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Apenas 24 horas antes de que el Consejo de Ministros dé mañana luz verde al controvertido anteproyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha sido hoy escenario de una sesión que ha derivado en un profundo cuestionamiento de ese anteproyecto y ha puesto, además, sobre la mesa los denodados esfuerzos del colectivo de investigadores para hacer ver a la clase política -de todos los partidos- la precaria situación actual del sector. José Manuel Torralba, vicepresidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), y Julián Garde, presidente de la Comisión Sectorial I+D+i de la Conferencia de Rectores (CRUE), han dado voz al colectivo.
Y si en algo han coincidido ambos es que el anteproyecto elaborado por el ministerio de Diana Morant, que modifica la Ley 14/2011 o Ley de la Ciencia, de 2011, se queda "muy corto", incluso con las modificaciones introducidas por la Administración en el trámite de audiencia previo a su aprobación, incluido el reconocimiento de la indemnización por finalización de contrato para todas las relaciones contractuales en vigor, tanto de investigadores predoctorales como posdoctorales.
"El problema de esas indemnizaciones no es, obviamente, que se reconozcan, porque es de justicia hacerlo; el problema es quién las va a pagar, y ya se lo digo yo, señorías: las indemnizaciones se van a cargar en la partida de costes indirectos de los centros, y la mayoría de esos centros las van a repercutir en los gastos del grupo de investigación en cuestión. Los grupos grandes lo llevarán bien o regular, pero los pequeños lo llevarán muy mal, porque ya están asfixiados financieramente y no tienen músculo para asumir esas indemnizaciones", afirma Torralaba.
El vicepresidente de la COSCE, que agrupa a 84 sociedades y representa a más de 40.000 investigadores, ha sentenciado que ni la futura ley de la Ciencia ni la ya aprobada reforma laboral van a acabar con la precariedad del sector. "Los contratos de investigación tienen una financiación basal que cubre el coste del personal permanente y del mantenimiento e infraestructura de los centros, y los fondos de investigación van por proyectos, son temporales y, como su propio nombre indica y salvo que haya cambios urgentes, no se pueden mantener en el tiempo".
En línea con Torralba, el representante de CRUE les ha recordado a los portavoces de todos los partidos políticos que el problema no es que la reforma laboral reconozca un nuevo tipo de contrato indefinido, "que, obviamente, es un paso importante para empezar a atajar la lacerante precariedad del sector, el problema es que, junto a ese contrato, no ha articulado una alternativa para el contrato de obra y servicio, por el que actualmente hay contratadas más de 25.000 personas en todo el sistema universitario español. ¿Qué va a pasar con todas ellas?", se ha preguntado Garde.
Según el responsable de CRUE, que además es rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de esos 25.000 investigadores con un contrato de obra y servicio llamado a extinguirse, el 40,3% está encuadrado en proyectos financiados con fondos europeos, "de forma que casi el 60% de ellos trabajan en proyectos, planes o iniciativas propias de las universidades españolas por las que están contratados y, a todos ellos, la disposición adicional quinta de la recién aprobada reforma laboral [que estipula la extinción de esta modalidad contractual] no les ofrece ninguna alternativa profesional y laboral de presente ni, desde luego, de futuro".
Mirando de frente a otro de las batallas que investigadores y universitarios llevan meses dando en vano, el vicepresidente de la COSCE ha recordado que la tasa de reposición de plantillas [fijada actualmente en el 120%] "maniata a las fundaciones y centros de investigación, fundamentalmente a los más jóvenes" y, según él, tiene que desaparecer o modificar radicalmente su planteamiento actual: "La tasa de reposición de personal debe estar vinculada al presupuesto de cada centro y no a la masa salarial. Deje usted que pueda o no reponer mi personal en función del presupuesto disponible y no me siga maniatando con un principio tan castrador como el de oveja que sale, oveja que entra", ha resumido gráficamente el vicepresidente de la COSCE.
