El Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Valenciana correspondiente al ejercicio 2019, elaborado por la Sindicatura de Cuentas autonómica, ha revelado que durante el año pasado se tramitaron modificaciones presupuestarias por valor de 225,4 millones de euros para poder atender el gasto farmacéutico (capítulo 4 del programa 41223). De esta forma, los créditos iniciales por importe de 1.145,2 millones de euros se convirtieron en un presupuesto definitivo de 1.370,6 millones de euros, “con un grado de ejecución y cuplimiento del cien por cien”.
El informe hace hincapié en que este desfase se produce “al igual que en ejercicios anteriores” y, comparando con 2018, se aprecia un leve incremento del mismo: en concreto, en el año anterior se pasó de los 1.133,1 millones iniciales a los 1.334 millones de euros de presupuesto final (210,9 millones más).
También se mantiene en cifras similares el peso de ese desfase en el conjunto de la desviación detectada en la Consejería de Sanidad. Si en 2018, representaba el 25,47% del total (828 millones), en 2019 el porcentaje se eleva de forma casi inapreciable, pasando a ser del 25,73% (875,8 millones).
En contraste, según el informe -que fue entregado por el síndico mayor, Vicent Cucarella, tanto al presidente de las Cortes Valenciana, Enric Morera, como al de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig-, se produce un descenso en el impacto sobre el global del desfase de la Administración autonómica, ya que el 10,06% de 2019 (sobre 2.238,4 millones de euros) contrasta con el 13,96% de 2018 (1.510,5 millones de euros). Esa diferencia se debe en gran medida al incremento de la partida “Servicio a la deuda”, que ha pasado de 446,8 a 960,8 millones de euros.
Acreedores y desfase de diciembre
De la información obtenida a través del Registro Unificado de Facturas (RUF), la Sindicatura de Cuentas ha comprobado que 474,9 millones de euros fueron contabilizados en “Acreedores registrados por consejerías”, mientras que 171,7 millones de euros corresponden a los denominados “asientos manuales”. En el primer campo, destaca por su importancia el gasto no imputado al presupuesto por parte de la Consejería de Sanidad: 440,9 de 604,5 millones (72,9% del total). De ellos, 372,2 millones de euros “corresponden a adquisiciones de productos farmacéuticos y material sanitario” y 45,9 millones de euros a otras prestaciones. En la revisión de la adecuada obtención y registro contable de los saldos acreedores procedentes del RUF y registrados en la cuenta 4131, “no se han observado incidencias significativas”.
El informe también recuerda que se mantiene el desfase en la contabilización presupuestaria del gasto farmacéutico correspondiente al mes de diciembre, que se imputa al del ejercicio siguiente al de su devengo. Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2019 integran el gasto farmacéutico de diciembre de 2018 (108,8 millones de euros), mientras que el gasto de diciembre de 2019 (112,8 millones de euros) se encuentra contabilizado en la cuenta 4130, “Acreedores por operaciones devengadas y no vencidas”, para su imputación al ejercicio presupuestario 2020.
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