La anulación del decreto sobre el requisito del catalán no debería tener en teoría efectos retroactivos en cuanto al personal que accedió a su plaza con dicha norma en vigor ni paraliza las convocatorias actuales. Es la interpretación del gabinete jurídico del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las Islas Baleares.
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El Decreto 8/2018, de capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud de Islas Baleares (Ib-Salut), desarrollaba la Ley 4/2016, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública.
La norma anulada concretaba cómo iba a funcionar el requisito del catalán en los procesos de selección de personal como en los de movilidad y traslados y suavizaba los requisitos exigidos en 2016: los médicos debían acreditar un B1, en lugar de un B2, como había establecido la ley de 2016 inicialmente (norma que sí sigue en vigor). Quien se presentaba a esos procesos tenía dos años de moratoria para presentar su nivel de catalán o, de lo contrario, se le vetaría la participación en traslados y el acceso a la carrera profesional.
“La sentencia no tiene carácter retroactivo y en principio no afecta al personal que accedió a su plaza con el decreto en vigor. Tampoco se paralizan las convocatorias ahora en marcha mientras la sentencia no sea firme”, ha aclarado el sindicato.
Por otra parte, argumenta que la sentencia no ha cuestionado el nivel de catalán exigido al médico, ni la posibilidad de establecer excepciones en categorías deficitarias: “Tan solo ha declarado que esa exención debe hacerse por norma de rango legal y no por decreto”.
En cualquier caso, Simebal ha solicitado al Gobierno “que valore las distintas estrategias que pueden aplicarse para evitar perjuicios al servicio público” y aclare la situación oficialmente.
Hay que recordar que, en cualquier caso, el sindicato médico es partidario de que el catalán sea un mérito, no un requisito. Su presidente, Miguel Lázaro, argumenta que “la anulación del decreto condiciona a que, cuanto más restrictivo sea el escenario en cuanto a la exigencia de acreditación lingüística para optar a una plaza, más complicado será captar los médicos especialistas y, en algún caso profesionales altamente cualificados en Baleares que, recordemos, es una comunidad netamente importadora de médicos y que en la actualidad tiene un importante déficit en distintas especialidades”.
Las OPE siguen con normalidad
Fuentes de la Consejería de Sanidad de Baleares señalan que su gabinete jurídico todavía está estudiando los efectos de la sentencia del TSJ y la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo. De momento no se ha dado ninguna instrucción a las gerencias y “de hecho, hay oposiciones este fin de semana”, ha aclarado.
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