"No hay pruebas para clasificar el glifosato como carcinógeno". Esta fue la conclusión de la Comisión Europea (CE) que, en noviembre de 2023, decidió renovar su autorización (eso sí, con restricciones) por 10 años, hasta diciembre de 2033. Y ello a pesar de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research in Cancer, IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo incluyó como producto "probablemente carcinógeno" en 2015. ¿Qué opinan los expertos?
Tesifón Parrón Carreño es director del Grupo Plaguicidas, Salud y Medio Ambiente de la Universidad de Almería -formado por médicos y farmacéuticos-, una de cuyas líneas de investigación es la exposición a pesticidas y cáncer. Pese a tener más de 40 artículos publicados en revistas de alto impacto, admite un hecho: "El problema de los estudios con plaguicidas es la dificultad de establecer una relación causa-efecto".
"La evidencia suficiente para que la Unión Europea tome una decisión de prohibición se consigue después de 30 años de denuncias" (Nicolás Olea)
Nicolás Olea Serrano, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, con más de 350 papers publicados, conoce de primera mano la enjundia de la cuestión, ya que ha analizado plaguicidas en orina humana y ha visto su relación con la aparición temprana de la pubertad en niñas y tardía en niños. Subraya que "legal no es sinónimo de inocuo" y que el peligro reside no solo en el glifosato, sino en "el cóctel de plaguicidas al que estamos expuestos. Lo que ocurre es que el glifosato es el número 1 en ventas. En España se consumen al año 77 millones de kilos de pesticidas, 14 de los cuales son glifosato. Somos los campeones de Europa. No está en las cunetas de las carreteras; está en los olivares".
Dicho esto, añade, con indignación: "Es una tomadura de pelo que te hablen de un compuesto en particular. La clave de la enfermedad es el efecto combinado de los cien residuos que tienes en orina. Hasta la Unión Europea (UE) nos toma el pelo, porque queremos que nos diga que el glifosato es el malo. No, el malo es el cóctel de los piretroides, los carbonatos... todos los herbicidas que tienes en orina, porque la exposición es múltiple".
"No es el que sufre la enfermedad quien tiene que demostrar el daño; es el que pone el producto en el mercado el que tiene que demostrar su inocuidad" (Nicolás Olea)
Por su parte, Parrón, que también ha sido jefe de servicio de la consejería de Salud de Andalucía durante más de 40 años, comenta que "con un fármaco es muy fácil realizar un ensayo clínico, porque se supone que el fármaco es para sanar a las personas. Pero un plaguicida está hecho para matar". Y añade que, por ello, no es posible decirle a un grupo de personas que se expongan al glifosato sin EPI.
En este sentido, augura que con el glifosato va a ocurrir como con el tabaco: "Van a tener que pasar muchísimos años para demostrar la relación causal que, además, con el tabaco ya se conocía, con incidencias de cáncer muy alta. Pero, obviamente, hay intereses". Acto seguido, admite que nunca han tenido presiones a la hora de realizar sus estudios.
"Con un fármaco es muy fácil realizar un ensayo clínico, porque se supone que el fármaco es para sanar a las personas. Pero un plaguicida está hecho para matar" (Tesifón Parrón)
Es decir, no se puede comparar un grupo de control -no recibe el fármaco o no está expuesto- con un grupo de tratamiento, porque no sería ético. Esa es -señala- la dificultad desde el punto de vista epidemiológico: "En salud pública nos regimos por el principio de cautela: no puedes demostrar algo, pero, hasta que se aclare, bajamos los límites máximos de residuos (LMR)", detalla este médico, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, así como en Medicina Familiar y Comunitaria.
Esto es justo lo que ha hecho Europa. Así, entre las nuevas restricciones figura la prohibición de usarlo como secante, el establecimiento de límites máximos respecto a cinco impurezas en el glifosato, el requisito de que los Estados miembros presten especial atención a aspectos determinados al llevar a cabo las evaluaciones de riesgos, el no superar los volúmenes máximos de aplicación establecidos y la obligación de que el solicitante presente información sobre los posibles impactos indirectos en la biodiversidad.
Parrón explica que es más fácil detectar la relación causa-efecto en el caso de intoxicaciones agudas, en las que sí existen estudios sobre plaguicidas concretos. También indica que se han hecho estudios con animales, "pero no se pueden extrapolar a los humanos".
