Improvisación, mucha improvisación; en esa charca se mueven a sus anchas el populismo y el partidismo, que sólo sirven para poner palos en las ruedas en la complejísima lucha nacional contra el SARS-CoV-2. Y mucho ruido político estéril, gracias a que nuestros representantes no aportan argumentos a favor o en contra de las medidas a adoptar y, además, se enzarzan en un diálogo de sordos, sin escucharse, cada uno defendiendo su posición pero sin analizar y tratar de entender lo que dice el otro. Así, tiene sobrado fundamento el hartazgo de la ciudadanía que, todo hay que decirlo, está muy por encima de sus políticos (con y sin responsabilidad de gobierno) puesto que, pese a su desconfianza en ellos, cumple mayoritariamente con todas las directrices.
Estos días, con la consiguiente polémica por el toque de queda nocturno y el nuevo estado de alarma, se alzaron algunas voces como la del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, para pedir que se adopten decisiones "proporcionadas" en relación a la situación epidemiológica de cada territorio y no de forma generalizada.
Leí las declaraciones que Feijoo hizo al respecto en un acto en Burela, Lugo, justo cuando revisaba los datos de incidencia acumulada por barrios y grupos de calles de la capital catalana, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y me hacía la misma pregunta: ¿Por qué aplicar exactamente las mismas medidas en toda España, en toda una comunidad autónoma o en todo un municipio cuando las tasas de incidencia, situaciones de los servicios sanitarios, ingresos en UCI, etc… son tan heterogéneos?
Los datos de la citada agencia son reveladores: en La Marina del Prat Vermell (Sants-Montjüic) con 1.124 casos por 100.000 habitantes acumulados entre el 12 y el 24 de octubre, y en el Raval (Ciutat Vella), con 934, se aplican las mismas restricciones que en Torre Baró (Nou Barris) con 374 y Baró de Viver (Sant Andreu), con 262. Eso significa nada más ni nada menos que el mismo perjuicio social y económico en zonas críticas que en otras donde, con medidas más leves, se podría vivir con más normalidad.
Que el virus no entiende de fronteras, de acuerdo; que en una gran ciudad la gente de mueve mucho, así es, pero cerrar escuelas e institutos, comercios y demás tiene un coste demasiado elevado como para hacerlo porque sí.
Además, si no hubiera tanta improvisación y generalizaciones quizá no habría lugar para ideas extravagantes como el confinamiento perimetral de la Comunidad de Madrid este puente de Todos los Santos y el próximo, de Nuestra Señora de la Almudena.
Y no es que no haya a qué agarrarse para poner orden en el caos actual: el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 16 de julio, establece las capacidades de preparación y respuesta que se deben garantizar para actuar frente a un incremento de la transmisión del SARS-CoV-2. E indica que las comunidades autónomas deben disponer de "planes de contingencia para reforzar las capacidades a nivel asistencial (primaria y hospitalaria) y de salud pública y prepararse para responder a cualquier escenario de aumento de transmisión, asumiendo que no existe un enfoque único en la gestión de los casos y los brotes de covid-19 y que se deben evaluar los riesgos en cada territorio según sus particularidades". Después vino, aunque muy tarde, el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta; aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, y acordado a mediados de octubre por el Pleno del Consejo Interterritorial. Recoge actuaciones de respuesta para diferentes niveles de alerta y reza así: “La evaluación de riesgo debe considerar las características específicas de la unidad territorial que se está evaluando: comunidad autónoma, provincia, isla, municipio, departamento, área de salud, zona básica de salud o equivalente, teniendo en cuenta la concurrencia de circunstancias específicas, como por ejemplo las que se dan en términos de movilidad en las grandes conurbaciones. En dicha evaluación se tendrán en cuenta los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y la capacidad de salud pública, las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control, como son las medidas no farmacológicas con intervenciones parciales o completas que afecten a parte o todo el territorio evaluado”.
¿Hasta cuándo vamos a seguir improvisando, generalizando y entreteniéndonos con el ruido político estéril?
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3kYUT1a
No hay comentarios:
Publicar un comentario