El Grupo Mixto ha presentado en el Parlamento gallego una proposición para despenalizar la eutanasia, aunque la mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular (PP) ha impedido que siga adelante. La iniciativa plantea la modificación del artículo 143 del código penal para eximir de responsabilidad a quien “cause con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor”, o coopere para ello, por petición expresa, libre e inequívoca de una persona que padece una enfermedad grave que la conducirá necesariamente a la muerte o una patología incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que será permanente.
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El debate de toma en consideración de la proposición de ley para presentar en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley orgánica de 1995 y del Código Penal que significaría la despenalización de la eutanasia y de la ayuda al suicidio se ha producido este martes en la Cámara gallega. Ha sido rechazada con 40 votos negativos frente a 33 positivos (los diputados del Grupo Mixto, del Partido Socialista y del BNG).
El Grupo Mixto ha defendido que existe una demanda social y ha sacado a colación, como también hace en el texto de su iniciativa, una encuesta llevada a cabo por Metroscopia y que indica que el 87% de los españoles creen que un enfermo incurable tiene derecho a la asistencia para poner fin a su vida sin dolor.
Este grupo considera que el poder legislativo debe asumir su responsabilidad en esta materia y alega que la regulación en otros países como Holanda, Bélgica, Suiza o algunos estados de EEUU no ha causado el efecto cascada o llamada que prevén los detractores: “Las encuestas demuestran que el ejercicio del derecho se produce sin problemas y con normalidad”.
En el texto se recuerda las penas de prisión que se estipulan en el citado artículo 143, los posicionamientos de los últimos años a favor de la despenalización de la eutanasia del Grupo de Estudios de Política Criminal y dos casos de gran repercusión en la sociedad española: Ramón Sampedro, que puso fin a su vida en enero de 1998, y María José Carrasco, mucho más reciente y que llevó a los tribunales a su marido. “Hoy, cansado de la desidia institucional, me veo obligado a morir a escondidas, como un criminal”, son las palabras de Sampedro grabadas en un vídeo ya muy conocido.
Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Andalucía, Baleares y Madrid regularon la muerte digna; en la comunidad gallega se hizo en el 2015. Esta ley es precisamente el principal argumento en contra del PP de Galicia. El Grupo Mixto estima que ha sido un avance legislativo que abre nuevas ventanas de oportunidad, como el reconocimiento del derecho de autodeterminación del paciente frente al médico, pero sostiene que no es una solución para muchas personas que sufren: “Hoy en día, Ramón Sampedro se encontraría con la misma situación a la que se enfrentó en 1998”.
A nivel nacional, PSOE ha registrado recientemente su proposición de ley sobre la eutanasia y suicido asistido. El texto de la iniciativa socialista establece como requisitos para recibe la “prestación de ayuda para morir” deberán sufrir una enfermedad grave o incurable o una enfermedad grave, crónica e invalidante certificada por el médico responsable.
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