En una situación de pandemia las consultas telefónicas con el médico de Atención Primaria aparecieron como la mejor opción para mantener la atención con el paciente, sin aumentar el riesgo de contagio de enfermo y médico. Pero ni el derecho ni la deontología médica avalan esta práctica asistencial.
"La pandemia ha traído la disfunción de la atención sanitaria telefónica, pero esta disfunción no se puede convertir en algo estructural. Puede ser coyuntural, es decir, cuando haya riesgo para los profesionales y los enfermos y, además, nunca puede ser en términos absoluto, sí para determinados casos y siempre con un control y planificación".
"La pandemia ha traído la disfunción de la atención sanitaria telefónica, pero esta disfunción no se puede convertir en algo estructura"
Así se ha manifestado Miguel Ángel Cadenas Sobreira, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y miembro de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Médicos de A Coruña, durante la ponencia inaugural del XXIX Congreso de Derecho y Salud, que la Asociación Juristas de la Salud está celebrando estos días en A Coruña.
La manifestación del exmagistrado es más que una opinión o recomendación. Ha explicado que esta atención "no está permitida por la ética médica". "El Código Deontológico Médico establece en el apartado 3 que las consultas exclusivamente telefónica son contrarias a la ética de la profesión".
"La relación del médico y el paciente es una relación de confianza y la atención telefónica no responde a esa confianza". En la generalización de esta práctica, Cadenas Sobreira reconoce "un mayor riesgo en el error del diagnóstico inicial y, además, un incremento de una posible responsabilidad del profesional".
"Una atención presencial no puede tener el mismo valor ni tratamiento que una atención telefónica. Si ha habido un error de diagnóstico y el paciente no conoce al médico que lo ha atendido por teléfono, pues esto esto el principio para terminar en una responsabilidad grave", ha asegurado.
Además, en estos momentos, en los que la situación de mayor riesgo sanitario parece haber pasado, el jurista se pregunta: "¿Hasta cuándo durará las consultas telefónicas en primaria?"
Ha afirmado, con información de medios gallegos, que las consultas telefónicas de Primaria estaban derivando a los pacientes a Urgencias de los hospitales, donde en mayo se constató una saturación de este servicio.
En su intervención, con la que se ha abierto el Congreso, el jurista ha realizado un recorrido por el año y medio de pandemia con el enfoque puesto en tres aspecto: el derecho a la atención sanitaria, el protagonismo no buscado de los profesionales sanitarios y las responsabilidades derivadas de la gestión de la pandemia.
En cuanto a las exigencias de responsabilidad por posibles errores en la gestión de la pandemia, Cadenas Sobreira ha adelantado que "nos vamos a encontrar con reclamaciones por expectativas resarcitorias novedosas". Y puso como ejemplo las reclamaciones de paciente que no fueron atendidos porque se priorizó a pacientes covid, la pérdida de ingreso de autónomos afectados por medidas de cierre, etcétera...
UN CONGRESO QUE RETOMA SU CITA ANUAL
En la mesa de autoridades que precedió a la ponencia inaugural del Congreso se hizo un homenaje a los sanitarios. Julio García Comesaña, consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, defendió en su intervención el esfuerzo de su comunidad de completar la "falta de concreción" de la normativa estatal de salud pública. En referencia a la ley de gallega de salud: Recordó que la "legislación autonómica produjo un conflicto que se saldó con un acuerdo".
"El papel de los juristas de la salud ha sido fundamental. Contar con el análisis de todos ustedes es un enorme honor, apuntó y dio un dato: "En estos momentos hay 3.000 personas más contratadas en el Sergas de lo que había antes de la pandemia".
Junto a el consejero de Galicia, estaban en la mesa de autoridades: Julio Abalde Alonso, rector de la Universidad de A Coruña; José Manuel Lage Tuñas, concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento A Coruña; José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; Augusto José Pérez Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña y David Larios, presidente de la Asociación Juristas de la Salud.
De este modo, ha arrancado la primera jornada de un Congreso de sabios del derecho sanitarios, juristas que son lo que han dado la luz verde a las consejerías de sanidad de cada autonomía para limitar determinados derechos fundamentales, y también de abogados, magistrados, jueces y fiscales que han defendido, avalado o rechazado las peticiones para limitar derechos en forma de regulaciones de diferente rango.
Son más de 200 los asistentes al XXIX Congreso de Derecho y Salud, de una asociación, Juristas de la Salud que cumple 30 años de existencia. Después de haber suspendido su encuentro anual de 2020, la asociación que preside David Larios retoma la cita anual en la ciudad de A Coruña, con José María Barreiro, director general de Función Pública de la Xunta de Galicia, como presidente de la Comisión Organizadora del encuentro.
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