Los médicos reclaman la misma "protección" como autoridad en la sanidad privada que en la pública, lo cual podría solucionarse con una ley específica frente a la violencia en el ámbito sanitario, según se ha puesto de manifiesto en la jornada Agresiones a los profesionales sanitarios, organizado por el Hospital La Salud de Valencia y Fornes Abogados.
Curiosamente, la reclamación se produce en muchos casos después de comprobarse el "desconocimiento" que al respecto tienen bastantes médicos, apunta Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) y asesor jurídico del Hospital La Salud.
En esta charla -moderada por Eva Gilabert, directora gerente del Hospital La Salud- y otras previas, "he podido comprobar que había médicos pensaban que les amparaba la autoridad de la sanidad pública cuando trabajan en la privada. Y eso no es así, ya que el reconocimiento por ley de autoridad pública solo lo tienen mientras trabajan en la primera", comenta. Como refleja el artículo 550 del Código Penal "de forma muy clara", incide Fornes.
La norma dice:, “Se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas".
Juanjo Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), incide en la importancia de no hacer distinciones sobre si el profesional sanitario pertenece a la sanidad pública o privada. En la segunda "hay menos listas de espera y la gente que acude suele tener las atenciones más programadas. No obstante, también se dan agresiones en este ámbito, cada vez más. Por eso, no hay que distinguir entre la sanidad pública y la privada en cuanto a medidas protección", añade.
¿Y cómo puede solucionarse esta diferencia? Fornes considera que la promulgación de una ley específica frente a la violencia en el ámbito sanitario sería una buena solución. "Me consta que el Consejo General de Médicos ha promovido esa ley ante los grupos políticos y su puesta en marcha en la próxima legislatura podría incluir a todas las profesiones sanitarias y eliminar la diferenciación entre ámbito público y privado, lo cual sería un plus para todo el personal sanitario", apunta.
En su opinión, "se trata de algo que no tiene que ver con el color político" y, dado que la voluntad "existe", hay muchas posibilidades de que salga adelante. A esta ley necesaria, según las opiniones recogidas por Fornes en la charla, habría que añadir un incremento persuasivo de las penas.
"Existe entre profesionales y expertos, recogida en múltiples jornadas y en esta misma, la sensación de que sale muy barato agredir, insultar, amenazar, vejar....", remarca Fornes. De hecho, "es un mantra muy repetido que las penas tipificadas en el Código Penal son muy bajas, lo cual no ayuda", argumentando que "una pena de 180 euros parece que está casi incentivando los actos".
Importancia de denunciar las agresiones
Para María Isabel Reviejo, inspectora jefa de la Policía Nacional e interlocutora policial territorial sanitaria, "lo primero que deben saber los profesionales sanitarios es que no están solos", recordando que "el lema del interlocutor policial sanitario, cuidar de quien nos cuida, significa que tienen el apoyo de la policía, pero necesitamos que no tengan miedo a denunciar y que lo hagan para nosotros intentar dar respuesta".
Sin embargo, reconoce que aún "se denuncia poco, por no decir casi nada" y, por ello, hace hincapié en la necesidad de "visibilizar la problemática" denunciando "aquellas agresiones tanto físicas como verbales". En esta línea, Fornes coincide en que "a muchos les cuesta y tienen miedo a poner las denuncias, lo cual es negativo: una sociedad que tiene miedo, no avanza...; y lo que no se denuncia, no existe".
¿Hay motivos para la esperanza? Para la policía, "gota a gota, las charlas van dando sus frutos". A modo de ejemplo, entre 2021 y 2022 se ha producido un incremento del siete por ciento en el número de denuncias de profesionales sanitarios, "lo cual no significa que haya más agresiones, sino que se denuncia más". Además, esas denuncias "permiten hacer estudios de seguridad y conflictividad" y la información recopilada genera una "inteligencia" que ayuda a la hora de reforzar medidas e incluso implementar acciones de seguridad privada.
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