Antes del próximo 31 de diciembre, el Ministerio de Sanidad y las comunidades deberían haberse puesto de acuerdo para presentar un "plan de acción" urgente que le insufle a la atención primaria española el oxígeno que necesita para subsistir, al menos hasta que lleguen las reformas estructurales que necesita el primer nivel, según la unánime opinión de todos los profesionales que ejercen en él. Ése fue al menos el compromiso que el ministerio de Carolina Darias y 15 de las 17 comunidades (salvo Madrid y el País Vasco) adoptaron en Canarias el 1 de octubre.
Casi un mes después de esa rimbombante declaración institucional y apenas dos antes de que expire el plazo que se marcaron las administraciones, poco o nada se ha avanzado, al menos públicamente.
De hecho, en uno de los mayores alardes de publicidad que el Gobierno central de turno se reserva en el calendario anual, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (cuando los hay), primaria ha tenido ocasión de traducir en dinero el compromiso que Darias decía asumir con este nivel en la declaración de Canarias: de los 6.606 millones de euros que tendrá la sanidad en 2022, apenas se destinarán 176 millones al desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria para 2019, clave de bóveda del "plan de acción" esbozado en Canarias.
AP ve "muy insuficiente" el dinero que Sanidad y CCAA prevén destinar en 2022
Pero tampoco parece muy firme el compromiso de las comunidades que rubricaron esa declaración. Preguntadas por DM sobre las propuestas que aportarán al plan conjunto, sólo 7 han remitido sus respuestas, en la mayoría de los casos con ideas muy genéricas y en todos ellos sin concretar cuánto dinero y en qué partidas hay que invertir en primaria a nivel nacional. En el mejor de los casos, se remiten a las partidas que destinarán a sus planes de reforma, que, por termino medio, rondan los 200 millones de euros para un horizonte de 3 años.
El 2,6% del PIB sanitario que el Ministerio de Sanidad le dedicará al primer nivel asistencial en 2022 y las partidas que prevén invertir las comunidades están muy lejos de las demandas económicas que las tres sociedades médicas de primaria (Semfyc, SEMG y Semergen) han reiterado a lo largo del último mes y medio. Y esa reiteración, claro, no es casual: los profesionales todavía confían en que ministerio y autonomías les hagan caso.
Semfyc pidió en el Senado el pasado 28 de septiembre una inversión de 4.000 millones de euros para los próximos 4 años; SEMG, en un documento publicado el 5 de octubre, reclamaba un incremento anual del presupuesto para primaria de "al menos" el 2,5%, hasta alcanzar un 25% del PIB sanitario en 2025, y Semergen, en un documento análogo hecho público el 20 de octubre, no habla de cantidades concretas, pero deja muy claro que "el establecimiento de una financiación con una cuantía adecuada pasaría previamente por la definición conjunta y consensuada entre el Gobierno de España y las autonomías de un plan de necesidades sanitarias". De momento, esto es lo que plantean las siete comunidades que han respondido sobre sus planes para el nivel.
Andalucía
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) asegura que el grueso de las propuestas que aportará al plan de acción nacional ya fueron expuestas por su consejero de Salud, Jesús Aguirre, en Canarias. A las medidas habituales (y poco concretas) en todo plan de reforma que se precie ("revisión de los cupos", "redefinición" de las agendas profesionales según el tipo de demanda clínica y los tipos de intervención, "desburocratización" del nivel…), la Junta suma propuestas más concretas que, según el SAS, se vienen ensayando en la comunidad y cuyo objetivo es "redirigir la atención del paciente al profesional que mejor respuesta pueda dar a cada motivo de consulta".
Entre esas medidas, Andalucía planteará la llamada consulta de acogida -expresamente pensada para situaciones de "baja complejidad"- o el "seguimiento proactivo" del paciente crónico, que se inició en el SAS en diciembre de 2020 para personas con insuficiencia cardiaca y EPOC y que se extenderá en 2021 al resto de patologías crónicas.
Predicando con el ejemplo, fuentes del SAS resaltan los "buenos resultados" de las consultas de acogida de Enfermería, diseñadas en base a "18 protocolos elaborados con la colaboración de profesionales y sociedades". Entre enero y septiembre de este año, Andalucía suma ya 105.217 consultas de acogida.
Entre enero y septiembre, el SAS suma ya 10.217 'consultas de acogida' de Enfermería
En la misma línea, el SAS plantea el uso de modelos predictivos "que permitan la detección rápida de alertas y la previsión de complicaciones en situaciones de mayor riesgo, agudizaciones y posibilidades de reingreso". El objetivo de estos modelos es la "personalización de los cuidados", pero también "la descongestión de las urgencias, tanto en primaria como en los hospitales, y la disminución de los ingresos/reingresos hospitalarios".
