El Parlamento gallego ha aprobado esta mañana la reforma de la Ley de Salud de Galicia con los votos favorables de la mayoría absoluta del Partido Popular y los negativos de los dos partidos de la oposición, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Se trata de una reforma controvertida que impone un buen número de medidas preventivas en materia de salud pública y las sanciones correspondientes en el caso de que las autoridades autonómicas sanitarias establezcan su obligatoriedad. El régimen de sanciones puede llegar a los 600.000 euros en tres niveles: leve, graves y muy graves.
La negativa injustificada a vacunarse aparece como una infracción leve, penada con entre 1.000 y 3.000 euros, pero el texto establece la posibilidad de que sea calificada como grave “cuando se pueda producir un riesgo o daño grave para la salud de la población”, en cuyo caso las multas oscilan entre 3.001 y 60.000 euros.
También se multan conductas como no someterse a pruebas y reconocimiento médico sin justificación
Asimismo, la negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico o a la realización de pruebas diagnósticas “prescritas legítimamente por los profesionales sanitarios y por las autoridades sanitarias con la finalidad de detección, seguimiento y control de una enfermedad infectocontagiosa transmisible”, es una infracción leve que puede escalar al siguiente grado, si el daño para la población es grave, o a muy grave si el riesgo o consecuencias provocadas merecen esa consideración.
No llevar mascarilla o su uso inadecuado se tipifica como infracción leve con una sanción mínima de 100 euros, aunque puede llegar a ser grave o muy grave.
Peticiones previas al Gobierno central
El objetivo del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo es hacer frente a la pandemia del coronavirus o a otras situaciones similares después de que, desde el inicio de esta crisis sanitaria, demandara en varias ocasiones al Gobierno central una modificación de la normativa que facilitar su gestión.
Infracciones del personal sanitario
Entre las infracciones graves, sancionadas con entre 3.001 y 60.000 euros, se encuentra una específicamente dirigida al personal sanitario: “La falta de cumplimiento voluntario de la obligación de cuarentena indicada o prescrita por las autoridades sanitarias, a los profesionales sanitarios o profesionales sanitarias, al personal encargado del rastreo y seguimiento de contactos o cualquier otro agente de salud pública que tenga encomendadas estas funciones”. Idéntica calificación obtiene la falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento prescrita a las personas diagnosticadas de una enfermedad trasmisible o con síntomas de ella. Si estos dos últimos incumplimientos se producen “de forma repetida o reiterada y cuando se produce daño grave o riesgo o daño muy grave para la salud de la población”, las infracciones pasan a ser muy graves y las multas oscilan entre los 60.001 y los 600.000 euros.
La nueva ley también permitirá que las autoridades sanitarias de Galicia puedan restringir la circulación y movimiento de personas, las entradas y salidas de una zona o el número de asistentes a una reunión. Prohíbe el botellón y faculta la intervención sanitaria en residencias privadas de mayores.
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