El presidente de Satse, Manuel Cascos, junto al Comité Ejecutivo Estatal del sindicato enfermero, han denunciado esta mañana frente al Congreso de los Diputados el bloqueo que sufre la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente, que obtuvo el respaldo de 700.000 personas y de la práctica totalidad de los grupos políticos, pero que lleva más de diez meses esperando a que se produzca el debate de las enmiendas parciales porque se han acordado más de 20 prorrogas en la Mesa del Congreso.
De hecho, el PP ha pedido 16 prórrogas para ampliar el plazo de presentación de enmiendas parciales, mientras que Ciudadanos lo ha hecho en ocho ocasiones. "Por su parte, los partidos que sustentan al Gobierno, y con mayoría en la Mesa del Congreso, mantienen un silencio cómplice. No quiero pensar que en ello tenga alguna influencia la empresa privada sanitaria”, ha añadido Cascos.
El sindicato ha explicado que gobiernos y partidos han dejado en "vía muerta" a la sanidad pública y sus profesionales. "La iniciativa institucional y política para mejorar nuestro sistema sanitario es cero, lo que supone que la seguridad asistencial sigue en grave riesgo al mantenerse una asignación de pacientes por enfermera que aumenta la mortalidad y morbilidad".
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Iniciativas ninguneadas
Cascos ha recordado que las más de diez iniciativas que Satse ha propuesto al Congreso, gobiernos y partidos -antes y durante la pandemia- siguen guardadas en un cajón. "La Ley de Seguridad del Paciente -cuya tramitación parlamentaria se está dilatando deliberadamente por parte de algunos partidos políticos, mientras que otros mantienen un silencio cómplice- supone un desprecio absoluto y un grave perjuicio para los más de 47 millones de ciudadanos que merecen una atención y cuidados seguros y de calidad, así como para las más de 300.000 enfermeras que siguen trabajando en unas condiciones penosas y precarias".
Otras iniciativas de Satse a Gobiernos y partidos políticos han sido sendas propuestas normativas en contra de las agresiones a los profesionales sanitarios y sobre el uso de medicamentos peligrosos; un Observatorio de la imagen de la Mujer en el ámbito sanitario y distintos planes para mejorar la situación de los centros sociosanitarios; acabar con la temporalidad y fomentar el retorno de profesionales que tuvieron que emigrar a otros países; propiciar una nueva oferta universitaria del Grado de Enfermería, así como promover la jubilación anticipada y voluntaria de las enfermeras por su especialmente duras y penosas condiciones de trabajo.
Asimismo, Cascos ha resaltado que la falta de interés real por mejorar la salud y bienestar de pacientes y el conjunto de la ciudadanía también se está constatando en recientes decisiones del Gobierno, "como el destinar una cantidad irrisoria de los fondos europeos al sistema sanitario, no priorizar la sanidad en el Plan para la recuperación, transformación y resiliencia de España ni en el Plan 'España 2050, o no haberse puesto en marcha las medidas e iniciativas comprometidas en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de nuestro país".
La sanidad privada, al alza
Según Satse, una vez pasado lo peor de la pandemia, Gobierno, comunidades autónomas y partidos políticos han vuelto a “meter en el trastero” la mejora de la sanidad pública mientras que la sanidad privada va viento en popa e incrementa cada vez más su margen de beneficios.
En concreto, en 2020 la sanidad privada aumentó en un 4,4% el número de asegurados y en un 5,1% el volumen de primas. "De igual manera, la empresa privada farmacéutica quiere ocupar espacios en la sanidad publica que no le corresponden con la complacencia de algunos partidos", ha asegurado Cascos.
Por último, el presidente de Satse ha reiterado que la palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia el conjunto del personal sanitario, y especialmente para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, "se han quedado en nada, cuando se ha constatado que son los motores del sistema sanitario". En el caso de las enfermeras, ha aludido también a su atención cercana y no exenta de graves riesgos a los pacientes en los primeros momentos de la pandemia, así como en la detección y seguimiento de casos covid y en la posterior campaña de vacunación en el conjunto del Estado.
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