Llueve sobre mojado, amenaza con seguir haciéndolo de forma intermitente hasta finales del mes de mayo, y la tormenta puede arreciar -y mucho- tras las elecciones autonómicas del 28M, si no lo remedia la voluntad de los responsables políticos que lleguen -o que se queden- en cada una de las comunidades autónomas. Este es, a grandes rasgos, el sentir de los profesionales sanitarios que ejercen en una atención primaria sacudida por una permanente convulsión durante los últimos meses.
A las comunidades que siguen con una huelga convocada, y sin perspectivas de solución a corto plazo (Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana), se suman los servicios de salud que, desde el pasado mes de noviembre y de forma casi consecutiva, han firmado sendos acuerdos de desconvocatoria de huelga. La sensación generalizada de los sindicatos profesionales que convocaron esas movilizaciones es que los acuerdos firmados son eso, meros documentos de desconvocatoria de huelga, no las soluciones estructurales que necesita el primer nivel asistencial. La convicción del resto de los sindicatos (fundamentalmente, CCOO, UGT y CSIF), y de muchos sanitarios que ejercen en esas comunidades, es que ni siquiera lo firmado vale y, de hecho, esos sindicatos ya han anunciado movilizaciones y huelgas en sus autonomías.
"Estamos exactamente en el único momento de la legislatura en que los políticos parecen predispuestos a escuchar las demandas de sus profesionales y de los ciudadanos. No nos llamemos a engaño: los consejeros se han sentado a negociar porque tienen en mente una fecha muy a corto plazo, la del 28M. Una vez pasados los compromisos electorales, los gobiernos autonómicos pondrán en marcha sus respectivas agendas políticas y arrumbarán en un cajón todo aquello que dificulte su desarrollo, llámese promesas electorales o, incluso, acuerdos firmados". El diagnóstico, que no augura nada bueno sobre la solidez de lo firmado estos días en las comunidades autónomas de Murcia, Cantabria, Extremadura, Aragón, Andalucía y Cataluña, lo hace Ana Giménez, secretaria nacional de Atención Primaria de CESM, el sindicato convocante de todas las huelgas autonómicas. El panorama que dibuja un somero recorrido por esas autonomías no es mucho más halagüeño.
Cantabria fue, el pasado 17 de noviembre, la primera comunidad que exhibió la fumata blanca del acuerdo con el Sindicato Médico de Cantabria (SMC), que había movilizado al grueso de los médicos de Familia y pediatras de primaria de la comunidad que preside Miguel Ángel Revilla. Apenas un mes y medio después, el 21 de enero, la primera comisión de seguimiento de ese acuerdo arrojaba, en forma de comunicado, el siguiente balance sindical: "Vergüenza ajena e indignación". El comité ejecutivo del SMC resumía así el "manifiesto incumplimiento" en temas clave como la limitación de las agendas asistenciales, la estabilización del empleo, la creación de una bolsa de médicos de continuidad o el establecimiento de medidas de seguridad en hospitales y centros de salud para prevenir las agresiones a los profesionales sanitarios.
"Lamentablemente, somos veteranos en incumplimientos, y me remito solo a lo más reciente, el acuerdo de 2019, que ha acabado provocando la huelga de 2022. Si me pregunta por mi sensación, se la resumo fácil: no vais a cumplir nada hasta pasado el mes de mayo y, a partir de ahí, ya veremos", afirma Vicente Alonso, secretario general del SMC. Ahora bien, Alonso tiene muy claro cómo se va a desarrollar ese "a partir de ahí", al menos desde el punto de vista sindical. "Las medidas no solo están firmadas, sino publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y los médicos no vamos a permitir que no las cumplan. Los acuerdos de 2019 se convirtieron en papel mojado porque llegó la pandemia y los médicos, dando ejemplo, una vez más, de su innata responsabilidad, se centraron en lo más urgente, que era la covid, pero ahora el contexto sanitario ha cambiado y los médicos estamos muy hartos".
