Tras dos años de pandemia y 700 días después de la aprobación del uso obligatorio de las mascarillas entre la población, es lógico ir dando pasos en favor de la vuelta a la normalidad e ir quitando medidas preventivas como el uso obligatorio de las mascarillas. Sin embargo, este hecho también supone un reto para la sociedad, ya que no podemos dejar desprotegida a la población vulnerable: mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, pacientes con enfermedad de riesgo, mujeres embarazadas o incluso profesorado u otros profesionales con factores de vulnerabilidad.
La evolución favorable de la epidemia de covid-19 ha permitido que el Gobierno de España modifique los supuestos de obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios interiores a partir del 20 de abril. Poco a poco tenemos que asimilar la medida, pero si bien se pretende mantener su uso obligatorio en centros, servicios y establecimientos sanitarios como los hospitales, los centros de salud, farmacias, centros sociosanitarios o en medios de transporte, no hay que olvidar que la reducción de las medidas que se incluyen en este real decreto se deben valorar a nivel individual, de acuerdo con la pertenencia a grupos de mayor vulnerabilidad, la vacunación, y la actividad y comportamiento social que pueda incrementar los riesgos de transmisión.
Desde el punto de vista de las personas más frágiles, mayores, con enfermedades crónicas o potencialmente graves, parece precipitada esta medida, especialmente cuando no es obligado el aislamiento de positivos asintomáticos y la situación es que los datos epidemiológicos se están elevando. Por ello, cabe recordar la importancia de protegerse con mascarillas, a poder ser FFP2, y ante un posible contagio de una persona vulnerable, acudir de inmediato a hacer una prueba de diagnóstico que permita llegar a tratamientos de manera precoz. Así como cumplir con la vacunación que se establece para este colectivo.
Una cuestión que preocupa
En este punto, una de las cuestiones que más preocupa a las personas con cronicidad es el ámbito laboral: el mantenimiento del empleo sin poner en riesgo su salud. En el marco profesional, las medidas del real decreto son insuficientes. Se deben hacer recomendaciones claras y precisas para proteger a los trabajadores vulnerables, como son las personas con patologías complejas, que no hay por qué señalarles dentro de la empresa y no pueden poner en riesgo su puesto de trabajo, ni su salud.
De este modo, las personas con enfermedades crónicas nos enfrentamos a una profunda inseguridad jurídica, ya que dejamos en manos de las empresas cosas que están en el ámbito de la salud pública y las autoridades sanitarias. El virus todavía entraña peligro para nuestra salud, por ello, es necesario encontrar soluciones que aseguren la protección laboral en caso de epidemias futuras a las personas más vulnerables. La utilización de mascarilla en espacios de trabajo, la vacunación de personas en contacto estrecho con población de riesgo o las obligaciones de las empresas de ofrecer espacios seguros para sus empleados, deben tenerse en cuenta como medidas de prevención presentes y futuras.
Otro ámbito a tener en cuenta es el escolar. En el real decreto se recomienda un uso responsable de las mascarillas por parte del profesorado con factor de vulnerabilidad, pero no se hace referencia a los niños y jóvenes con patologías y en situación de inmunosupresión en centros educativos y académicos.
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