Andalucía asegura que su consejería no ha permanecido parada y que desde el inicio de la pandemia ha contratado a un total de 410 profesionales con título de especialista en Ciencias de la Salud para primaria (un 4,7% más de titulados que en enero de 2019), y que la bolsa de contratación de médicos "está vacía desde hace meses". El resultado de las medidas organizativas y de personal que la Junta ha adoptado el último año en primaria es, según la Dirección de Recursos Humanos del SAS, que la media de las agendas médicas no supera los 36-38 pacientes al día y que la demora media para ser atendido, tanto telefónica como presencialmente, es inferior a 5 días.
Enfrente, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) asegura que esas cifras están "absolutamente alejadas de la realidad", porque la demora en los grandes núcleos urbanos (donde se concentra la mayor parte de la población andaluza) "supera los 15 días para conseguir una cita telefónica", y las agendas de los profesionales sanitarios que ejercen en la primaria de estos núcleos tienen 60 ó 70 citas diarias, asegura el SMA.
Cantabria
La cántabra es otra de las comunidades que asegura haber remitido ya sus propuestas al Ministerio de Sanidad, pero, a tenor de su enunciado, la consejería que dirige Miguel Javier Rodríguez Gómez ni se moja mucho ni se aparta en demasía del catálogo de buenas intenciones que ya se enumeraba en el Marco Estratégico para Atención Primaria y Comunitaria de 2019.
Así, en materia presupuestaria, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) pone sobre la mesa algo tan poco comprometedor como la "mejora del presupuesto, que permita convertir en alcanzable el plan de acción y el avance de primaria en los años posteriores", o la necesidad de conseguir "una financiación congruente con las responsabilidades que se le asignan" al primer nivel. Ninguna mención a cuánto es necesario invertir en cada partida, en qué plazos o qué porcentaje de esa inversión debe ser sufragado por cada una de las comunidades y cuánto por la Administración central.
En materia de personal, el SCS aboga por "la reposición de los recursos humanos" (signifique eso lo que signifique) y propone aumentar la plantilla orgánica de primaria "para garantizar la unidad básica funcional médico-enfermera y la incorporación de otros perfiles profesionales", así como la necesidad de "promover la longitudinalidad, dando valor a la permanencia en un mismo puesto de trabajo". Seguro que todo médico de Familia con un contrato itinerante y de corta duración suscribiría esa afirmación, incluidos los que ejercen en Cantabria.
El SCS cifra en un 8,35% el incremento presupuestario destinado a su primaria en 2021
En materia de formación, Cantabria hace suya una petición histórica de Medicina de Familia, al reclamar la inclusión de "formación obligatoria" en primaria "en todas las disciplinas sanitarias" que se cursen en la universidad, pero no define si esa formación debería vehicularse como una asignatura específica o como conocimientos transversales durante el grado. Como otras comunidades, Cantabria también se abona a la necesidad de aumentar el número de plazas MIR y EIR de Familia.
Las credenciales que presenta Cantabria para avalar su compromiso con la primaria de su comunidad es que a lo largo de 2021 ha incrementado en un 8,35% la dotación presupuestaria destinada al nivel, pero ese aval no le parece suficiente a sindicatos y sociedades, dado que la comunidad partía el ejercicio precedente de una inversión escasa: un 14,2% del PIB sanitario para primaria, exactamente en la media inversora del Sistema Nacional de Salud.
Cataluña
El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) resume sus intenciones en el llamado Plan de fortalecimiento y transformación de la atención primaria y comunitaria, un plan que contiene las líneas maestras de la propuesta que la Generalitat aportará a la iniciativa ministerial.
Sara Manjón, directora del Área de Organización y Profesionales del CatSalut, define el plan catalán como un proyecto "ambicioso", que comenzó a aplicarse ya en 2020 y que tiene un horizonte temporal previsto hasta 2022. Cada uno de esos tres ejercicios tiene, además, una partida presupuestaria específica (y finalista): en 2020 se invirtieron 46,1 millones de euros; hasta el 31 de diciembre de 2021 se habrán destinado otros 125,1 millones de euros, y en 2022 la inversión prevista asciende hasta los 126,9 millones de euros.
¿En qué se concreta todo eso? ¿A qué destinará Cataluña los casi 300 millones que invertirá en un plan lleno de epígrafes grandilocuentes? Pues, según Manjón, a profesionales sanitarios, dotaciones materiales e infraestructuras.
