El Gobierno de Navarra destina 80.000 euros a ayudas para facilitar el mantenimiento del servicio que prestan las oficinas de farmacia ubicadas en zonas básicas de salud de especial actuación farmacéutica. La Ley Foral de Atención Farmacéutica establece estas zonas y la obligatoriedad de que exista como mínimo una oficina de farmacia abierta al público por cada 1.400 habitantes.
Esta dotación económica podrá ir destinada a sufragar los gastos de funcionamiento de la atención farmacéutica, que se concretan en gastos generales de los locales y los gastos de personal. Así, se podrán pedir ayudas para la limpieza, electricidad, agua y calefacción de los locales, entre otros, y para la contratación de farmacéuticos suplentes durante las épocas vacacionales y/o períodos de guardia comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2021. La idea es que estas contrataciones "permitan a los farmacéuticos conciliar su vida profesional y familiar", argumenta el Gobierno autonómico en un comunicado hecho público ayer jueves. El importe máximo de subvención por este concepto no podrá superar los 4.000 euros por beneficiario.
El Gobierno autonómico especifica que el límite máximo de ayuda por beneficiario y año es de 8.000 euros y que se conceden en régimen de concurrencia competitiva. "En el caso de que la dotación presupuestaria resulte insuficiente para atender todas las solicitudes presentadas -prosigue-, se procederá al prorrateo entre todas las personas beneficiarias de la ayuda".
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el día 3 de septiembre de este año y podrá realizarse en todos los lugares contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En la convocatoria de 2020 se concedieron 49.034 euros a diez farmacias para facilitar el mantenimiento del servicio en zonas básicas de salud de especial actuación farmacéutica.
El Gobierno autonómico recuerda que, en la actualidad, algunas de estas oficinas están en riesgo de desaparición y "esto supondría un problema de falta de atención farmacéutica para las poblaciones afectadas, que pondría en riesgo el principio de equidad territorial en la prestación de servicios sanitarios".
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