"Lamentablemente, somos veteranos en incumplimientos por parte de la Administración"
Alonso ratifica que hoy, más de 15 días después de esa primera comisión de seguimiento del acuerdo, lo esencial sigue sin cumplirse: "El diseño de las agendas y la organización del trabajo para dar cumplimiento a la limitación pactada de las agendas de Medicina de Familia [un máximo de 35 pacientes] no se ha desarrollado aún en la mayoría de los centros de salud; las cámaras de seguridad que se comprometieron a colocar de forma inmediata aseguran que están en situación de "licitación administrativa" y, a este paso, se colocarán, con suerte a partir de mayo o junio; de los 252 expedientes de agresiones pendientes de tramitación, y que se comprometieron a agilizar, solo han notificado y hecho efectivas 7 sanciones... suma y sigue".
Piano piano si arriva lontano debía pensar el consejero cántabro de Sanidad, Raúl Pesquera, cuando la semana pasada anunciaba el cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo: "El SCS ha incorporado desde el pasado 1 de febrero a diez médicos de Familia en los centros de salud con las agendas más saturadas y las demoras más altas. El objetivo es mantener los cupos por debajo de los 1.500 pacientes, para garantizar que la espera para ser visto por tu médico no supere las 48 horas". Con respecto a la organización de las agendas que demanda Alonso, el consejero ha matizado que los centros en los que se han incorporado esos nuevos profesionales están "en pleno proceso de reasignación de los cupos que corresponden a cada facultativo, un procedimiento que se prolongará todavía unos días". El SMC recuerda, no obstante, que el acuerdo de noviembre hablaba de 74 plazas médicas de nueva creación.
"La huelga de Madrid ha generado un efecto pánico y ha agilizado acuerdos en otras CCAA"
Al margen de la solidez de lo firmado o de su grado de cumplimiento actual, lo que sí tiene claro el secretario general del SMC es que Cantabria, como el resto de las comunidades que han llegado a acuerdos, se ha beneficiado del efecto Madrid: "En la capital, el conflicto se ha focalizado mucho en el enfrentamiento entre Díaz Ayuso y las fuerzas de izquierda, y aquí, con un gobierno del PSOE, parece que nuestros dirigentes políticos han querido hacer de la firma del acuerdo una suerte de bandera diferenciadora, en plan 'Díaz Ayuso no se entiende con sus sanitarios, pero nosotros sí", resume Alonso. En la misma línea, la secretaria nacional de Primaria de CESM afirma que la huelga de Madrid "generó una especie de pánico en el resto de las consejerías, y algunas de ellas se han apresurado a firmar acuerdos antes de la cita con las urnas, pero de nada sirve la buena predisposición si se diluye tras las elecciones".
Bastante más satisfecho que el Sindicato Médico de Cantabria parece su homónimo de la Región de Murcia con el cumplimiento de lo firmado en esa comunidad autónoma, la segunda que llegó a un acuerdo, también en noviembre de 2022. La clave de esa satisfacción es, según María José Campillo, presidenta de CESM-Murcia y secretaria de Finanzas del sindicato a nivel nacional, que "la Administración autonómica era perfectamente consciente de los problemas históricos que arrastraba el primer nivel y ha tenido, antes y después de la firma, una clara voluntad de abordarlos".
El acuerdo Consejería-CESM, que posteriormente fue ratificado en la mesa sectorial de Sanidad de Murcia, incluye la creación de 123 nuevas plazas de médicos de Familia y Pediatría (111 más 12), la incorporación de 9 matronas, 30 profesionales de Enfermería, 11 fisioterapeutas, 11 trabajadores sociales, 11 auxiliares de Enfermería y otros 18 auxiliares administrativos, además de la consabida limitación de las agendas asistenciales (una reivindicación común en todas las comunidades), que, en el caso de Murcia, se ha fijado en 30 citas diarias para Familia y 20 citas para los pediatras, además de limitar a cinco el número de citas consideradas "no demorables".
