Que las vacunas autorizadas contra la covid-19 son seguras y efectivas lo avalan las agencias reguladoras en base no solo a grandes ensayos clínicos sino a la experiencia de inmunización de millones de personas y a sistemas de notificación de posibles efectos adversos que la polémica acerca de los trombos indica que funcionan a la perfección. Estas vacunas, por la rapidez con que han sido desarrolladas y por la emergencia sanitaria mundial a la que tratan de aportar solución, son un caso de éxito excepcional en la historia de la medicina, lo que no quita que sean sometidas también a una monitorización extraordinaria.
Por ahora se sabe que la anafilaxia tras la inmunización, que era el efecto nocivo más probable, es muy poco frecuente (2 a 5 casos por cada millón de vacunados). Y sobre los trombos cabe destacar un artículo publicado el pasado 16 de abril por The British Medical Journal acerca de una publicación preprint no revisada aún por pares en la que la Universidad de Oxford analiza datos de Estados Unidos sobre la trombosis de los senos venosos cerebrales (TSVC) en pacientes a las dos semanas tras el diagnóstico de covid-19 y en personas a las dos semanas tras la vacuna con ARNm. Concluye que: de 513.284 pacientes con covid-19, la incidencia de TSVC fue de 39 casos por millón de personas, y en 489.871 pacientes vacunados la incidencia fue de 4,1 casos por millón.
La ciencia, y de su mano también las agencias reguladoras, irá despejando las lógicas dudas y temores más o menos fundados que puedan surgir con estas vacunas ya autorizadas y con las que serán aprobadas en adelante. Otra cosa es cómo se está gestionando su fabricación, su comercialización, su distribución y su administración. En esos frentes las cosas no están resultando tan exitosas: por poner un ejemplo, los organismos internacionales, a pesar de la plataforma COVAX, son incapaces de corregir que, mientras Estados Unidos vacuna a adolescentes, la mayoría de países del mundo no pueden inmunizar a las personas más vulnerables. Esto es una pandemia y hay que insistir en que, mientras no se aborde desde ese punto de vista, no habrá ningún país seguro al 100%. El SARS-CoV-2 no entiende se fronteras.
La geopolítica está poniendo palos en las ruedas y la política en la Unión Europea y en España le va a zaga. Lo sucedido con estas vacunas invita a cuestionar bastantes cosas, comenzando por preguntar si se ha entendido bien que es de mayor trascendencia proteger rápidamente al mayor número posible de personas que hiperprotegerlas individualmente; protegiendo al mayor porcentaje de población posible, aunque no sea al 100%, al virus le será más difícil extenderse y también mutar y habrá menos ingresos y menos muertes por covid-19.
El Ministerio de Sanidad ha fallado estrepitosamente al dudar tanto sobre las edades para la vacuna de AstraZeneca y la semana pasada volvió a errar al mantener (en la 6ª actualización de la Estrategia de Vacunación nacional) el intervalo de las dosis de vacunas en 21 días en el caso de la de Pfizer/BioNTech y 28 la de Moderna en personas menores de 80 años.
Hay que recordar que la efectividad de la primera dosis es de más del 90%. Varias autonomías han defendido ampliar el plazo entre las dos dosis y en la Unión Europea tampoco hay estrategia común: Francia, Italia, Dinamarca y Alemania lo han ampliado a seis semanas y Finlandia hasta las 12. Reino Unido (ya fuera de la Unión Europea) mantiene las 12 semanas entre las dos dosis para las vacunas de ARNm y Vaxzevria (AstraZeneca), y Canadá, las 16 semanas para estas tres, según información del Gobierno catalán, que como el andaluz reclama un cambio de estrategia. "La separación de las dosis en la pauta de las vacunas de ARNm [Pfizer y Moderna] permitirá aumentar el número de personas protegidas con una primera dosis de vacuna sin retrasar demasiado la consecución de la pauta completa, que asegura la máxima protección a medio y largo plazo", reza la propuesta del Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación.
Tenemos vacunas contra la covid-19 eficaces y seguras pero también necesitamos responsables políticos que, respetando la opinión de técnicos y agencias reguladoras, sean ágiles tomando decisiones en la buena dirección.
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