La iniciativa que presentó la semana pasada la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso sobre crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión socioasistencial en residencias de mayores para dotar al sector de trabajadores cualificados y así evitar situaciones como las que se han producido durante la pandemia, ha sentado como un jarro de agua fría a siete de las principales sociedades científicas de Enfermería (AEC, AEEP, Aeesme, AET, ANDE, Faecap, FAME y Seegg, además de la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería). Argumentan que este problema no requiere de nuevas titulaciones, sino de enfermeras, y les ha sorprendido y preocupado que los propulsores de esta iniciativa no sean conscientes de ello.
Precisamente por ello, han enviado una carta al presidente y a la vocal de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Joan Ruiz i Carbonell y María Luz Martínez Seijo, respectivamente, en la que les exigen “la inmediata retirada de la iniciativa y la planificación de medidas eficaces y eficientes consensuadas con quienes tienen la capacidad, la competencia y el conocimiento para aportarlas”.
En la misiva también les piden una reunión para hacerles llegar, “las evidencias científicas y las propuestas de solución a un problema que no requiere de nuevas titulaciones, sino de enfermeras”, aseguran.
Ocurrencias
Recuerdan que la atención que necesitan las personas internas en dichos centros es fundamentalmente de cuidados con muy diferente complejidad, lo que requiere de profesionales altamente cualificados que ya existen: las enfermeras generalistas y las especialistas en Geriatría y Gerontología que se forman vía EIR, aunque lo hagan en un número muy reducido y no en todas las comunidades autónomas.
“No se puede gobernar ni legislar en base a ocurrencias que son intentos de responder a situaciones muy puntuales que se han visibilizado por una falta de atención en las residencias de mayores”, lamenta José Ramón Martínez Riera, presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y uno de los firmantes de la misiva.
Añade, además, que las residencias de mayores son recursos comunitarios fundamentales de atención tanto sanitaria como social, “que lamentablemente han sido olvidadas y dejadas en manos, en su inmensa mayoría, por entidades privadas con claros intereses económicos”.
Faltan enfermeras
El problema real, según las sociedades firmantes, “está en la incomprensible e intolerable falta de enfermeras en dichos centros, así como en la permisividad de las instituciones públicas a la hora de tolerar tanto la falta de enfermeras como las precarias condiciones en que están contratadas, lo que hace que exista una rotación permanente cuando no una ausencia absoluta de tales profesionales”.
Precisamente por ello, Martínez Riera explica que se requiere una adecuada planificación de los cuidados que se tienen que prestar, “que deberían estar convenientemente coordinados y liderados por enfermeras”. También recomienda que en las residencias de mayores haya, al menos, una enfermera especialista en geriatría.
Para estas sociedades científicas, tratar de buscar soluciones con propuestas como la que se acaba de plantear en el Congreso -que ni siquiera ha analizado la situación actual ni las soluciones más idóneas y necesarias- es demorar una atención de calidad que no puede ni debe demorarse.
“La pandemia no ha venido más que a visibilizar, con un inasumible número de muertes, lo que era una clara evidencia ignorada por una gran mayoría de la clase política. Utilizar esta desgraciada realidad para plantear aparentes soluciones nos parece un claro despropósito y una pérdida de tiempo que no se pueden permitir las personas adultas mayores”.
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