Objetivo: "maximizar" competencias de otros colectivos y descargar al médico
En materia de personal, la responsable de Organización y Profesionales se limita a decir que el objetivo es "fortalecer y empoderar" a médicos de Familia, pediatras y enfermeros, y "maximizar las competencias" de otros colectivos profesionales (sobre todo, TCAEs y administrativos de los centros de salud), para descargar a los primeros de tareas "que probablemente pueden desarrollar otros perfiles, de forma que no recaigan sistemáticamente sobre médicos y enfermeras".
Con respecto a nuevas contrataciones, las cifras concretas se detienen en 2020. Hasta finales de ese año, la consejería catalana asegura haber incrementado la plantilla de primaria en un 19%, con la incorporación de 4.426 profesionales sanitarios nuevos (de ellos, 237 médicos de Familia y pediatras y 866 enfermeras), pero no aclara si habrá nuevas contrataciones en 2021 y 2022.
La mayor objeción que el sindicato Médicos de Cataluña (MC) le hace al voluntarista plan de la Generalitat tiene que ver, precisamente, con las "dificultades extremas" que tiene el sistema sanitario público catalán (y, por ende, los del resto de las autonomías) para incorporar a nuevos facultativos.
El sindicato enfatiza, además, que los casi 300 millones de euros que CatSalut ha presupuestado hasta 2022 están orientados fundamentalmente a la nueva etapa derivada de la pandemia, "y no a reforzar realmente la red de atención primaria, ante la infrafinanciación crónica que sufre".
Extremadura
Sin entrar tampoco en la parte más ardua de la propuesta (quién paga la fiesta y cómo), Extremadura se centra en medidas asistenciales y de organización del trabajo que la propia comunidad ha empezado a desarrollar ya en 2020 y 2021, y prevé seguir desarrollando en 2022.
Para ello, fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES) aseguran que los presupuestos destinados a primaria pasaron de 305,7 millones de euros en 2020 a 318,8 millones en 2021, además de una partida de 2.568 millones destinada a inversiones en el nivel.
Entre esas medidas, fuentes de la consejería que dirige José María Vergeles destacan el desarrollo e implantación de la gestión de la demanda, "para adaptar los circuitos de primaria a las necesidades actuales de esa demanda", pero también a las limitaciones organizativas y de plantilla.
Este sintagma, gestión de la demanda, se ha convertido, de hecho, en un lugar común en todas las propuestas de reforma de primaria que las respectivas consejerías han presentado a sus sanitarios. Desde la perspectiva extremeña, el nuevo mantra se lee como sigue: la gestión de la demanda implica "la reorganización de los equipos de primaria (EAP) bajo la fórmula de que el equipo trabaja en conjunto y de forma coordinada para atender y resolver las demandas. En suma, ante la petición de un usuario, está perfectamente establecido quién, cómo y cuándo debe hacer qué".
"Pleno desarrollo" de las especialidades de Enfermería Familiar, Pediátrica y Geriátrica
Hasta ahí, la teoría, pero no se hace mención alguna a la principal objeción que pone el Sindicato Médico de Extremadura (Simex): las 1.456 plazas de médicos de primaria existentes actualmente en la comunidad (según la última memoria del SES) son "claramente insuficientes" para abordar ese cambio, máxime cuando el 7% de esas plazas están vacantes desde hace más de un año.
La réplica del SES a la existencia de vacantes en primaria (que, por otra parte, no es privativa de la región) es que "en Extremadura se cumple la proporción de unidad básica asistencial, con cupo de un médico/a y, al menos, un enfermero/a, que otras autonomías están lejos de alcanzar".
Extremadura aporta otra propuesta al plan nacional, que el SES ya implantó en marzo de 2019: la creación y "pleno desarrollo" de las categorías profesionales de enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, en Enfermería Pediátrica y en Enfermería Geriátrica, así como la definición de "puestos de trabajo específicos" en primaria para estas categorías.
Murcia
La propuesta que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha hecho llegar al Ministerio de Sanidad se sustancia casi en un listado de deberes para el departamento que encabeza Carolina Darias.
Murcia pide al ministerio que intervenga en materia presupuestaria y formativa, y lo haga, en primera instancia, mediante "un aumento de la inversión específica" para el primer nivel. Lo que no aclara el SMS es si ese incremento (que tampoco cuantifica) debería ser la única inyección presupuestaria que figurara en la memoria económica del "plan de acción" nacional o la aportación del Ministerio de Sanidad tendría que completarse con partidas autonómicas.
En materia de formación, Murcia insta a Sanidad a que "se comprometa a acreditar un mayor número de unidades docentes de Familia, necesarias en la actualidad para cubrir las demandas de esta especialidad en todo el territorio nacional".
Pide una cartera de servicios genérica para el SNS y "adaptada a la demanda actual"
El SMS también aboga por la creación de "una cartera de servicios genérica para todo el territorio nacional, y adaptada a las necesidades actuales".
