Reclusos: privación de libertad… y privación de sanidad

Casi 17 años después de que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) regulara el traspaso de competencias en sanidad penitenciara a las comunidades ese proceso aún no ha culminado. El resultado de esta demora de casi dos décadas es, según CESM y Satse, los sindicatos que llevan años reclamando en vano el cumplimiento de la ley, un paulatino proceso de deterioro, traducido en falta de recursos y profesionales, que, de no revertirse, “conducirá al colapso”, en palabras de Gabriel del Pozo, secretario general de CESM.

Un mero cruce de datos es el mejor aval de que la situación que describen los responsables sindicales está al límite: los 70.000 reclusos (50.000 permanentes y unos 20.000 rotatorios) que se reparten entre los 65 centros penitenciarios españoles, los 11 centros de inserción social y los 2 centros de Psiquiatría, son atendidos únicamente por 220 médicos (de las 440 plazas habilitadas) y apenas 500 enfermeros.

Los 70.000 reclusos de los 78 centros penitenciarios españoles son atendidos sólo por 220 médicos y 500 enfermeras

Pero aún hay más: el 50% de los facultativos, según Pedro Antonio Martínez, médico del Centro Penitenciario de Ocaña II, en Toledo, “tiene más de 50 años, y un 30% podría jubilarse en cualquier momento”; y más: de las 500 enfermeras, un porcentaje elevado -en ocasiones, cercano al 50%- “suele estar de baja por IT, entre otras cosas por las condiciones en que trabajan”, afirma Manuel Cascos, presidente de Satse; y todavía más: la prisión de Pamplona no tiene ningún médico, la de Estremera la llevan dos facultativos en prácticas (forman parte del grupo de 11 médicos que aprobaron la oposición en 2017 y llevan en prácticas desde 2018, a la espera del concurso de traslados que les otorgue su plaza), en varias prisiones sólo hay un facultativo (de forma que no hay médico de guardia), los farmacéuticos de prisiones brillan por su ausencia, y la farmacia del centro de reclusión “a veces, es una farmcia de verdad, otras un cuarto con 4 medicamentos, y en otras ocasiones, ni existe”, dice el presidente de Satse.

La prisión de Pamplona no tiene ningún facultativo y la de Estremera la llevan dos médicos en prácticas

Todas estas cifras se las sabe de memoria la Administración central, porque quienes hoy las han hecho públicas se las han puesto sobre la mesa en un rosario de infructuosas reuniones mantenidas en los últimos 4 años (con las Secretarías Generales de Instituciones Penitenciarias y Sanidad, con los ministerios de Sanidad, Interior y Administraciones Públicas, con el Defensor del Pueblo…), y en una carta conjunta remitida “hace unos días” al nuevo Ejecutivo. Quizás ayude -o eso espera Del Pozo- que Unidas Podemos, “actualmente con responsabilidades de gobierno, haya sido el partido que más abiertamente se ha manifestado a favor de corregir este caos“.

Entre tanto, Cascos ha personalizado el malestar con la Administración en la figura el ministro del Interior –al que se dirigieron por última vez en enero-: “Marlaska no ha estado a la altura de las circunstancias”. Y no lo ha estado, según Del Pozo, por el “evidente agravio” que sufre la población reclusa con respecto al resto de la ciudadanía: “Los reclusos tienen condena y privación de libertad, pero, en ningún caso, privación de sanidad”.

Patologías específicas

La solución también es conocida por la Administración central: cumplir la ley; “es decir, hacer efectivo el traspaso de competencias a las comunidades que la LOPS ya estipulaba en 2003. Pero lo dice la LOPS, y también la Ley General de Sanidad, y una recomendación expresa del Consejo de Europa, y el Defensor del Pueblo, y sendas recomendaciones del Congreso y el Senado españoles”, ha recordado el facultativo de Ocaña II.

Porque, según Lourdes Piñel, enfermera del Centro Penitenciario de Ocaña I, en la base de todo este caos hay un olvido esencial: “Los centros penitenciarios son centros de atención primaria y, con los recursos que tenemos, estamos haciendo sólo atención urgente”. No se puede hacer prevención, ni seguimiento de las patologías; en una población -añade Martínez- “integrada por hombres, pero también mujeres y bebés, que, a las patologías generales, suma, en muchos casos, otras específicas, como drogadicción, problemas de salud mental, enfermedades infecto-contagiosas”. En suma, remacha Piñel, “se hace lo indispensable, y llegará el momento en que ni eso”.

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