El Plan Anual Normativo del Gobierno para 2023, presentado el pasado martes, incluye un total de 117 iniciativas que prevé aprobar esta legislatura: 3 leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias y 81 reales decretos. De estas, solo tres leyes y tres decretos son en materia sanitaria, aunque de gran calado.
Un tercio están vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, otro tercio son transposiciones de normas comunitarias, y el resto ya han pasado por el Consejo de Ministros en primera lectura.
Los ámbitos materiales en los que se prevé una mayor actuación normativa son Medio Ambiente, con 15 iniciativas propuestas; seguido de Justicia, con 13, y de Política Económica, con 11 iniciativas.
En cuanto a las iniciativas por Departamentos Ministeriales destaca el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con 22 iniciativas propuestas, seguido del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 18 iniciativas, y Justicia, con 12.
En concreto, las tres leyes previstas en materia sanitaria son:
-Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de Salud Pública.
Esta Agencia está prevista en el artículo 47 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y se ajusta a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como un organismo público estatal adscrito al Ministerio de Sanidad.
-Ley de modificación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud.
La meta, aseguran es actualizar "la regulación referida a materias tales como igualdad entre mujeres y hombres, respeto por la diversidad, y conciliación de la vida laboral, personal y familiar"; y "adaptar el contenido del Estatuto Marco a nuevos derechos".
-Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado por el Real Decreto legislatico 1/2015, de 24 de julio.
Entre los muchos objetivos que enumera, destaca el referido a las modificaciones que se deben abordar, así como "incorporaciones de nuevas perspectivas relacionadas con la financiación pública de los medicamentos, uso racional de los mismos y estructuras de los órganos de gobernanza".
Eso sí el Ministerio de Sanidad matiza que esta norma está "sujeta a evaluación"; se evaluará conforme al criterio de impacto sobre la economía en su conjunto o sobre sectores destacados de la misma.
En cuanto a los tres Reales Decretos, son:
-Real Decreto por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública.
Señala que actualmente únicamente está regulada a nivel nacional la vigilancia de las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria. Y menciona la Ley General de Salud Pública, que alude a que también sean objeto de vigilancia las enfermedades infecciosas, las no infecciosas, los condicionantes sociales de enfermedad, los riesgos ambientales, la seguridad alimentaria, la salud laboral y las lesiones y violencia. Además, aseguran que este real decreto permitirá adaptar la vigilancia en España a las necesidades y lecciones aprendidas identificadas durante la pandemia de la covid-19 y a los requerimientos internacionales tanto de la Unión Europea como en el marco de la Organización de Naciones Unidas.
-Real Decreto por el que se regula la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias.
La idea es "reglamentar un sistema independiente, transparente y participativo para la evaluación del posicionamiento terapéutico de las tecnologías sanitarias mediante un proceso científico basado en datos contrastados".
-Real Decreto por el que se regula la Financiación y Fijación de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Aquí señala múltiples objetivos, donde destaca la incorporación de sistemas de información de suministro de medicamentos y de seguimiento de su financiación en el SNS.
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