Durante muchos años recordaremos esta terrible pandemia especialmente por todos ciudadanos que habrán perdido la vida en ella, que sólo en España son ya oficialmente 90.620 y siguen subiendo cada día (72 muertes declaradas el 10 de enero, 25 el 11, 122 el 12…). Y también quedará en nuestra memoria el trato, a mi juicio infame, dado al personal sanitario, comenzando por la falta inicial de equipos de protección individual (EPI) y de medidas de prevención de riesgos laborales específicas.
Esos profesionales, que llevan atendiendo casi dos años a los enfermos con covid-19 en todos los niveles asistenciales y que nos están vacunado y revacunando masivamente, fueron reconocidos de manera espontánea desde el principio por la población, tal y como demuestran aquellos aplausos diarios de las 20h durante el confinamiento. Las imágenes de sanitarios usando bolsas de basura para autoprotegerse y los tutoriales en redes sociales para orientarles sobre cómo improvisar un EPI indignaron mucho a la gente.
También han reconocido su labor las administraciones: el pasado 15 de julio, en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, se celebró el Homenaje de Estado en recuerdo a las víctimas de la covid-19 y de reconocimiento al personal sanitario, admitiendo entonces que, hasta esa fecha, “más de un centenar de profesionales sanitarios” habían fallecido a causa de la pandemia y cerca de 130.000 se habían contagiado. Cálculos previos a esta sexta ola ya situaban en más de un 20% los profesionales de la salud contagiados en nuestro país.
Las palmaditas en el hombro en señal de consuelo y afecto siempre están bien; es de bien nacidos ser agradecidos. Pero lo que necesitamos es un abordaje a la altura de las circunstancias: cuantificar víctimas, estudiar lo sucedido y, ¿por qué no?, resarcir o indemnizar como corresponda a los sanitarios afectados (covid-19 persistente, etc.) y a las familias de lo que hayan fallecido. ¡Qué menos! Sin ánimo de resultar demagoga: con tanto dinero de todos que se dilapida en chiringuitos y se va por el sumidero de la corrupción, ¿se va a dejar de recompensar a aquellos que, en el ejercicio de su labor de servidores públicos, han quedado con secuelas permanentes, o a sus familiares, en el caso de que hayan perdido la vida?
Se presentaron muchas demandas relacionadas con la desprotección de la salud de los sanitarios frente a la covid-19 y ahora van saliendo sentencias que seguramente, en casación, acabaran en el Supremo.
Esta misma semana se ha sabido que un juzgado de Alicante considera que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana puso en “grave riesgo” la seguridad y la salud “de todos los trabajadores sanitarios” al no dotarles con las suficientes “medidas y medios de protección” durante la primera ola de la pandemia y que, por ello, le condena a indemnizar con entre 5.000 y 49.180 euros a 150 médicos.
Mientras que, en paralelo, la sentencia de otro juzgado, en este caso de Jaén, reconoce la escasez de equipos de protección para los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia pero no condena a la Administración por entender que la falta de ese tipo de material fue irremediable.
El 21 de abril de 2020 (la pandemia empezó en marzo) la Sala III del Supremo requirió al Ministerio de Sanidad que adoptase las medidas necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de equipos de protección adecuados frente a la covid-19, tras una demanda presentada por CESM. Otra, presentada por AMYTS ante lo Social de la Comunidad de Madrid, obtuvo una respuesta similar. Y en la web del Poder Judicial hay disponibles más sentencias en la misma línea por toda la geografía nacional (basta con poner “protección al personal sanitario” en el buscador).
La salud laboral está ampliamente legislada en España (Constitución, Ley General de Sanidad, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley General de Salud Pública, Estatuto Marco…) y hay evidencias de lo sucedido: un análisis publicado en BMJ concluyó que los equipos de protección individual eran insuficientes; no se realizaron pruebas a todos los profesionales de la salud, ni a los que tenían síntomas leves, ni a quienes no presentaban síntomas, a pesar de la posibilidad de transmisión por individuos asintomáticos; los contactos de los casos positivos de covid-19 no fueron sometidos a pruebas sistemáticas ni a cuarentenas de al menos 14 días, y nunca se recomendó la realización de pruebas al personal de salud en contacto con casos confirmados, y muchos hospitales no adoptaron el modelo de triaje fuera de sus estructuras para intentar reducir las tasas de infección intrahospitalaria y de contagios en el personal sanitario.
Hay que recordar la Carta abierta al Gobierno español y las comunidades autónomas para la protección del personal sanitario y el personal en residencias de varias organizaciones sanitarias.
Visto todo eso, y más elementos relevantes de este asunto (la consideración inicial y posterior prórroga del contagio por covid-19 como accidente laboral para los sanitarios ), no parece descabellado exigir que, como país desarrollado, democrático y digno que somos, se realice una evaluación independiente; se identifiquen los errores cometidos y se tomen medidas para impedir que se repitan, y se reparen, a cargo de las arcas públicas, los daños a los profesionales de la salud que, pudiéndose evitar, no se evitaron.
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