Campillo asegura que CESM-Murcia sigue "muy de cerca" la evolución de lo firmado y que, al menos de momento, el balance es positivo. "Estamos en pleno proceso de asignación de los recursos y de las herramientas necesarias para abordar las demoras asistenciales, porque el objetivo último, no lo olvidemos, es brindar la mejor asistencia posible a los pacientes. El acuerdo no solo articula módulos de tarde, sino que contempla el incremento de plantillas, y este punto es vital".
"Es evidente que los políticos quieren paz social, máxime en vísperas de una cita electoral"
El balance que el Comité Ejecutivo de CESM-Murcia hace del seguimiento del acuerdo, que se firmó el pasado 25 de noviembre (y al que se han adherido CSIF y Satse), difiere significativamente del que hacen sus colegas de Cantabria. Entre otras cosas, asegura el sindicato profesional, los coordinadores de Atención Primaria de la región tienen ya el reconocimiento efectivo como jefes de servicio, se ha incrementado la retribución de los módulos de tarde en atención primaria y del llamado asumecupos y, desde el pasado 1 de enero, los profesionales que ejercen en áreas y puestos de difícil cobertura cobran los incentivos económicos pactados para estas zonas.
La presidenta de CESM-Murcia coincide con Alonso y Giménez en que "los políticos quieren paz social, máxime en vísperas de una cita electoral, pero insisto en que, en el caso de nuestra comunidad, ha prevalecido la voluntad conjunta de encontrar una salida, y buena prueba de ello es que el acuerdo firmado incluye aspectos como un incremento de plantillas y la búsqueda de soluciones para las áreas de difícil cobertura". Campillo cree que el Acuerdo para la mejora y fortalecimiento de la asistencia sanitaria en la Región de Murcia -que así se llama oficialmente- no supone "un cierre en falso de la crisis" y que tiene, por tanto, vocación de permanencia.
En Murcia, el descontento más palpable viene de quienes no firmaron ese acuerdo, CCOO y UGT, y lo hacen extensivo a todo el ámbito de la Función Pública, ya que el objetivo declarado de ambas formaciones es "revertir los recortes que, desde 2010, sufren las empleadas y empleados públicos de la región" y hacer extensivas a todos los funcionarios, incluido el personal sanitario, medidas como la jornada laboral de 35 horas semanales, la clasificación de todas las categorías profesionales y la jubilación parcial anticipada. CCOO y UGT coinciden en que el acuerdo del 25 de noviembre es "una acción parcial que solo afecta a algunas categorías, que deja sin mejoras a la mayoría de los sanitarios y que no aborda los problemas específicos de algunos profesionales del Servicio Murciano de Salud, en especial los de primaria".
Tras la firma del acuerdo en Aragón, CCOO, UGT y CSIF han convocado otra huelga para marzo
El mismo descontento, y casi con los mismos protagonistas (CCOO, UGT y CSIF), se palpa en Aragón, donde esos tres sindicatos han convocado una huelga conjunta para el próximo 31 de marzo, y lo han hecho apenas 15 días después de que la Consejería de Salud y los sindicatos profesionales de la comunidad (CESM-Aragón y Fasamet) firmasen un acuerdo para la mejora de primaria que, visto lo visto, garantiza poco la paz social. La nueva convocatoria de huelga supone, de hecho, una enmienda a la totalidad de ese acuerdo, tanto por su contenido como por el hecho de que la consejería de Sira Repollés lo haya firmado solo con los dos sindicatos profesionales.
"Esto no es un ningún órdago, no es ninguna amenaza. Ya no podemos aguantar más y no nos han dejado otra opción", aseguró Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en Aragón, en la convocatoria conjunta en la que los tres sindicatos anunciaban la convocatoria de los paros. Según Jessica Fessenden, de CSIF Aragón, la gota que ha colmado el vaso de su descontento ha sido la negociación bilateral que el departamento de Repollés ha mantenido solo con los médicos.
