La Asociación de víctimas de la talidomida (Avite) no ha visto prosperar la demanda contencioso-administrativa que había presentado en el Tribunal Supremo contra el Estado-Gobierno por incumplimiento de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado. La ley recogía que en el plazo de un año los afectados de talidomida estarían reconocidos por el Instituto de Salud Carlos III e indemnizados en un plazo máximo de un año.
"Estamos en 2023, y a pesar del incumplimiento de la Ley manifiesto por el Gobierno, el Tribunal Supremo no ha admitido nuestro recurso de casación y el auto es firme", se quejan desde Avite.
"Para nuestros tribunales, no cumplir la Ley 6/2018 tras cuatro años y medios, sigue sin ser suficiente", razonan.
La ley de presupuestos de 2018 fijaba una cantidad de 20 millones de euros para indemnizar a los afectados por la talidomida. Para recibir la compensación se elaboró todo un protocolo de reconocimiento, con un grupo de expertos amparados por el Instituto de Salud Carlos III.
La citada norma consignaba una indemnización de 12.000 euros por punto de discapacidad reconocida, con un techo de 50 millones de euros, una cantidad que creció de los 20 millones iniciales, gracias a una enmienda del Partido Popular, que presentó cuando estaba en la oposición. La enmienda contó con el apoyo de todos los grupos en el Congreso, excepto con el del Partido Socialista.
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