Olvídese de toda la carga ideológica de lo ocurrido con el protocolo fantasma (porque nadie dice haberlo visto) de la Consejería de Sanidad de Castilla y León para atender a mujeres que deciden abortar. Quédese con las acusaciones de invasión de competencias vertidas por miembros del Gobierno central como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, contra Castilla y León por pretender aumentar el número de ecografías que se hacen de manera rutinaria a la mujer que decide abortar. Incluso, según lo anunciado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, querían realizar una ecografía fetal 4D que, en estos momentos, está fuera de la oferta de la sanidad pública en el control rutinario de un embarazo.
También, está el tema de la información a la gestante que tiene la intención de abortar. Castilla y León quiere dar más información a esa mujer con la intención, expresada por el vicepresidente de la Junta García-Gallardo, de que medite mejor la decisión de terminar con su gestación.
¿Qué pueden hacer las autonomías?
Estos mimbres son una buena excusa para recordar qué dice la ley sobre las competencias que tienen las comunidades autónomas para aumentar la cartera de servicios básica. Porque la realidad es que existe la posibilidad de que cada autonomía pueda mejorar las prestaciones básicas de la cartera de servicios.
Así lo recoge la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 8 dedicado a la cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas, que dice: "Las comunidades autónomas podrán incorporar en sus carteras de servicios una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, para lo cual establecerán los recursos adicionales necesarios". Pero, antes de su incorporación, el mismo artículo de la ley apunta que "deberá informarse de forma motivada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", quien "podrá emitir recomendaciones".
Los expertos juristas consultados han remitido a esta norma como respuesta a las preguntas de este periódico, sin adentrarse en el caso específico de Castilla y León por considerar que es un tema muy politizado, por lo que prefieren no dar su nombre.
José Ramón Repullo Labrador, quien fuera jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, además de ocupar varios puestos de responsabilidad política en la gestión sanitaria, no le importa aparecer y resume así lo que dice la ley: la cartera de servicios común puede ampliarse pero para ello la comunidad autónoma debe "asegurar la financiación de esa nueva prestación y cubrir las exigencias de información y control por el Consejo Interterritorial del SNS".
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