Por tierra, mar y aire; en la calle, en los despachos, en el Congreso de los Diputados y en las salas judiciales; de forma individual o conjunta, en el seno del Ámbito de Negociación o de forma bilateral ante la Administración... La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no ceja en su empeño de que el Gobierno de España reconozca el derecho de los profesionales sanitarios a acogerse a la jubilación anticipada. De momento, el Ejecutivo no mueve ficha.
Hoy han vuelto a tirar de uno de esos recursos, concretamente la concentración de protesta en la calle, y han reunido a decenas de trabajadores ante la sede del ministerio competente en la materia, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el mismo, por cierto, que el pasado mes de octubre le dijo al sindicato de funcionarios que no estaba legitimado para cursar esa petición; el mismo al que la central demandó horas después de recibir esa respuesta. El departamento de José Luis Escrivá argumentó entonces que dentro del colectivo sanitario hay también trabajadores autónomos y que la petición debería haberse cursado conjuntamente con ellos.
Lo que entonces pedía CSIF a Escrivá es que su ministerio iniciase los estudios previos tendentes a la inclusión de un grupo de trabajadores (en este caso, el personal sanitario) entre los colectivos profesionales que tienen derecho a la jubilación anticipada por coeficientes reductores. El Real Decreto 1698/2011 deja claro que el procedimiento puede iniciarse a instancias, entre otros, de "las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal", de forma individual o colectiva.
📢 Comienza la concentración ante @inclusiongob para reclamar el reconocimiento de la jubilación anticipada por coeficientes reductores para los profesionales de la #Sanidad
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) February 16, 2023
👨⚕️ Está en juego la integridad de un colectivo que se enfrenta diariamente a riesgos para su salud. pic.twitter.com/pLmk8CdlkU
Y no será porque los sindicatos no han llamado reiteradamente a la puerta de la Seguridad Social: todas las organizaciones sindicales que forman parte del Ámbito de Negociación llevan años reclamando que el personal sanitario tenga derecho, como otros colectivos (mineros, policía local, bomberos, pilotos...), a una jubilación anticipada, parcial y voluntaria, mediante la aplicación de coeficientes reductores en el cálculo de la pensión y atendiendo a la "especial penosidad" de su actividad laboral. Ya en el año 2011, hace más de una década, el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (Simeg) elaboró una propuesta para que el médico español pudiera acogerse a una jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y los 70 años.
Y hace exactamente un año, en febrero de 2022, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentaba una propuesta formal de jubilación flexibilizada del médico basada en esa misma horquilla de años y con una triple casuística: jubilación voluntaria a partir de los 60 años, prolongación del servicio activo hasta los 70 años (siempre que el interesado reúna la capacidad funcional necesaria) y jubilación parcial voluntaria entre los 60 y los 70 años, compatibilizando salario y pensión y consensuando la duración de la jornada y las cargas de trabajo. En suma, que se jubile antes quien así lo considere, pero que también puedan seguir en activo más allá de la edad legal de retiro aquellos especialistas que estén en condiciones de hacerlo.
La reiterada petición de los sindicatos (pensando solo en el colectivo médico o en todas las categorías profesionales sanitarias) se fundamenta en un argumentario común: la Ley General de la Seguridad Social de octubre de 2015, y concretamente su artículo 206, que, literalmente, especifica: "La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada (...) en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad".
Hontangas: "Si algún colectivo merece beneficiarse de esta medida es el de los sanitarios"
Hasta ahí, el texto de la ley, y a partir de ahí los estudios e informes que reiteradamente ha esgrimido CSIF para fundamentar su petición de que el personal sanitario es susceptible de beneficiarse de ese artículo 206. Entre esos informes, uno de la la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) sitúa a España como segundo país europeo donde los sanitarios sufren más accidentes laborales: 2.500 al año por cada 100.000 sanitarios. Además, el "Estudio comparativo de puestos de trabajo con turnicidad", de 2018, situaba al colectivo sanitario como el segundo, tras el personal de Defensa y seguridad, con mayor porcentaje de trabajo nocturno entre sus profesionales (un 29,4% del total de los trabajadores).
Según el reglamento de la Seguridad Social, el procedimiento para fijar coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación debe ir precedido de un estudio que justifique, entre otras cosas, "la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo". La puesta en marcha de ese estudio es, precisamente, lo que pidió CSIF en septiembre de 2021 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, petición que se zanjó, un año después, con la respuesta ministerial negando al sindicato legitimidad para formularla.
El mismo artículo 206 de la ley de Seguridad Social también especifica que la inclusión de un colectivo profesional entre los beneficiarios de la jubilación anticipada debe hacerse por real decreto y "a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones". Escrivá, de momento, no sabe, no contesta, pero el sindicato no ceja y el pasado 3 de febrero presentó 60.522 firmas en el registro del Ministerio de Seguridad Social para intentar hacer ver al ministro que "si algún colectivo merece la rebaja de la edad de jubilación es el de los trabajadores sanitarios", enfatiza Fernando Hontangas, presidente del sector Nacional de CSIF Sanidad.
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