Como la mayoría de las comunidades, Murcia tira de las medidas que conforman su plan específico de primaria, que tiene vigencia hasta finales de 2022. Según fuentes de la consejería, ese plan supone una inversión de más de 70 millones en infraestructuras e implica la contratación de 260 profesionales, con una inversión en recursos humanos de 14,6 millones.
La respuesta del Sindicato Médico de Murcia es que esa inversión en personal no ha solventado el déficit de médicos en el primer nivel, y buena prueba de ello es que el sindicato profesional pidió en la última mesa sectorial la implantanción de módulos de tarde (voluntarios y retribuidos) para atajar los "problemas" que aquejan al nivel, problemas que citó expresamente: "La dificultad de acceso a la asistencia en los centros de salud, las listas de espera y la sobrecarga y la alta presión asistencial que soporta el médico".
Comunidad Valenciana
La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana peca de la misma generalidad que sus homólogas cuando habla de unas aportaciones que, fuentes de la Administración sanitaria, hacen pivotar sobre cuatro pilares: atención primaria como "eje vertebrador" del sistema de salud; una atención centrada en las personas; fortalecimiento del primer nivel y "decidida apuesta" por la docencia, investigación e innovación. ¿Cómo se hace todo eso? No sabe, no contesta.
Donde sí se muestra más explícito el departamento que dirige Ana Barceló es a la hora de decir lo que ellos han hecho a lo largo del último año, y que -a falta de más pistas- podrían leerse como ideas extrapolables al conjunto del SNS.
Fuentes de la consejería apuntan que los centros de salud "se han ido adaptando a la nueva realidad salida de la crisis sanitaria, y así, por ejemplo, la experiencia de la asistencia telefónica convive ahora con la atención presencial, domiciliaria y administrativa".
Asegura haber renovado a las 900 enfermeras 'fichadas' durante la pandemia
Para estas últimas, se mantienen los circuitos dobles "para diferenciar los síntomas respiratorios de cualesquiera otros y preservar la seguridad de profesionales sanitarios y ciudadanía". Se han ampliado, además, los trámites que se pueden realizar telemáticamente, desde consultar la historia clínica electrónica y conseguir partes de incapacidad temporal (IT) hasta obtener el Certificado Covid Digital de la Unión Europea.
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La consejería dice que "siempre que es posible" se intenta agrupar pruebas, para atender al paciente en una única visita. Además, "se han simplificado las tareas burocráticas para aliviar la carga de trabajo que afronta este nivel asistencial".
En materia de personal, la consejería destaca la renovación este año de 6.053 contratos, de los que 2.146 son de primaria (incluidos 900 de Enfermería, "que han sido renovados en su totalidad"). Además, ya se han convocado los primeros exámenes de las OPEs de 2017, 2018 y 2019, informa Enrique Mezquita.
Madrid
Inmersa en plena tormenta por el unánime rechazo que los sindicatos le han dado a su plan de reforma de primaria, la Comunidad de Madrid le ha hecho una enmienda a la totalidad al documento de Canarias que, junto con el País Vasco, ha sido la única comunidad en no firmar.
A tenor del planteamiento y el catálogo de peticiones que la consejería de Enrique Ruiz Escudero puso sobre la mesa en Canarias, la reforma de primaria pareciera depender en exclusiva de competencias propias del Gobierno central, o al menos de éste Gobierno central. Así, la región que menos invierte en primaria de toda España (un 11,2% de su PIB sanitario) le pide al ministerio "partidas específicas" para el primer nivel, así como la adopción de medidas para "facilitar la desburocratización".
Centra la recuperación en competencias que atañen sólo al Gobierno central
Entre estas últimas, sin embargo, ninguna alusión a la "sobreabundancia" de tareas administrativas de la que se quejan los médicos de los centros de salud madrileños, sino una petición expresa a la Seguridad Social para que "flexibilice" la gestión de la IT y otra a Sanidad para que se suprima "en la normativa nacional la obligación de que sea el médico quien firme todo tipo de informes de salud".
Madrid se suma, además, a la generalizada petición de que aumente el número de plazas MIR de Familia, y añade en el lote la creación de la especialidad de Urgencias ("para evitar el trasvase de MIR de Familia al terminar su formación") y el desarrollo de las de Enfermería Familiar y Enfermería Pediátrica.
Entre tanto, y bajo la alfombra de su primaria, Madrid afronta la unánime y frontal oposición a un plan de reforma que prevé invertir 200 millones de euros y contratar a 1.222 sanitarios antes de 2023. Los sindicatos le contestan que el déficit que arrastra la primaria madrileña exige, al menos, 1.700 millones de euros y 2.500 profesionales (sólo médicos) en el mismo periodo, "para empezar a hablar de una reforma real".
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