El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha interpuesto una demanda contra la Consejería de Sanidad por vulneración de derechos fundamentales -en concreto derecho de huelga, libertad sindical y negociación colectiva-, ante la ausencia de negociación para resolver la huelga indefinida que los casi 2.700 residentes de la región mantienen desde el pasado 21 de julio para reclamar mejoras laborales y retributivas.
En la demanda, presentada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el sindicato convocante de la huelga, en coordinación con la Asociación de Mir de España (AME), denuncia que “la negativa de la Administración” a llevar a cabo una negociación “efectiva y real, con contenido y de buena fe” con el Comité de Huelga, “vulnera de una manera evidente los derechos fundamentales del sindicato convocante y por ende del Comité de Huelga designado”. En este sentido, la demanda insiste en que dicho comité es el “único legitimado” conforme a la legalidad reflejada en la demanda “para proceder a dicha negociación y conforme a la convocatoria y reivindicaciones expuestas en la misma”. Por ello, según reza el texto, reclama que se condene a la Administración “a convocar cuantas mesas de negociación sean necesarias para la consecución del acuerdo de buena fe, que ponga fin a la convocatoria de huelga”. Y en caso de no concurrir un acuerdo, CESM-CV solicita que “se desplieguen los efectos del artículo 10 del R.D.L. 17/1977, en cuanto a la voluntad de esta parte de someterse a un arbitraje conforme al cuerpo de la presente demanda, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por dichas declaraciones”.
Además, CESM-CV solicita que sea condenada a pagar 30.000 euros en concepto de daño moral y, en concreto, “por los daños y perjuicios” que esta situación les está provocando tanto a ellos como al colectivo que representan; sin olvidar la imposición de las costas procesales “por su temeridad y mala fe”.
Una única reunión
En el texto de la demanda, CESM-CV recuerda que hasta la fecha solo ha existido una reunión formal del Comité de Huelga con la Administración (31 de julio de 2020) y que se puede resumir, ya que no se levantó acta formal, en un intento de “negar la legitimidad al Comité de Huelga MIR para negociar las reivindicaciones establecidas en la comunicación de convocatoria de huelga, y remitiendo las mismas a un foro autonómico, que pretendía constituir la Administración con los sindicatos representados en los comités de empresa de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia”. En su opinión, ese intento suponía ya vulnerar “el derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva que tiene el Comité de Huelga, como depositario de las reivindicaciones establecidas en la comunicación”.
Como ya ha informado DM, ese foro autonómico es la baza que la consejera Ana Barceló ha jugado desde el principio del conflicto, pero su puesta en marcha no fue aceptada por los convocantes de las movilizaciones y, de hecho, tampoco tiene, por el momento, calendario ni puntos concretos para debatir.
En este sentido, CESM-CV insiste en su demanda que dicho foro “carece de cobertura legal” porque, aparte de su “creación ex-novo”, no puede estar formado por los comités de empresa de las tres provincias de la comunidad autónoma porque, “tanto el de Alicante como el de Castellón, no se han llegado a constituir”. Asimismo, inciden en que no han tenido conocimiento “del sustento legal de dicha constitución, así como de su regulación y competencias”.
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