Los 172,4 millones de euros que aprobó ayer el Consejo de Ministros para el desarrollo del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, y que hoy se repartirán las comunidades en el Consejo Interterritorial, no tienen aún un destino claro. O al menos parte de ellos, concretamente los que van destinados a las comunidades que todavía no han desarrollado plan alguno al que destinar esos fondos.
Según la Plataforma "Salvemos la Atención Primaria", hay, al menos, siete comunidades (Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León, País Vasco, Galicia y Murcia), además de Ceuta y Melilla, que, nueve meses después de que el departamento de Carolina Darias presentase ese plan de acción (con el carácter de "urgente"), no han definido aún las líneas estratégicas y las prioridades de sus respectivos planes. De hacer caso a lo que la propia Darias anunció ayer tras el Consejo de Ministros, esos 172,4 millones se repartirán hoy en el Interterritorial entre todas las autonomías (salvo País Vasco y Navarra), y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para financiar "acciones concretas" contenidas en sus planes, desde la adquisición de nuevos equipos hasta "la optimización de procesos administrativos y el desarrollo de estrategias".
Pues bien, según "Salvemos la Atención Primaria", que reúne a 115 organizaciones profesionales, sociales y sindicales vinculadas al primer nivel asistencial, de esos 172,4 millones de euros, al menos 93,2, los que les tocan en el reparto a esas 7 autonomías y a Ceuta y Melilla, no tienen, de momento, destino concreto. Andalucía y Cataluña, dos de las comunidades que aún no han hecho los deberes, son, además, las que más beneficiadas salen de ese reparto (31,9 y 29,4 millones, respectivamente), dado que el criterio poblacional es uno de los que se han seguido en la distribución.
El Plan de Acción aprobado el pasado mes de diciembre fue una suerte de coda del llamado Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, que vio la luz en abril de 2019, y sus plazos de desarrollo eran tan concretos que las acciones contenidas en ese plan debían estar desarrolladas e implementadas en todas las comunidades autónomas entre 2021 y 2023. Además, todos y cada uno de los servicios de salud debían acompañar sus respetivos proyectos con la consabida memoria económica, para aclarar cómo iban a financiar las acciones previstas, al margen de la partida que destinara a ellas el ministerio. De momento, y cuando encaramos ya la recta final de 2022, las autonomías (tengan o no planes sobre la mesa) acudirán esta tarde al Consejo Interterritorial con la mano extendida para recoger la parte de los fondos ministeriales que les toque en el reparto. Otra cosa es su finalidad.
Las cantidades oscilan entre los 31,9 millones que le corresponden a Andalucía y los 315.000 euros que se llevará Melilla, y tal y como anunció ayer la propia Darias, los créditos se reparten conforme a los criterios propuestos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (con datos de 2020), aprobados por el Pleno del Interterritorial el pasado mes de julio, e irán con cargo a los capítulos IV y VII del presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad, concretamente en la partida destinada al Marco Estratégico Atención Primaria para este ejercicio presupuestario.
Las organizaciones de primaria que se agrupan en torno a la plataforma estiman, no obstante, que "se ha avanzado poco o nada" desde el pasado mes de diciembre, y que de esos supuestos planes regionales ellas no saben nada, salvo el dinero que se repartirán ahora las comunidades. De ahí que "Salvemos la Atención Primaria" haya presentado esta misma mañana un escrito en la sede ministerial en el que denuncian la "pasividad" de la Administración y piden una "entrevista urgente" con la ministra para abordar la situación del primer nivel y la adopción de medidas.
La Plataforma tira de los datos de la segunda oleada del Barómetro Sanitario de junio de 2022 y recuerda en su escrito que "el 65,7% de las personas que piden cita en Medicina de Familia la consiguen después de 48 horas, siendo el tiempo medio de demora de quienes no son atendidos en las primeras 24 horas de 8,8 días". Entre las acciones "a corto plazo" contenidas en el Marco Estratégico de Primaria firmado en abril de 2019, una de ellas (concretamente, la Acción c.1.3) establece literalmente la necesidad de "garantizar que las demandas de atención no urgentes se atiendan en menos de 48 horas". Habría que dilucidar, claro, que se entiende por "corto plazo".
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/Vp9AnWl
No hay comentarios:
Publicar un comentario