Sobre el contenido del acuerdo de primaria, firmado en Aragón el 18 de enero y que, según la consejería, le costará al Gobierno regional unos 8 millones de euros al año, los tres sindicatos de clase argumentan que solo ofrece mejoras concretas a los médicos, y reivindican que todos los centros de salud de la región abran hasta las 20 horas, ya que "las agendas están colapsadas, los centros están saturados y en las urgencias de tarde los profesionales no dan abasto". A sus reivindicaciones para primaria, la huelga del 31 de marzo suma otras peticiones para los sanitarios en general: la jornada de 35 horas, el desbloqueo de la carrera (paralizada desde 2011), la redistribución de funciones y la reclasificación profesional, entre otras.
Uno de los muñidores de ese acuerdo "solo para médicos", Leandro Catalán, presidente del sindicato Fasamet, enmarca el malestar del resto de los sindicatos en otro contexto electoral, en este caso, el sindical. "Aquí, el 30 de marzo [justo un día antes de la fecha elegida por CCOO, UGT y CSIF para su convocatoria de huelga] hay elecciones sindicales y todos tienen que jugar sus cartas. Entiendo que cada uno quiera conseguir los mayores beneficios posibles para sus afiliados, pero en absoluto comparto que el nuestro sea un acuerdo excluyente. Es evidente que nosotros, sindicatos médicos, velamos por las condiciones de los facultativos, pero la mejora de atención primaria que contempla este acuerdo es una mejora generalizada para el nivel". Catalán asegura, además, que muchas de las reivindicaciones que laten tras la huelga de marzo las comparten también CESM y Fasamet.
"La viabilidad del acuerdo depende de un cambio de mentalidad, empezando por el médico"
Sobre el contenido de lo firmado el pasado 18 de enero, el presidente de Fasamet puntualiza que el acuerdo no entra en vigor oficialmente hasta el 1 de marzo, pero añade que "ya hemos hablado con la Dirección de Recursos Humanos del Salud para recordarle que son las direcciones asistenciales de cada área las que se tienen que poner las pilas para adoptar en los centros de salud las medidas necesarias".
Entre otras medidas, Aragón ha limitado a 35 el número de pacientes del médico de Familia, incluidas todas las variantes de consulta (demanda presencial, no presencial, consultas programadas, domicilios y administrativos); de esos 35 pacientes, 28 serían presenciales y 5 de ellos indemorables y/o urgentes (la citación de estas consultas deberá realizarse el mismo día y a través de los servicios de admisión del centro). El resto de citas, hasta el límite de 35, serían gestionadas por el médico (programada, telefónica y administrativa). En el caso de Pediatría, la agenda está limitada a 28 pacientes (24 presenciales, no presenciales e indemorables y/o urgentes).
Catalán apunta que todo esto implica un cambio de mentalidad, entre los pacientes, pero también entre los propios profesionales sanitarios. "Una de las principales dudas que se ha suscitado es qué va a pasar con el paciente 36 [o el 29, en el caso de Pediatría], pero el acuerdo establece unas pautas muy concretas para atender las llamadas consultas de rebosamiento, con jornadas adicionales de tarde de dos o cuatro horas, dependiendo de los casos, y también un número limitado de pacientes. Ahora bien, eso implica, en primer lugar, que hay que cambiar el enfoque y la perspectiva, entre otras cosas en el personal de admisión de los propios centros de salud".
"Los consejeros se han sentado a negociar con una fecha en mente a muy corto plazo: el 28M"
El preámbulo del acuerdo aragonés admite expresamente que "la crisis por la que atraviesa la atención primaria ha causado un gran malestar físico y emocional en los profesionales sanitarios (...) y este acuerdo reconocerá el esfuerzo y dedicación que han venido prestando en los últimos años esos profesionales y también los del 061". Más allá de las declaraciones de buenas intenciones, el presidente de Fasamet admite que ni el acuerdo de Aragón ni los que se han firmado en otras comunidades autónomas cierran, a su juicio, la conflictividad abierta en el primer nivel asistencial, pero "es evidente que los profesionales de este nivel, y especialmente los médicos, estamos hasta el gorro en todos los servicios de salud, y había que tomar medidas inmediatas. El siguiente paso es, evidentemente, velar por el cumplimiento de lo firmado, y ahí, en Aragón, vamos a estar muy vigilantes, desde luego".