Y ojo, ha añadido Torralba, porque el momento de recuperar al ingente número de investigadores españoles que trabajan fuera de nuestro país es ahora: "El 40% de los catedráticos y profesores titulares de universidad y de los investigadores titulares del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se jubila en los próximos 5 o 7 años y no podemos seguir esperando, hay que traer ya a los que están fuera. ¿De verdad me están diciendo que vamos a esperar a que se jubilen los actuales y aplicar la tasa de reposición para que vuelvan los que están fuera? ¿De verdad vamos a generar un gap de personal por aplicar criterios arcaicos?"
En materia de financiación, y en respuesta a algún grupo político muy preocupado por el control presupuestario de los proyectos, Torralba ha defendido, "claro que sí, el exhaustivo control de cada uno de los euros públicos que se invierta, pero hagámoslo bien, por favor, y sobre todo con criterios racionales y ajenos a absurdos encorsetamientos burocráticos. Si lo quieren más claro, se lo digo: el derecho público aplicado a la ciencia, con todas sus normas, hace mucho daño a la ciencia".
En este sentido, Garde ha reclamado que las consultoras encargadas de las auditorías en las universidades y organismos públicos de investigación (OPI) tengan "una formación mínima y un conocimiento, cuando menos básico, de lo que supone la investigación, de sus condicionantes y de las condiciones en las que se realiza, y no se limiten a recurrir al clásico manual genérico de auditorías".
También en materia financiera, el representante de la Conferencia de Rectores ha recordado que el objetivo mínimo común de todos los profesionales del sector es conseguir que se destine a Ciencia al menos el 3,5% del PIB antes de 2030, y su colega de la COSCE ha puntualizado que de ese objetivo porcentual, "quizás un 1,8% podría salir del sector público, pero el resto, no nos engañemos, provendrá de la industria y las empresas" y, en ese sentido, ha abogado por imbricar "de manera efectiva y real" a los ámbitos público y privado. El primer paso, ha enfatizado, podría ser "articular una política muy agresiva para exportar doctores a la industria privada, de forma que tengan el peso específico e importancia que tienen en el sector privado en otros países".
Abuso de poder
Francisco Palazón Huet, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios,
Queda muchísimo camino para estar donde queremos estar y es el momento de hacer la profundísima reforma que necesita la Ciencia para abordar los problemas
Uno más transversal, que es la mentalidad con la que abordamos la Ciencia en nuestro país. La investigación científica es un trabajo, ni más ni menos, y si es un trabajo se hace con un contrato de trabajo. Y por cierto, las ayudas a la contratación, sea a nivel predoctoral o postdoctoral, son ayudas a la contratación, no son becas.
España es un país que invierte poco. El objetivo del 2% era bueno hace 20 años, deberíamos estar en un 2,3% para estar en la media de la UE y en un 3,5% para estar al nivel de países como Alemania o Bélgica.
La precariedad tiene que ver con la financiación, claro, pero no solo. La carrera investigadora en España es una carrera de obstáculos. El que inicie una carrera deberá esperar 20 años, si es que llega, para obtener una plaza de profesor titular universitario o científico titular del CSIC. Hay una broma que tiene poca gracia en nuestro sector y es que el trabajo principal de un posdoctorado español es buscarse el siguiente trabajo, el siguiente contrato de investigación.
Desarrollar un Estatuto del Personal de Investigación.
Burrocracia: La de horas que pasamos los investigadores llenando curriculums con modelos distintos para convocatorias distintas y muy dispares. ¿Tan difícil es elaborar un curriculum de modelo estándar? Hay gente haciendo un doctorado en Informática que puede echar una mano a la Aneca.
Abuso de poder. Endogamia: el 91% de los profesores accede a la universidad por vía de la endogamia. Datos 73,5% del personal docente e investigador trabaja en la misma universidad donde han estudiado. Nos parece indignante que haya gente que diga que eso de la endogamia es una chorrada. No lo es, es una vergüenza nacional, y diría que es un eufemismo para no hablar de corrupción y nepotismo.
Acoso y sin llegar hasta él es obvio que hay una brecha de género. El problema no es la vocación científica, sino que a medida que se avanza en la carrera investigadora aumenta la brecha de género.
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