"En España se consumen al año 77 millones de kilos de pesticidas, 14 de los cuales son glifosato. Somos los campeones de Europa" (Nicolás Olea)
En el mismo sentido, ante la pregunta ¿puede un estudio epidemiológico demostrar la causalidad?, la respuesta de Olea es: "No, porque no nos permiten experimentar con la gente".
Y añade: "Para enfermedades multifactoriales como el cáncer o alteraciones endocrinas, con exposiciones múltiples, si uno quiere, nunca va a haber evidencia suficiente para decidir; solo cuando ya interese desde el punto de vista económico y estratégico, el comercial cede y el producto se retira, porque ya hay en el mercado un sustituto. El proceso es muy imperfecto y la evidencia requerida, muchas veces, para los decisores no es suficiente. Y eso es completamente erróneo".
El experto comenta que el Parlamento Europeo decidió hace más de 20 años que las decisiones en Europa iban a estar tomadas en función del principio de precaución. Por eso Olea lo menciona con mayúsculas, ya que es una máxima en Epidemiología que Europa no está teniendo en cuenta: "No es el que sufre la enfermedad quien tiene que demostrar el daño; es el que pone el producto en el mercado el que tiene que demostrar su inocuidad".
"Las reglas del juego son tan perversas que hay que poner los cadáveres encima de la mesa para que te digan: 'Ah! Es verdad, era malo" (Nicolás Olea)
Es obvio, como señala Olea, que hay "importantes interesantes comerciales en torno al producto y los únicos criterios para no prohibirlo son económicos. Por eso siempre habrá un empate entre la evidencia científica de los que encuentran relación con enfermedades y los que dicen que no hay suficiente evidencia. Las reglas del juego son tan perversas que hay que poner los cadáveres encima de la mesa para que te digan: 'Ah! Es verdad, era malo'. Y dices. 'Pero ¡hombre! Si hablamos de cáncer, de problemas endocrinos... Pero esto es tan difícil de demostrar, porque las exposiciones son múltiples, que a la Administración nunca le ha parecido que había evidencia suficiente".
Sí que se muestra indignado por que no se actúe ante la sospecha de que un producto es carcinogénico: "Si la IARC -que no se doblega a nadie- dice que es probable carcinogénico por experimentos animales, y si la Epidemiología lo asocia a problemas de disrupción endocrina, neurológicos o en la reproducción, hay más que evidencia suficiente de que este producto no debería estar en el mercado".
A Olea no le extraña que Europa no prohíba el glifosato, porque, según asegura, esto se ha vivido antes muchas veces: "Hay 680 principios activos de pesticidas en el mercado europeo. Tardamos como 30 años en quitar uno; otros 30 años en quitar otro. Desde 2019 hasta ahora se ha eliminado el linurón; después, el nonilfenol, el surfactante que estaba en todos los pesticidas; el clorpirifós, que fue un escándalo; el mancozeb y el maneb. Caen uno o dos por año. Yo siempre digo, cuando voy a Europa, que a este paso nos dan 325 años hasta que quitéis los pesticidas de en medio".
Olea es así de taxativo: "La evidencia suficiente para que la Unión Europea tome una decisión de prohibición se consigue después de 30 años de denuncias". Pero aún no se han cumplido los 30 años de denuncias con el glifosato: "Hay que ver no solo la fecha en que se pone en el mercado, sino cuándo se empieza a hacer la asociación epidemiológica", indica.
Bayer pagó casi 11.000 millones de dólares por indemnicaciones en EEUU
Greenpeace señala que en Estados Unidos se han presentado unas 125.000 demandas por estos probables efectos cancerígenos del glifosato.
Se comercializó en 1974 por Monsanto, con el nombre de Roundup (en el año 2000 expiró la patente, según la CE); después lo compró Bayer que, según la organización ecologista, aceptó pagar casi 11.000 millones de dólares en indemnizaciones para terminar con el proceso.
En España ya fue objeto de queja siendo Defensora del Pueblo Soledad Becerril (concluyó su mandato en julio 2017). Pidió limitar el uso de productos fitosanitarios con glifosato, pero la Administración rechazó la queja.
Aparte de Olea y Parrón, otros catedráticos se han mostrado en contra del uso del glifosato. Así, Miquel Porta, investigador del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), aplaudió la medida tomada por el Ayuntamiento de Barcelona en 2017 de erradicar el uso del glifosato en la ciudad. Llegó a declarar que "el problema es más grave de lo que parece y nos movemos poco a poco"; también admitió que "el glifosato actúa como perturbador de las hormonas".
La Comunidad de Madrid, en 2016, prohibió el uso de herbicidas con glifosato en las carreteras bajo su competencia.
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