Más conflictiva si cabe es la situación en Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla, representado por su consejera de Salud, Catalina García, firmó el pasado 27 de enero un acuerdo bilateral con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para la mejora de primaria que desactivó la huelga convocada por el sindicato profesional. En teoría, ese acuerdo debe ser ratificado ahora por la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía, pero el resto de los sindicatos que integran ese órgano de negociación, lejos de querer firmar nada, están inmersos en una campaña de movilizaciones (concentraciones semanales de protesta en centros de salud de toda la región) para mostrar su rechazo al documento bilateral. CCOO, UGT y CSIF coinciden con sus colegas de Aragón en criticar que la consejería solo haya negociado con los médicos y en cuestionar el contenido de un pacto que, según ellos, es solo un "parche" para el nivel.
La semana pasada, el departamento de García convocó una mesa técnica sobre Primaria y los tres sindicatos de clase echaron de menos lo mismo: "medidas concretas" del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como el refuerzo de plantillas, medios técnicos y "descongestión y desburocratización" de la asistencia primaria. En un comunicado conjunto, los 3 sindicatos aseguran que el SAS se limitó a poner sobre la mesa "propuestas muy generales y difusas", como la mejora resolutiva de atención primaria, la adecuación de agendas y cupos, formación, investigación, plazas de difícil cobertura, tutorización o nuevas categorías profesionales. En suma, enunciados generales y sin concreción alguna que, según los sindicatos, son "decepcionantes e insuficientes y no tienen en cuenta todos los recursos profesionales de todas las categorías que tenemos en Andalucía, ni otras nuevas que siguen sin estar".
"Con 34 o 35 pacientes al día, que es lo que se está firmando, AP sigue sobresaturada"
"El deterioro de las condiciones laborales, la sobrecarga, las demoras inaceptables para los pacientes, la fuga de profesionales, la desmoralización de muchos otros... son el pan nuestro de cada día. Por eso, exigimos al Ejecutivo andaluz y al SAS una verdadera negociación sobre primaria, no acuerdos por separado con un sindicato que representa solo a un sector, sino una verdadera mesa para alcanzar un pacto que incluya un cambio de modelo, mejoras laborales y retributivas e inversión suficiente para tener el nivel que necesitamos", afirma Luis González, portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía.
CCOO, UGT y CSIF también coinciden en que las únicas medidas concretas ya anunciadas por la Consejería de Salud, y que constituyen precisamente el eje del acuerdo firmado con el SMA, consistentes en reducir las agendas de mañana en Medicina de Familia y Pediatría de primaria y en habilitar consultas de tarde para garantizar la continuidad asistencial, "no resolverán en nada la sobrecarga profesional, ni tampoco creemos que sirvan para reducir las demoras en las citas".
A las movilizaciones de baja intensidad de los sindicatos de clase, se suma la huelga indefinida que mantiene desde el pasado 20 de enero el pequeño y recién creado Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP), que no tiene representación en la mesa sectorial, cuenta con pocos afiliados y, como él mismo reconoce, no ha conseguido movilizar de forma activa a muchos médicos, pero que se ha erigido como una de las voces más críticas con el acuerdo bilateral firmado entre la Consejería de Salud y el Sindicato Médico. "El SMA desconvocó su huelga con un acuerdo del que nadie conoce los términos exactos, si es que existe un documento escrito, ni siquiera sus afiliados, y no sé hasta qué punto muchos afiliados comulgan con el contenido de lo firmado", apunta Carmen González Uceda, presidenta del SMP.
