Más de 2.000.000 de euros es la cantidad defraudada a la Seguridad Social por un farmacéutico de Huelva y tres empleados suyos, junto al responsable de una imprenta. La Policía Nacional los ha detenido tras hallar un total de 73.074 cupones precinto falsos que eran utilizados por el farmacéutico para la cumplimentación de las hojas justificantes de receta. Se les imputan delitos continuados de falsedad documental y estafa al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que hasta ahora no habían sido cuantificados: la cantidad es la suma de los 600.989,70 euros defraudados al SAS y el valor de los documentos intervenidos al farmacéutico. Mientras no haya una sentencia judicial, la farmacia continúa operativa, si bien ayer estuvo cerrada. Según explica la Policía Nacional a este medio, la cuantificación del delito ha llevado tiempo, ya que implica múltiples gestiones, incluida policía científica.
La investigación se inició a finales de 2018 y en 2019 se registró la farmacia
Tras ocho años dedicándose a esta actividad, el nivel de profesionalización llegó a ser tan alto que dentro de las instalaciones existía una dependencia dedicada, en exclusiva, a la confección de estos documentos falsos. Además, habían contratado los servicios de una imprenta para la confección de los cupones-precinto falsos, con lo que obtenía copias de gran calidad y lograban una gran similitud con los originales.
La investigación se inició en el mes de diciembre de 2018, después de que se recibiera un escrito de la Fiscalía Provincial de Huelva en el que se participaba de unos hechos detectados por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, donde se alertaba de una serie de irregularidades en las recetas facturadas por una farmacia de Huelva. En mayo de 2019 los agentes llevaron a cabo una diligencia de entrada y registro en la oficina de farmacia, ordenada por el Juzgado que entiende del caso.
Doble verificación
El COF de Huelva ha condenado "de forma rotunda el supuesto fraude" en un comunicado, donde agradece a la Policía Nacional y a la justicia su actuación en este caso, ya que "estas acciones delictivas empañan el buen nombre de la profesión farmacéutica".
El presidente de la entidad colegial, Jorge Juan García Maestre, señala a este medio que tiene conocimientos de estos hechos desde finales de 2018, al inicio de la investigación, "pero ahora que la causa está en vía penal a nosotros no nos informan de los pasos que siguen", señala.
García Maestre aclara que en Andalucía los COF disponen de un sistema de escaneo al 100% de las hojas de dispensación y recetas físicas: "Estas imágenes se ceden después a la administración, que hace una segunda verificación. En algún proceso siempre hay detección de posibles errores, pero esto es algo muy puntual", indica.
Posible cárcel, inhabilitación profesional y sanción
El presidente del COF de Huelva conoce al farmacéutico, pero no quiere dar más detalles sobre él, porque "la presunción de inocencia hay que mantenerla hasta el final". De declararse culpable, una vez que exista una condena, el COF actuaría de oficio, como está contemplado en los estatutos colegiales ante cualquier práctica ilegal: "Aparte de una posible pena de cárcel, se enfrentaría a una inhabilitación profesional y sanción económica. No puede ser que una persona empañe la gran labor que venimos haciendo las 251 farmacias de Huelva, y sobre todo en la pandemia", aclara.
'Vaciado de tarjetas' y más
¿Cuál era el proceder del farmacéutico y sus presunto compinches? Según la Policía Nacional, la farmacia realizaba distintas acciones para conseguir el fin defraudatorio, siendo la más significativa la denominada como vaciado de tarjetas; es decir, la retirada no autorizada por el farmacéutico de medicamentos que figuraban prescritos en la receta electrónica de los usuarios. Se trataba de una dispensación simulada, ya que no se producía la entrega efectiva del medicamento y se hacía uso de los cupones-precintos falsos para la obtención de beneficio económico fraudulento. Esto conllevaba, en muchas ocasiones, un perjuicio para el usuario ante la imposibilidad de retirar los medicamentos prescritos por su médico.
García Maestre piensa que, aparte de que el farmacéutico haya podido vaciar tarjetas, el profesional pudo actuar dándole la medicación de la marca que quería el paciente, pero no la que debía darle de acuerdo al régimen de subastas de medicamentos ya extinguido: "Los pacientes se iban contentos, porque se la llevaban al mismo precio, y él pegaba un cupón precinto falsificado del fármaco de la subasta, para que no le devolvieran la receta. Por ello la Seguridad Social se veía afectada, porque en función del número de envases dispensado tiene una cuerdo con los laboratorios. Este tipo de fraudes ya no tienen sentido porque la subasta no existe", añade.
En cuanto al vaciado de tarjetas, eso ha podio ser posible, según García Maestre, porque el farmacéutico tuviera tarjetas de pacientes con los que tuviera una relación de confianza: "Eso tampoco se puede hacer", sostiene.
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