Benigno López González es el magistrado ponente que firmó la sentencia de la Sala Contenciosa-administrativa del TSJ de Galicia, que tumbó un concurso de estabilización de varias plazas de facultativos especialistas de área de Farmacia, del Servicio Gallego de Salud (Sergas), porque puntuaba de manera desproporcionada la experiencia acumulada en Galicia frente a la adquirida en el resto de comunidades autónomas y, además, la Administración no justificó el motivo de esa diferencia.
La sentencia de 2023 causó mucho revuelo e interés en el ámbito sanitario y, en consecuencia, entre los juristas dedicados a este campo de todas las administraciones sanitarias que se encontraban enfrascados en cumplir los plazos para la estabilización del empleo en la función pública, que recoge la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público.
Todos los servicios sanitarios autonómicos que querían quedarse con sus profesionales eventuales vieron en esta resolución una línea roja que les advertían cómo no sacar los concursos de estabilización de empleo, sino querían que los tumbara la justicia.
Y es que el Sergas recurrió el fallo del TSJ a la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo, que confirmó la resolución en una sentencia de octubre de 2024, que fijó la jurisprudencia, advirtiendo sobre la discriminación en la puntuación en caso de concursos públicos y, sobre todo, de que no quedaba debidamente justificada en las bases de esos concursos.
La repercusión de este fallo ha llevado al magistrado López González a participar como ponente en el XXXIII Congreso de Derecho y Salud, que se ha celebrado del 4 al 6 de junio en Barcelona. En su intervención ha desgranado el interés de la sentencia, advirtiendo, en primer lugar, su sorpresa por la repercusión del fallo.
Aquí está la desproporción
Ha recordado que el concurso de estabilización del Sergas sobre el que se pronunció fue recurrido por un profesional que había acumulado toda su experiencia fuera de Galicia. De modo que "para llegar al máximo de puntuación en el apartado de grado de experiencia que establecía las bases del concurso, que eran 28 puntos, el recurrente tenía que haber trabajó 23 años y seis meses. Mientras que al especialista con la experiencia acumulada en el Sergas le valdría 11 años y 3 meses. ¿Qué determina eso? Que el que llegaba fuera de una comunidad autónoma, en este caso, fuera de Galicia, no podría alcanzar una plaza en ese concurso".
Al establecer esta "enorme desproporción" se estaba actuando en contra de los principios de acceso a la función pública y, además, de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Española en cuanto a igualdad de trato, según explica el magistrado.
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