"Solo Aragón y Cataluña hablan en sus acuerdos de aumento presupuestario, y a medio plazo"
González Uceda argumenta -y hace extensiva su crítica a los acuerdos firmados en otras comunidades- que "33, 34, 35 o 36 pacientes al día, que son los límites asistenciales que CESM está firmando en las comunidades, no solucionan, ni de lejos, la sobrecarga del nivel". La presidenta del SMP estima que 35 pacientes diarios, a una media de diez minutos por cita (que es el tiempo mínimo que demanda primaria), "son prácticamente seis horas para una jornada de siete horas, sin contar los debidos descansos. Con ese número de pacientes, además de faltar muchos días tiempo para atenderlos a todos, dónde queda la formación, dónde la docencia y la investigación; qué tiempo tendríamos para actividades esenciales de Medicina de Familia como la prevención o las actividades comunitarias. Yo se lo digo: quedaría todo en cero minutos al día. Así que no sé qué acuerdos venden".
Además de cuestionar que esos diez minutos por consulta sean el tiempo mínimo necesario para atender bien a un paciente, una idea que parece haberse convertido ya en un axioma, González Uceda critica que se perpetúe la "discriminación" entre la atención a los niños y adolescentes por una parte y a los adultos y ancianos por la otra. "Por qué damos por hecho que un médico de Familia puede asumir por sistema a más pacientes diarios que un pediatra de primaria. Es cierto que la mayoría de las consultas de los niños son clínicas, pero también una parte sustancial son procesos agudos infecciosos, mientras que adultos y ancianos suelen consultar por varios procesos en cada cita en mayor número que los niños, procesos que, además, suelen ser más complejos cuanta mayor es la edad", afirma la presidenta del SMP.
"¿Por qué suponemos que un médico de Familia puede asumir más pacientes que un pediatra?"
De ahí que el sindicato minoritario andaluz fije como tope máximo, para médicos de Familia y pediatras, agendas de 20 pacientes diarios, "y siguen siendo muchos si queremos garantizar tiempos suficientes para el resto de las actividades asistenciales y no asistenciales", matiza Gómez Uceda. Por eso, el catálogo de peticiones del SMP habla de "plantillas estables y bien dimensionadas, medidas organizativas de ordenación de la demanda y del reparto de tareas, desburocratización de las consultas y tiempo para actividades formativas, docentes e investigadoras".
La presidenta del SMP deja en el aire otra pregunta que, a tenor de la experiencia previa, tiene difícil respuesta: y el dinero pa cuándo. "Las consejerías de Sanidad tienen presupuestos muy ajustados y es muy, muy difícil que los revisen al alza. Ahora bien, más plantillas, más recursos materiales y mejores retribuciones, que son los ejes de las reivindicaciones históricas de atención primaria, implican necesariamente más presupuesto y los acuerdos que se han cerrado en las comunidades no hablan específicamente de incrementos presupuestarios, salvo, que yo recuerde, el de Aragón, que habla de incrementarlo hasta un 25% en los próximos 4 años".
"Las consejerías tienen presupuestos ajustados y es muy, muy difícil que los revisen al alza"
El de Aragón y el de Cataluña, matiza la presidenta nacional de Primaria de CESM, pero añade que esos compromisos de incremento presupuestario no son inmediatos ni a corto plazo, sino que "su teórico cumplimiento se demora en un plazo de varios años y trasciende, por tanto, el horizonte de la actual legislatura, a la que ya le queda poco. Estamos, pues, en lo mismo: hasta qué punto los gobiernos que salgan de las urnas asumirán compromisos firmados previamente. Ya veremos", afirma Giménez. Según la responsable de CESM, "tradicionalmente, las administraciones central y autonómicas se dedican a jugar al ping pong entre ellas, eluden sus respectivos compromisos y, entre todas, acabarán matando a la atención primaria de este país".
Precisamente, en Cataluña, el acuerdo firmado el pasado 31 de enero entre el sindicato Metges de Catalunya y el Servicio Catalán de la Salud solo se ha concretado, de momento, en la creación de una mesa de trabajo tripartita (sindicato, Administración y Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña) para "favorecer el diálogo con el colectivo médico y seguir trabajando en los temas organizativos que puedan mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía". Eso dice, al menos, el documento firmado.
