Una enmienda a la totalidad por las calles del centro de Madrid. Ésa es la respuesta que cientos de trabajadores interinos de toda España y de sectores profesionales muy diversos -incluida una nutrida representación de sanitarios- han dado este fin de semana al proyecto de Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Convocados por decenas de sindicatos y asociaciones minoritarias de trabajadores, los interinos exigen que la futura norma "asuma la obligación de trasponer la directiva europea", estabilice a los profesionales en "fraude de ley" y, entre tanto, se paralicen todos los procesos selectivos en marcha en España.
El acuerdo que firmó el pasado 6 de julio el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que entonces dirigía Miquel Iceta, con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, que fue ratificado in extremis a finales de ese mismo mes por el Congreso de los Diputados, y que desarrolla este mes su tramitación parlamentaria ha suscitado un rechazo prácticamente unánime del grueso de los interinos que llevan años -y, en algunos casos, décadas- esperando la estabilización de sus plazas.
Las organizaciones convocantes de la protesta que recorrió el sábado el centro de Madrid recuerdan que la propuesta inicial del Ejecutivo central pasaba por cesar "sin indemnización alguna" a los trabajadores afectados y convocar nuevos procesos selectivos, "vulnerando las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)", que ha determinado en varias sentencias que las administraciones públicas españolas llevan más de 20 años incumpliendo la Directiva 99/70/CE, que obliga a que las plazas públicas estructurales sean cubiertas con personal fijo.
El respaldo parlamentario que ERC y Unidas Podemos dieron al ya conocido como Icetazo venía condicionado a que la futura norma se tramitara como proyecto de ley, para introducir enmiendas y negociar, por ejemplo, que los temporales que lleven más de 10 años en sus puestos de trabajo adquieran automáticamente la condición de fijos y que las pruebas no sean eliminatorias.
Los convocantes reclaman la "fijeza" de todos los eventuales con 3 años de antigüedad
Las organizaciones sindicales convocantes, con el apoyo de una cincuentena de asociaciones y plataformas de interinos de toda España, elevan aún más el órdago de los socios de Gobierno de Sánchez y reclaman la "fijeza directa" de todos los eventuales con más de 3 años "en situación de abuso", o bien su conversión en personal fijo a extinguir o por concurso de méritos restringido.
"Éste es exactamente el momento en que no sólo el Gobierno, sino todos los partidos políticos del arco parlamentario, tienen la oportunidad de solucionar el problema de los interinos de larga duración. Muchos de esos partidos han tomado conciencia de que las propuestas que nosotros barajamos son las más adecuadas y que, entre otras cosas, es preciso establecer sanciones al abuso que sean lo suficientemente duras para que las administraciones se lo piensen", afirma Olga Pérez, secretaria del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa).
En el caso de la sanidad aragonesa, y concretamente en lo relativo a sus médicos, 894 facultativos de los 2.630 que componen actualmente la plantilla del Servicio Aragonés de Salud (Salud) llevan 8, 10 ó 15 años seguidos encadenando contratos en la sanidad pública, y reclaman desde hace meses al Gobierno de Javier Lambán que convoque una suerte de "oposición extraordinaria", alejada de la tradicional prueba memorística y que valore exclusivamente la experiencia adquirida por este colectivo durante sus años de trabajo como personal eventual en el Salud.
Y ahí radica precisamente otra de las peticiones que los sindicatos y organizaciones que se oponen al Icetazo hacen para toda España: que se paralicen los procesos selectivos en vigor en todas las comunidades y no se inicie ninguno nuevo mientras no se promulgue la ley que se está tramitando. Estas organizaciones critican el "empecinamiento" de muchas administraciones autonómicas en seguir impulsando estos procedimientos antes de que el Parlamento consensúe las reformas al decreto del Gobierno, "ya que se va a generar una gran conflictividad jurídica, tanto por los empleados en abuso que pierdan una plaza que luego vean reconocida, como por opositores que generen un derecho fruto de una convocatoria que luego se suspenda", resume la secretaria de Stepa.
- El Gobierno aprueba 'in extremis' y con importantes cesiones el decreto de interinos
- CESM insta a Iceta a buscar "soluciones específicas y urgentes" para la temporalidad médica
- Aragón: los médicos temporales piden una OPE basada sólo en su experiencia laboral
- Aprobada la Oferta de Empleo Público estatal con cerca de 800 plazas de acceso libre para sanidad
Además de hacer un llamamiento explícito a todos los partidos políticos, los organizadores y convocantes de la protesta lamentan y critican abiertamente que los tres sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CSIF, se hayan adherido al texto del Gobierno y lo hayan respaldado con su firma. De hecho, la protesta del sábado hizo sendas paradas ante las sedes de CCOO, el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Con este itinerario, asegura Pérez, se ha querido poner de manifiesto la "responsabilidad conjunta de los sindicatos que apoyaron el Icetazo; de los diputados, que ahora tienen que aprobar una ley que no abandone a ningún trabajador temporal, y del Gobierno, como garante último del cumplimiento de esa ley".
En el caso de los médicos, el sindicato profesional CESM ya ha manifestado su frontal oposición al decreto gubernamental, ha denunciado que no soluciona los problemas específicos de un sector con un índice de eventualidad que en algunas comunidades se eleva por encima del 50% y ha pedido una norma específica. Sin ir más lejos, el Sindicato Médico se pregunta por qué la norma (antes de su tramitación parlamentaria) abre la posibilidad de que los interinos que lleven 10 años en su plaza accedan a un puesto fijo por concurso de méritos, y no todos los que lleven los 3 años que ya fija la normativa actual como tiempo máximo para ocupar una plaza de forma eventual.
Tres prórrogas
La Comisión de Política Territorial y Función Pública está inmersa en plena fase de tramitación de la norma, pero los diputados que la componen han pedido ya hasta tres prórrogas para debatir las enmiendas e intentar fijar el texto. La última de esas prórrogas tiene que ver con la enmienda a la totalidad que Junts per Catalunya presentó la semana pasada y que fue rechazada por amplia mayoría. Aunque no hay una fecha concreta para la aprobación de la norma, los representantes políticos que integran la comisión tienen el compromiso de cerrarla en octubre.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3id6zyh
No hay comentarios:
Publicar un comentario