El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), concebido por la Organización Médica Colegial (OMC) como un escudo para proteger al facultativo de los problemas de salud mental y/o adicciones, no deja de crecer. En los dos últimos años computados (2019-2020), el número de casos atendidos por el programa ha aumentado un 37% con respecto al bienio anterior, hasta llegar a los 1.201 facultativos atendidos en las 17 autonomías.
Manuela García Romero, coordinadora nacional del programa y vicepresidenta de la fundación que lo auspicia (la Fundación para la Protección Social de la OMC), ha afirmado hoy que "es imposible hablar de los datos (del último bienio) sin hablar de la pandemia". Aunque los efectos de la covid sólo deberían haberse sentido en 9 de los 24 meses que abarca el periodo de cómputo, lo cierto es que García Romero ha enumerado un prolijo catálogo de las consecuencias que la crisis sanitaria ha tenido sobre la salud mental del profesional: "Incertidumbre, miedo al contagio, protocolos cambiantes, dilemas éticos, muertes, agotamiento físico y psíquico, fatiga crónica o burnout".
Los datos de evolución de los casos evidencian, no obstante, que ese incremento del 37% registrado desde 2018 (incluidos los 9 meses de la pandemia) es, sí, superior al de bienios precedentes, pero el salto no es tan espectacular como parece sugerir el prolijo catálogo de consecuencias derivadas de la covid, y parece responder más bien (al menos, estadísticamente) al paulatino incremento de casos que se viene dando desde 2016 (ver gráfico). Sin ir más lejos, entre 2016 y 207 el Paime registró un incremento de 98 casos, muy superior a los 53 casos nuevos contabilizados entre 2019 y 2020, inlcuidos, claro, los que son achacables al efecto de la covid-19. Desde 2011 (primer año con datos oficiales desde que nació el Paime, en 1998) se ha atendido a 6.372 médicos.
De hecho, Tomás Cobo, presidente de la OMC, que, junto con Nina Mielgo, directora técnica de la Fundación para la Protección Social, ha acompañado a García Romero en la presentación de los datos, ha destacado que el último informe evidencia también un "significativo incremento" de los profesionales que han acudido voluntariamente al programa (hasta un 63% en 2020), "un aumento que habrá que seguir en los próximos años y que podría deberse a la situación pandémica, pero también a un mejor conocimiento del programa por parte de los colegiados y colegiadas".
Lo que sí parece que hace el último informe del Paime es dibujar con trazos relativamente claros el perfil tipo del paciente que se acoge a la protección del programa, sea o no voluntariamente: una anestesista de menos de 30 años, que, a tenor de los diagnósticos clínicos registrados, acude fundamentalmente por algún tipo de trastorno mental (el motivo del 76,8% de los casos atendidos durante los dos últimos años).
Por especialidades, los datos revelan un año más que los médicos de Familia y Urgencias y Emergencias son, en números redondos, quienes más recurren al Paime (565 casos entre ambos colectivos), pero Cobo ha puntualizado que si el cómputo se hace con respecto a la colegiación susceptible (es decir, al número de facultativos colegiados en cada especialidad), ahí la palma se la llevan Anestesiología y Psiquiatría: los 73 anestesistas atendidos en el último bienio representan un 0,93% de los 7.883 médicos de esta especialidad colegiados en España, frente al 0,48% que suponen los 565 casos de médicos de Familia y urgenciólogos sobre el total de 118.669 colegiados.
Análogamente, el mayor número de casos se sitúa en la franja de edad de 51 a 60 años (un 25,7% de los 1.201 atendidos en total), pero el 17,4% de casos registrados entre los menores de 30 años supone nada menos que un 0,96% de los médicos que se encuentran en activo en España en ese rango de edad ( frente al 0,71% que representan los 308 casos registrados entre los médicos de 51 a 60 años). Esa mayor incidencia entre los jóvenes ha sido calificada de "preocupante" por Cobo.
Ya tenemos, pues, a un anestesista joven, pero ¿por qué mujer? Sencillamente, porque el porcentaje de médicas afectadas por problemas de salud mental y/o adicciones -y que pide ayuda al Paime- sigue siendo superior al de médicos (60% frente a 40% entre 2019 y 2020) y, según García Romero, "confirma su tendencia ascendente".
Cataluña y Madrid, a la cabeza
En cuanto a la patología atendida, ese 76,8% de trastornos mentales supone un incremento de más de dos puntos con respecto a 2018, y ese aumento sí que puede ser achacable en buena parte a las consecuencias socio-laborales de la covid sobre el colectivo médico, ya que el grueso de los trastornos son adaptativos (un 29%), seguidos de trastornos del estado de ánimo (25%) y problemas de ansiedad (18%).
La patología adictiva representa en el último informe un 13,5% del total de casos (un 66% de ellos por abuso del alcohol y un 34% por problemas con otros tóxicos), mientras que los casos por patología dual descienden hasta el 9,7%. De todos los casos, un 20,3% han sido catalogados como "complejos" y, de estos últimos, hasta un 60% con riesgo para la praxis, un dato que Cobo ha tildado de "relevante", porque "refleja el compromiso de los colegios con la atención de calidad a la salud de la ciudadanía".
Por comunidades, las tres que registran mayores incrementos de casos con respecto a 2018 son, por este orden, Cataluña (32,8%), Madrid (15,1%) y Andalucía (13,1%), pero Cobo ha matizado que, en parte, esos incrementos tienen que ver con la capacidad asistencial y el grado de colaboración de sus respectivas administraciones. Cataluña, de hecho, fue pionera en implantar el Paime, la Administración lo financia al cien por cien, e incluso forma parte de la cartera de servicios.
Éste es el panorama y los datos que enmarcan la inminente celebración del IX Congreso Nacional del Paime, que la Fundación de la OMC y el Colegio de Médicos de Cádiz organizarán conjuntamente en esta ciudad andaluza del 3 al 5 de noviembre, bajo el lema Cuidando de ti, cuidando de todos. Una treintena de expertos nacionales e internacionales debatirán sobre aspectos asistenciales, económicos y jurídicos del programa, y todo ello presidido por el posible efecto (computable en el último informe o en los siguientes) de la covid-19 sobre la salud mental del médico.
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