En línea con el juego de ping pong al que se refiere la presidenta de Primaria de CESM, pero en este caso entre las propias administraciones autonómicas, el consejero catalán de Salud, Manel Balcells, asegura que la huelga "ha canalizado un malestar que no viene de tres meses, que es el tiempo que hace que nosotros estamos en el departamento, sino que viene de lejos: de los recortes de 2010, de la pandemia y de una infrafinanciación. De un conjunto de causas, en suma". El caso es que la Administración recuerda que las medidas organizativas, retributivas y laborales pactadas con Metges tendrán que ser trasladadas luego a las mesas de negociación pertinentes "para ser abordadas con todos los actores implicados: patronales y sindicatos". De forma que a esa mesa de trabajo se suma luego la necesidad de que todos se pongan de acuerdo en la negociación. Muy largo me lo fiais, amigo Sancho.
"Balcells afirma que el malestar médico catalán "viene de lejos", no de la legislatura actual
Alguna pista de lo ambiciosas y prolijas que son las medidas recogidas en el acuerdo catalán para un horizonte temporal tan corto hasta la próxima cita con las urnas: impulsar un nuevo estudio de cargas de trabajo en los próximos 6 meses; potenciar la autonomía de los profesionales sanitarios, reservando 4 horas a la semana para el desarrollo de tareas clínicas sin paciente, limitar el volumen de citas telefónicas de los centros de salud o desburocratizar la consulta. Todo un desiderátum.
'Cuando las barbas de tu vecino...'
En Galicia, la huelga, al menos de momento, no llama a las puertas del Servicio Gallego de Salud (Sergas), pero el pasado domingo la plataforma SOS Sanidade Pública convocó una manifestación en protesta "por la situación del sistema sanitario".
En el caso de la primaria gallega -y quizás por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino...-, la Consejería de Sanidad se adelantó a un posible malestar de los médicos con el anuncio, en mesa sectorial, de una serie de medidas de mejora para el primer nivel. Esas medidas, que apenas un día después fueron anunciadas a bombo y platillo en el Parlamento gallego, incluyen la convocatoria de más de 400 plazas médicas sin oposición destinadas a plazas de difícil cobertura en centros de salud y hospitales comarcales, así como contratos de 3 años para los residentes que terminen el MIR en la especialidad de Medicina de Familia. En concreto, las prometidas 400 plazas se ofertarían por concurso de méritos a médicos de Familia, pediatras de primaria, especialidades (aún por concretar) en hospitales comarcales y Salud Mental, y se sumarían, según fuentes de la consejería, a las 106 plazas que se ofertaron en 2022 por el mismo procedimiento en cumplimiento de la ley de estabilización de plantillas.
📹 Manifestación en defensa da sanidade pública galega #EuFun #NósFomos pic.twitter.com/sPH8SY7mKt
— PSdeG (@PSdeG) February 12, 2023
A la creación de esas nuevas plazas, el Sergas suma el compromiso (de momento, solo verbal) de arbitrar medidas para que las agendas asistenciales de los médicos no superen las 33 citas diarias, "en cumplimiento del baremo que el Gobierno gallego tiene establecido" y, en caso de tener que prolongar la jornada por picos de demanda, poder hacerlo a cambio de "una remuneración adicional".
La que desde luego no parece muy contenta con las medidas anunciadas por la Xunta es la Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública, que ayer mismo las calificó de "precipitadas y desesperadas", y ve en ellas un intento de contrarrestar el apoyo profesional a la manifestación del 12 de enero en Santiago. Entre otras cosas, la Asociación argumenta que la adjudicación de plazas en propiedad sin examen es "una cacicada" que vulnera "de manera flagrante" los principios de igualdad, mérito y capacidad que regulan el acceso al empleo público. Afirma, además, que el anuncio de creación de esas 400 plazas contradice el argumento esgrimido por la Consejería de Sanidad de que no hay médicos para contratar, y que "ofrecer un sobresueldo para ampliar la actividad de profesionales sometidos a una presión asistencial desbordante supondría un riesgo para la población, al aumentar la posibilidad de errores médicos".
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