P. ¿Renovar la tecnología? ¿Todavía hay carencias después de la donación de Amancio Ortega?
R. Tenemos bloqueada buena parte de la inversión en tecnología que nos permitió hacer esa donación: los cuatro aceleradores lineales. Hay dos casas comerciales, que son las que fabrican los aceleradores, y su guerra nos comercial nos ha cogido en el medio y el proceso de licitación está judicializado y pendiente de sentencia, que esperamos que vea la luz este mismo mes o en noviembre. Con todo, tenemos que seguir renovando la tecnología.

P. ¿Y con qué fondos aspira a hacerlo? ¿Confía en un plan renove con facilidades de financiación desde el Gobierno central?
R. Creo que hay que dejar de comprar tecnología. No nos podemos permitir comprar tecnología que tiene una vida útil de 10 años y luego queda obsoleta. Debemos empezar a arrendarla con fórmulas de renting o las que se nos ocurran. Nosotros hemos hecho ya eso para dotar al nuevo Hospital Universitario deCáceres, con un contrato de 28 millones de euros que nos permite una renovación y pago por uso.

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