"La Ley de Universalidad [hoy aún proyecto de ley en trámite parlamentario] es el principal legado de este ministerio. Si solamente hubiera una medida que pudiéramos llevar a cabo y que fuera transformadora, seguramente sería esta". Son palabras de Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad el pasado mes de julio, días después de solicitar una consulta al Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos que deberían tenerse en cuenta en relación con la cobertura y acceso universal al sistema sanitario que la futura ley pretende alcanzar.
La respuesta de este órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo acaba de conocerse. Avala el proyecto de ley en trámite por ser el "instrumento jurídico apropiado para lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso universal al sistema sanitario" en el "Estado social y democrático de derecho español", pero concluye también que ninguna de las leyes ni reformas emprendidas desde 1986 con la Ley General de Sanidad por los distintos gobiernos del PSOE y del PP han garantizado el acceso ni la cobertura sanitaria universal.
En concreto, en las conclusiones del informe, el Comité de Bioética de España señala que esa cobertura y acceso universal "no han sido garantizados ni en su versión inicial" (1986) ni mediante la aprobación de leyes posteriores que extendían el ámbito de protección: Ley de Cohesión y Calidad del SNS (2003) y Ley General de Salud Pública (2011)".
El comité añade también que la reforma de 2012 "acentuó esta deficiencia y redujo la universalidad al introducir matices del modelo contributivo".
Diferencias autonómicas
Pero "tampoco la reforma de 2018 [con el Gobierno actual] ha podido garantizar la mencionada universalidad, que se ha visto perjudicada por la profusión y variedad normativa de las comunidades autónomas, añadiendo a la desigualdad por razones subjetivas la desigualdad por razones territoriales. En suma, un escenario de desigualdades en salud con problemas de equidad y seguridad jurídica incompatibles con un genuino modelo de derechos".
Respecto a esa última reforma, el informe destaca que ese regreso a la supuesta universalidad "no ha sido tal en la práctica por la confluencia de un factor territorial y un factor personal: el tratamiento normativo diferenciado entre las comunidades autónomas y entre personas con nacionalidad o permiso de residencia y personas en situación irregular en cuanto al reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria".
Y es que, detalla el comité, entre 2012 y 2018 "se aprobó una abundante normativa autonómica destinada, en buena medida, a impedir la aplicación de las políticas restrictivas del Real Decreto-ley 16/2012 referidas a las personas en situación irregular o sin permiso de residencia. Un resultado indeseado ha sido un marco normativo fragmentado y con diferencias sustanciales entre las comunidades autónomas con repercusiones negativas en la garantía de la universalidad, introduciendo distintos niveles de reconocimiento de la titularidad del derecho a la asistencia entre personas con nacionalidad o permiso de residencia y personas en situación irregular y estableciendo barreras difíciles de superar para las personas en situación de especial o extrema vulnerabilidad, destinatarias concretas de la reforma derivada del Real Decreto-ley 7/2018" del Gobierno actual.
Exigencia ética del proyecto
En cuanto al proyecto de Ley de Universalidad en trámite y objeto de la consulta, el Comité de Bioética, tras considerar que es el instrumento jurídico adecuado, se pregunta qué se le debe exigir desde un punto de vista ético. La conclusión es que, además del "cumplimiento de las exigencias propias del procedimiento legislativo, la búsqueda y consecución de un fin éticamente valioso, en este caso la garantía de la universalidad del SNS, en particular del acceso y la cobertura sanitaria, y la coherencia y adecuación de los medios para el logro de dicho fin".
El comité remite a la exposición de motivos del proyecto donde se detalla que en él "se amplía la cobertura sanitaria del SNS a nuevos colectivos, se recupera la cartera común de servicios única del SNS, se clarifican y concretan sus prestaciones y se evita que puedan introducirse nuevos copagos". Con ello, recoge el proyecto, "se espera facilitar el desarrollo de unas políticas públicas de salud más eficaces y eficientes y abordar de forma integrada las necesidades de protección de la salud de la población, de modo que los retos demográficos, ambientales, sociales, tecnológicos y económicos, actuales y futuros, tengan respuestas apropiadas".
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