En el actual escenario de incertidumbre política, y sin fecha todavía para la formación del nuevo Gobierno, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) recuerda que miles de personas que afrontan una enfermedad avanzada o se encuentran en un proceso de final de vida soportan desde hace demasiado tiempo otra incertidumbre mayor: la de saber si podrán acceder a una asistencia paliativa integral que asegure su calidad de vida hasta el último momento.
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“Antes que una ley de eutanasia hay que asegurar los paliativos”
Rafael Mota, presidente de la Secpal.
Por ello, la sociedad científica insta al próximo Ejecutivo a que impulse y desarrolle de
forma decidida una ley nacional que garantice una muerte digna a las 80.000 personas que
fallecen cada año sin los cuidados paliativos que necesitan.
Además, solicita que la tramitación de este marco normativo se apoye “al menos con la
misma contundencia y celeridad” con la que se respalda la regulación de la eutanasia, cuya
despenalización fue defendida hace unos días por la ministra de Sanidad en funciones “con
un sí rotundo”. Como señaló María Luisa Carcedo en su argumentación, “la muerte es parte
de la vida y, de la misma manera que tenemos leyes que amparan vivir de una manera
digna, también debemos tener leyes que amparen una forma de morir más humana”.
Este es, precisamente, el objetivo que guía desde siempre el trabajo de Secpal y la labor
cotidiana que desarrollan los profesionales paliativistas junto a los pacientes y sus familias.
Pero es también la consideración que confirma “la urgencia de apostar por una Ley de
Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida” que
asegure que todas las personas con enfermedad avanzada y sus seres queridos reciban la
atención que necesitan, independientemente del lugar donde vivan.
“En nuestro país existe una gran variabilidad en la organización y la prestación de cuidados
paliativos específicos que marca el acceso de los pacientes a esta asistencia. Y esto no
solo ocurre entre unas CCAA y otras, sino también dentro de las mismas comunidades y de
las mismas provincias, porque también se observan importantes diferencias dependiendo
de si la persona vive en la ciudad o en el medio rural”, recuerda el Rafael Mota,
presidente de Secpal.
Esta inequidad, que condiciona la atención que reciben las personas con enfermedad
avanzada o en proceso de final de vida, agrava su sufrimiento y el de sus familias, por lo
que es preciso desarrollar una ley consensuada que construya “un modelo asistencial
equitativo y homogéneo en todo el territorio” y garantice “que todos los pacientes reciben los
cuidados multidisciplinares y de calidad que necesitan desde el sistema público de salud y
en coordinación con Atención Primaria, los servicios hospitalarios y los centros
residenciales y de media y larga estancia”.
Esta ley, también llamada “de Muerte Digna”, y cuya tramitación quedó en suspenso al
disolverse las Cortes, debe aprobarse “con dotación presupuestaria suficiente y con
instrumentos que aseguren su cumplimiento” para que sea verdaderamente efectiva y
responda realmente a las necesidades a las que se enfrentan cada año miles de personas
en España, teniendo en cuenta que se trata de una prestación “que vamos a necesitar la
mayoría de nosotros”, tal y como recuerda el Mota.
Además, el presidente de Secpal considera fundamental que la norma contemple el
desarrollo de un sistema específico de formación y acreditación profesional en Cuidados
Paliativos para médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales, ya sea mediante
una especialidad o un Área de Capacitación Específica (ACE). Sólo así, subraya, “quienes
trabajan en este ámbito podrán ver reconocida su labor y se garantizará que las plazas de
los recursos específicos de cuidados paliativos sean ocupadas por los perfiles más idóneos,
asegurando los máximos estándares de calidad en la atención que reciben los pacientes en
situación de mayor fragilidad”.
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