El Gobierno de Madrid recibiría con los brazos abiertos a los 300 profesionales extracomunitarios que trabajaron en la comunidad durante la primera oleada de la pandemia, y le pide al Ministerio de Sanidad una "reforma exprés" de la normativa vigente que permita su contratación, porque ellos, como comunidad, no tienen competencias para ficharles de nuevo.
El argumento que ayer repitieron hasta la saciedad el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, y el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid, Antonio Zapatero, tiene un fleco suelto. PP y Ciudadanos, los dos partidos que forman la coalición del Gobierno que ahora vuelve los ojos al ministerio, vetaron en febrero, con el apoyo de VOX, la posibilidad de que Madrid contratase a una parte de esos extracomunitarios que ahora piden: concretamente a los MIR; es decir, a los especialistas que se han formado en los propios hospitales de la comunidad.
La proposición no de ley, que impulsó Más Madrid en la Asamblea Regional un mes antes del inicio del estado de alarma planteaba eliminar el requisito de la nacionalidad española para poder ejercer como especialista en el Sermas, algo que sí es competencia autonómica, y que, de hecho, han impulsado ya comunidades como Cataluña, Cantabria, La Rioja, País Vasco y la Comunidad Valenciana. De hecho, el Grupo Podemos en la cámara autonómica ya había pedido en 2018 que Madrid arbitrará una norma propia "para permitir que los extracomunitarios formados en el Sistema Nacional de Salud puedan trabajar en la sanidad pública".
Cataluña, País Vasco, Cantabria, La Rioja y Valencia ya tienen sus normas propias
Irónicamente, apenas un mes antes de dar carpetazo a la propuesta de Más Madrid, el Gobierno de PP y Cs publicó su Plan Anual Normativo para 2020, que, entre sus objetivos en materia sanitaria, incluía -literalmente- la toma en consideración de una "ley de exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud". Es decir, lo mismo que luego rechazó en la Asamblea.
De hecho, con esta medida el Gobierno autonómico madrileño buscaba "paliar la escasez de médicos" en determinadas especialidades, fundamentalmente médicos de Familia y pediatras, cuyo déficit llevan meses denunciado los profesionales que ejercen en ese nivel y todos los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid.
El Gobierno de Madrid contempla en su plan normativo una medida idéntica a la que rechazó
"Al ministerio le piden que agilice los trámites para contratar a extracomunitarios que se han titulado en otros países, pero para hacer contratos dignos y de larga duración a los residentes que se han formado aquí no necesitan el beneplácito ministerial; pueden hacerlo ellos con una norma propia: es cuestión de voluntad y de desarrollar una gestión correcta. Lo demás, son cortinas de humo para justificar unas carencias que, en gran medida, son fruto de su errática política de recursos humanos", se queja Julián Ordoñez, secretario general de Sanidad de UGT-Madrid.
En la misma línea, Rosa Cuadrado, secretaria general de Sanidad de CCOO en Madrid, recuerda que "desde el pasado mes de mayo llevamos pidiendo al consejero que renueve los contratos de los 10.000 profesionales que se incorporaron durante el estado de alarma, y ahí había extracomunitarios cuya renovación depende, en efecto, del ministerio, pero también residentes que se han formado y titulado en Madrid, y cuya renovación depende del Gobierno autonómico. Llevamos años denunciando que no se puede invertir tiempo, esfuerzo y dinero en formar a especialistas y dilapidar luego ese talento dejando que se vayan a sus países".
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Con respecto a la cifra de extracomunitarios que, según Aguado, han trabajado en Madrid durante la primera ola, Ordoñez matiza que "no sabemos si han sido 200 ó 300, ni tampoco cuántos de ellos eran MIR titulados en Madrid, porque la falta de transparencia en los datos es una tónica de esta consejería, por mucho que se los pidamos; lo que sí sabemos es que la mayoría eran médicos y que estuvieron ejerciendo sobre todo en residencias y en el hospital provisional de IFEMA".
A falta de datos concretos de Madrid, en el SNS se titulan cada año entre 250 y 300 MIR de fuera de la Unión Europea (UE) que se han formado en unidades docentes de las diferentes autonomías. Concretamente, en la convocatoria de este año el Ministerio de Sanidad reservó 300 plazas MIR para extracomunitarios (un 4% del total de la oferta), ligeramente por encima de las 272 plazas de 2019 y de las 261 que pudieron elegir los médicos foráneos en 2018.
