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El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la solicitud de amparo formulada el pasado 21 de diciembre por los cinco sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid (Satse, CCOO, Amyts, CSIT Unión Profesional y UGT) y les ha comunicado su intención de dar inicio al proceso con la preceptiva solicitud de información a la Consejería de Sanidad.
Con el trasfondo de la situación sanitaria de la comunidad, el leit motiv de la solicitud de amparo que las cinco organizaciones sindicales elevaron al unísono a la institución que dirige Ángel Gabilondo es la petición que sus representantes llevan meses poniendo sobre la mesa del Servicio Madrileño de Salud (Sermas): la plena renovación de los 11.300 contratos de refuerzo suscritos desde el inicio de la pandemia y la conversión de todos esos contratos en plazas estructurales. Los sindicatos sanitarios consideran -y ahí reside el eje argumentativo de su petición- que "la situación de precariedad e inestabilidad de los profesionales (sanitarios y no) que tienen actualmente los llamados contratos covid es contraria a lo fijado en el Estatuto Marco".
"Estudiado el contenido de su escrito, esta institución ha decidido dirigirse a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al efecto de solicitarle información sobre los hechos referidos a su queja", dice la respuesta, firmada por el propio Gabilondo, que han recibido los sindicatos.
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En sintonía con el resto de comunidades, los sindicatos y organizaciones profesionales de la Comunidad de Madrid llevan meses reclamando al Sermas la plena renovación de los contratos covid suscritos en marzo de 2020. A finales de noviembre, incluso los directivos de 180 centros de salud y 84 ambulatorios remitieron un escrito a la directora de Recursos Humanos del Sermas en el que pedían que los cerca de 700 facultativos hospitalarios fichados como refuerzo durante la covid, y que podrían perder su plaza antes del 31 de diciembre, fueran renovados y pasarán a reforzar "temporal y excepcionalmente" las plantillas de los centros de salud, al menos hasta junio de 2022.
De momento, la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero sólo se ha comprometido a renovar los contratos de esos 11.300 profesionales por un periodo de "entre dos y tres meses", y siempre en función de la evolución de los datos epidemiológicos en la Comunidad de Madrid y de la "disponibilidad presupuestaria". Enfrente, los sindicatos argumentan que la renovación de todos esos contratos y la conversión de sus plazas en estructurales son fundamentales no sólo para afrontar con garantías la pandemia, sino para subsanar el déficit estructural de plantilla en el Sermas.
"Rápida respuesta"
En una nota conjunta, los representantes de los 5 sindicatos instan a la consejería de Ruiz Escudero a no dilatar su respuesta al Defensor del Pueblo, "para que este asunto se pueda resolver lo antes posible", y recuerdan que la petición de amparo es "sólo una más de las vías de defensa que hemos planteado desde la mesa sectorial para defender la sanidad pública".
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