Las reacciones políticas y sanitarias que ha suscitado la pandemia Covid-19 se han basado en la adopción de intervenciones preventivas de naturaleza no asistencial muy drásticas y de ámbito universal. Entre otras razones, por la carencia de medidas clínicas específicas, terapéuticas y profilácticas, pero también para evitar o, al menos, limitar eventuales conflictos interterritoriales.
Y, por otro lado, en la atención a las demandas de los pacientes afectados que han sido atendidos, sobre todo en los hospitales, ya sea por los servicios de urgencias o, en los casos más graves, en las unidades de cuidados intensivos.
Así pues, la respuesta ha sido básicamente vertical y especializada. Aunque, en teoría al menos, hubiera podido ser más subsidiaria -con un mayor protagonismo de los servicios sanitarios autonómicos y locales- y horizontal, con una participación más relevante de la atención primaria y de la salud pública sanitaria. Un planteamiento que requería desde luego una gran lealtad entre las instituciones y las fuerzas políticas, y una capacidad de iniciativa que (seguramente abatidas por los graves problemas que atraviesan) ni la atención primaria ni la salud pública han conseguido materializar.
Ha faltado protagonismo de los servicios sanitarios locales
La verticalidad citada ha restado flexibilidad a las medidas protectoras, y la focalización asistencial ha añadido presión al sistema sanitario. Inconvenientes que ahora nos parecen fáciles de constatar, aunque no lo sean tanto cuando toca decidir en un contexto de incertidumbre científica y socio-política. Pero, mirando al futuro, sí que vale la pena tenerlos en cuenta, por si fuera necesario desarrollarlos en la práctica.
No se trata únicamente de disponer qué papel deberían jugar los servicios de atención primaria y los de salud pública de la sanidad.
Y en este momento es necesario comprender que la salud pública no se limita a los dispositivos sanitarios que proporcionan servicios colectivos de promoción y de protección de la salud, sino que incluye cualquier actividad que mejora o mantiene la salud de la población: el trabajo, la educación, el urbanismo... Es decir, muchos son los sectores de la sociedad -y de las administraciones públicas- implicados.
Es preciso desarrollar políticas públicas que contribuyan efectivamente a la promoción y la protección de la salud comunitaria.
De ahí la necesidad de innovar y fortalecer, primero estratégicamente y luego operativamente -mejorando la organización y la financiación-, la atención primaria y comunitaria, priorizando el desarrollo de la conexión social intersectorial de sus centros y profesionales con el conjunto de los activos comunitarios asociados a la salud, lo que -mediante el empleo coordinado de los recursos locales disponibles en cada territorio- debería facilitar un abordaje más apropiado y eficaz de determinadas actividades.
Asignaturas pendientes
Entre esas actividades, cabe destacar la identificación oportuna de personas o colectivos de riesgo elevado, tanto desde la perspectiva de su mayor vulnerabilidad a la infección como de su posible papel como focos de diseminación eventual.
La movilización directa de los recursos sanitarios asistenciales, así como de los servicios sociales y de salud pública del territorio, y su coordinación con los activos de salud comunitarios, para abordar conjuntamente las múltiples dimensiones del problema, implicando responsablemente a los medios de comunicación y las redes sociales, para facilitar la investigación y seguimiento de contactos. Sin olvidar los equipamientos necesarios -aquellos que resulten útiles y fáciles de usar- para la protección y la seguridad de los implicados.
La adopción de decisiones participativa y transparente sobre todos los aspectos clave del abordaje del problema, de modo que a la población, al reconocerlas como propias, le resulten más aceptables y alcancen un grado mayor de cumplimiento.
Sin que ello exonere a la autoridades autonómicas, nacionales o europeas de la mitigación de los efectos negativos sobre la salud, sociales, económicos o de otro tipo causados por la pandemia y por las medidas tomadas para abordarla, en su caso mediante la asignación de los recursos financieros, estructurales y de recursos humanos existentes en cada territorio.
La evaluación de los resultados obtenidos y de los posibles errores cometidos a nivel local como instrumento esencial de la mejora continua de la calidad de los procesos preventivos y asistenciales, tanto desde la perspectiva sanitaria como social y comunitaria.
Todas estas líneas de actuación parecen factibles de desarrollar a pie de obra, contando con las comunidades, las administraciones locales y los dispositivos sanitarios.
La Covid ha evidenciado la necesidad de un entramado social sólido
La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de un entramado social sólido, con interacciones habituales bien establecidas entre los elementos sanitarios, de salud pública y de la propia comunidad, que podría ser un instrumento útil para responder mejor a problemas que, como los de salud, requieren del trabajo conjunto de actores y recursos procedentes de los ámbitos señalados.
Gloabalidad y 'localidad'
A principios de los reformadores años 80 se plantaron las raíces de un modelo sanitario en el que parecía que podía desplegarse una atención primaria y comunitaria involucrada efectivamente en la promoción y la protección de la salud colectiva, como un elemento del desarrollo comunitario, algo que la cultura más individualista, biologicista y economicista ha conseguido arrumbar.
La pandemia ha vuelto a hacer patente la necesidad de líneas de acción que conjuguen armónicamente elementos estratégicos globales con otros que respondan estrechamente a las características y necesidades de cada territorio.
Al final, las políticas de café para todos sólo sirven y son realmente efectivas para unos pocos.
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