La Ley de Eutanasia echó a andar hace más de un año y, aunque la formación ha mejorado desde entonces, aún los sanitarios tienen muchas dudas sobre cuándo pueden ejercer su objeción de conciencia, quién puede ser el médico responsable y, sobre todo, si la eutanasia se acabará generalizando frente a otras medidas a medida que pase el tiempo, a pesar de las Comisiones de Garantías. Este es uno de los temas que se ha debatido en el 44º Congreso de Semergen, que se está celebrando hasta el 8 de octubre en Sevilla.
Según expuso recientemente la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se han practicado 180 eutanasias en este primer año. Actualmente, la mayoría de peticiones de eutanasia vienen de pacientes con enfermedades oncológicas, si bien en Cataluña hay un número importante de solicitantes con enfermedades neurodegenerativas.
Pero la novedad, el desconocimiento sobre la ley y las posturas enfrentadas dentro de la profesión hace que aún queden muchas dudas y mucho temor a la llamada "pendiente resbaladiza". Por ejemplo, que personas, con discapacidad o problemas de salud mental, que se han acentuado con la pandemia, empiecen también a solicitar la eutanasia.
María del Pilar Manterola Pérez, miembro del grupo de Semergen de Bioética y Humanidades y de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Cantabria, ha defendido que precisamente estos órganos están para vigilar la rigurosidad del proceso y evitar que se concedan casos fuera de lo que indica la norma: "Los casos se han llevado sin problemas y los profesionales implicados pueden hacer todo lo necesario para hablar con el paciente y todo está documentado".
No obstante, Manterola ha mencionado el caso de una mujer con depresión que no quería someterse a tratamiento ni consulta y solicitó la eutanasia. En su caso el informe médico-jurista fue negativo y la Comisión lo apoyó, "pero ahora el caso está en manos de un juez".
En ese sentido, Manuel José Mejías Estévez, coordinador del grupo de Dolor y Cuidados Paliativos de Semergen, planteó que es posible que más casos rechazados acaben en los juzgados, porque socialmente, criticó, "se ha vendido como un derecho". Teme que la eutanasia se acabe convirtiendo en una especie de "heterosuicidio, en el que uno quiere quitarse la vida pero quiere que la sociedad sea responsable de ese acto. El problema es que la responsabilidad recae en el médico", ha criticado.
Asimismo también ha mostrado su preocupación por los efectos que esto puede tener en los propios profesionales, mencionando el caso de una compañera que decidió apuntarse a la lista de objetores tras la primera eutanasia "cuando ella había sido la primera en defenderla".
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