Rafael del Río Villegas, presidente de la Comisión de Deontología Médica del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomen), insiste en la inutilidad de los registros de médicos objetores que contempla la ley de eutanasia y la reforma de la ley del aborto para asegurar las prestaciones.
"Me consta que la mayor parte de los médicos objetores a la eutanasia no se registra", afirma. Pero aclara que este no es el motivo por el que los registros son inútiles, "sino porque no ayudan a la Administración a que organice y pueda asegurar esas prestaciones, porque existe la objeción sobrevenida y porque la objeción del médico es un derecho fundamental y no se puede limitar de la forma que la Administración pretende hacerlo".
Este lunes la Comisión de Deontología del Icomem ha hecho público su último posicionamiento: La objeción de conciencia en la profesión médica. Es el quinto de estos documentos que sale de la comisión del Colegio de Madrid y que, como el resto, ha sido precedida por una jornada de debate, "aunque el posicionamiento final es fruto de manera exclusiva del trabajo de los trece profesionales que integramos esta comisión", aclara Rafael del Río Villegas, quien ha coordinado el trabajo.
"La objeción de conciencia del médico es un tema actual y recurrente. Hace un año, cuando la Comunidad de Madrid todavía no había desarrollado el registro de objetores a la eutanasia ya nos pronunciamos en el mismo sentido", recuerda.
"Para garantizar la prestación de una asistencia como la eutanasia o el aborto, la Administración tiene que encontrar a las personas que vayan a hacerlo, a los equipos. Eso no necesita un registro. Además, la creación del registro es muy preocupante de cara a las personas que se registren porque se va a crear una selección de personal sanitario de acuerdo con esas listas. La inutilidad de estos registros la reconoce todo el mundo", asegura.
"Resulta preocupante la tendencia a un excesivo protagonismo de la Administración en la regulación del ejercicio de la objeción de conciencia"
Como también afirma que "si uno [el legislador] pretende reglamentar sobre cualquier materia debe sentarse a hablar con los profesionales implicados, con los que realizan la actividad que van a regular". Pues bien, la Administración no lo ha hecho en la elaboración de leyes que como la eutanasia y la reforma del aborto afectan a la actividad médica, admite.
Del Río Villega destaca estas ideas que están en el posicionamiento del Icomen, que recoge: "Resulta preocupante la tendencia a un excesivo protagonismo de la Administración en la regulación del ejercicio de la objeción de conciencia, particularmente constatable en la creación de registros de objetores, teniendo además en cuenta su escasa utilidad en orden a organizar la atención sanitaria".
Pero antes de llegar a la citada conclusión, el posicionamiento de la Deontológica del Icomem hace un recorrido por los deberes del médico y de los colegios profesionales que representa a la profesión.
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