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La vía legal a la que se refiere Ordoñez, que permite a una comunidad contratar a los extracomunitarios que ha formado, se llama ni más ni menos que Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Es cierto que el Estatuto Marco establece que sólo se podrá contratar como personal sanitario (fijo o temporal) a quienes posean la nacionalidad española (o la de un estado de la UE o el reconocimiento del derecho a la libre circulación de trabajadores), pero el artículo 57.5 del EBEP abre un resquicio legal, y lo abre en estos términos: "Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario".
Las "razones de interés general" pueden ser, obviamente, las consecuencias derivadas de una crisis sanitaria, pero también el déficit de médicos en determinadas especialidades, que es, precisamente, lo que han invocado las comunidades que ya se han colado por ese resquicio.
Otra porción del melón que abrieron ayer los dirigentes de la Comunidad de Madrid la forman los extracomunitarios que se han formado en sus países de orígenes (tanto la carrera como la especialidad) y que están pendientes de la homologación de su título, un requisito legal imprescindible para poder ejercer en España como especialista..., al menos en teoría, porque hay varias autonomías que, amparándose precisamente en el déficit de médicos, reconocen haber contratado a extracomunitarios pendiente de esa homologación.
Ahí, en efecto, hay un tapón, de proporciones crecientes, y responsabilidad exclusiva del Ministerio de Sanidad, que en 2010 asumió la homologación de los títulos de especialista de los médicos de fuera de la UE (la homologación de la carrera compete ahora a Universidades).
De las más de 6.000 solicitudes de homologación que Sanidad ha recibido en la última década, casi la mitad de ellas no han sido respondidas o han sido rechazadas por no cumplir el primer requisito: que la formación recibida en el país de origen cumpla los estándares formativos comunitarios.
Ahora bien, a los extracomunitarios pendientes de homologación les indigna sobre todo el silencio administrativo, porque el Real Decreto 459/2010 (que regula el procedimiento de homologación desde que, en mayo de 2010, lo asumiera Sanidad) especifica que el ministerio tiene 6 meses de plazo para dictar y notificar la resolución del expediente, y hay especialistas que llevan años esperando únicamente si pasan la primera criba.
Si el ministerio tiene a bien contestar y pasan esa criba, viene el tercer obstáculo: el expediente es revisado por un Comité de Evaluación, que puede aprobarlo directamente (apenas un 10% de los presentados desde 2010), puede rechazarlo (porque considere que la experiencia y/o aptitudes del candidato no son idóneas para ejercer en España) o puede exigirle al candidato que haga un examen teórico-práctico para corroborar sus conocimientos. Desde 2010, sólo se han hecho dos exámenes de ese tipo: uno en 2012 y otro el año pasado.
De los 456 aspirantes convocados a la prueba que se celebró en octubre y noviembre de 2019, sólo se presentaron 243 (un 53,29%). Los extracomunitarios alegan que después de más de 7 años esperando que les citen a un examen, muchos han desistido de intentarlo, se han marchado fuera de España... o ejercen en el SNS sin la preceptiva homologación. De los 243 que se armaron de paciencia y se presentaron al examen de 2019, el Comité de Evaluación aprobó, además, a menos de la mitad: 109 candidatos de 24 especialidades.
No hay estado de alarma que soporte esta exasperante lentitud en la homologación de títulos, y por eso el departamento de Salvador Illa habilitó en marzo una vía extraordinaria para su contratación rápida: La Orden 232/2020 permitía a las comunidades contratar a médicos foráneos que aún no tuvieran el título, pero que hubieran recibido ya el visto del Comité de Evaluación o hubieran aprobado ese examen. Madrid alega que esa vía le permitió contratar a 300 extracomunitarios, pero no concreta cuántos de ellos eran MIR formados en sus hospitales y centros de salud.
Vicente Matas, vocal nacional de Atención Primaria Urbana de la Organización Médica Colegial (OMC), no ve mal la contratación de estos extracomunitarios, "siempre que no se pierda de vista que aún no son especialistas titulados y que, por tanto, deberían trabajar en labores de apoyo".
Matas argumenta que su contratación, "en la que tanto parecen incidir ahora algunas autonomías, no es la panacea para solventar la evidente falta de planificación que arrastramos desde hace años, y recuerda que, además de los extracomunitarios, "en cada promoción, hay miles de médicos españoles que no pueden acceder a una plaza MIR, y a los que las comunidades también deberían tener en cuenta. Concretamente, en la convocatoria de 2020 se han quedado sin una plaza de residente 2.874 graduados en Medicina que aprobaron en su día el examen MIR.
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