martes, 28 de junio de 2022

‘Ley de equidad’: un misil ideológico contra el SNS y la descentralización de su gestión

Editorial
saradomingo
Mar, 28/06/2022 - 08:00
Proyecto de Ley
Dejar de concertar con privados tendría un coste adicional anual para las arcas públicas de más de 2.700 millones de euros.
Dejar de concertar con privados tendría un coste adicional anual para las arcas públicas de más de 2.700 millones de euros.

El Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud-SNS (121/000110), conocido como ley de equidad o ley Darias, que el Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados, lleva incorporado un misil con carga ideológica que amenaza con poner en riesgo parte de los recursos asistenciales de los que dispone actualmente (gracias a los conciertos con entidades privadas) e, incluso, la descentralización territorial de su gestión.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez fue advertido de ello en múltiples alegaciones al anteproyecto pero, aun así, en plena campaña de las elecciones en Andalucía, y quizá por ello, aprobó un proyecto que, a las claras, está pensado para impedir (desde el Gobierno central en lugar de desde las cámaras legislativas autonómicas) que avance el modelo de gestión ejecutado por el PP en las comunidades valenciana y madrileña. Porque si Sánchez y su ministra de Sanidad, Carolina Darias, hubiesen querido tener en cuenta la realidad del conjunto del SNS, quizá no hubiesen pasado por alto que, por ejemplo, en la base del modelo sanitario histórico de Cataluña, que ya utilizaba la Seguridad Social antes del traspaso a la Generalitat, está la concertación con centros tanto públicos como privados (mayoritariamente órdenes religiosas y fundaciones, sin afán de lucro).

Este proyecto añade un nuevo artículo 47 a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), para que la gestión sea directa (o administrativa) en  el conjunto el SNS, donde ya es mayoritaria (en todos los centros que gestionaba antiguamente el Insalud). Aunque prevé que, sin perjuicio de ello, de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el SNS, se pueda acudir a la gestión indirecta. Será el Consejo Interterritorial del SNS el encargado de acordar los términos, pautas o indicadores comunes a través de los cuales podrán entenderse completos estos criterios.

Sin haber finalizado la pandemia y teniendo tantos problemas como tiene el SNS, comenzando por la falta de presupuestos suficientes, de personal sanitario, de inversiones en estructuras físicas y tecnología y de listas de espera, cabía esperar que el Gobierno se concentrase en lo necesario y lo urgente. Tampoco era esperable que confundiese externalización de servicios públicos con privatización, porque un servicio no deja de ser público por el hecho de que lo gestione y/o preste una entidad de titularidad privada.

¿Puede asumir la pública el coste de perder a la privada?, El CES da 'luz verde' al anteproyecto de ley de equidad y cohesión, pero critica la celeridad del proceso, El sector sanitario catalán pone el grito en el cielo ante la 'ley de equidad' , La sanidad privada desvincula los problemas del sistema sanitario público con las “privatizaciones”
Pero así ha sido,  y lo más sorprendente: con el Ministerio de Sanidad en manos del PSOE, al que, junto con un magnifico pacto político y territo
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