La pandemia causada por el SARS-CoV-2 se ha llevado por delante en España algo de un valor incalculable: la vida de miles de personas y el sufrimiento de otros miles que la han padecido en sus formas más graves, parte de los cuales han quedado con secuelas. Todo lo demás relacionado con esta crisis sanitaria, de consecuencias devastadoras en el terreno sanitario, económico y social, aunque sea difícil, sí es cuantificable. La cifra acumulada hasta septiembre de gasto directo extraordinario en sanidad y ciencia públicas decidido por el Gobierno central y las comunidades autónomas (CCAA), y plasmado en sus respectivos reales decretos ley y decretos ley, es de vértigo: 21.997 millones de euros.
Se trata de una cantidad cercana a la suma de los presupuestos iniciales para este año de los sistemas sanitarios madrileño, catalán y gallego (8.165, 9.789 y 4.109 millones respectivamente): 22.063 millones.
Pero es que, además, ese gasto es solo una parte del gasto nacional total acumulado este año para hacer frente a la crisis sanitaria: se ha articulado un apoyo presupuestario y de liquidez y solvencia por una cantidad superior al 16% del PIB, 5 puntos en apoyo presupuestario directo (expedientes de regulación temporal de empleo, ceses de actividad de autónomos…) y a la liquidez y solvencia (líneas ICO, ampliación de plazos tributarios,…) y en ayuda a las rentas familiares más bajas.
De los datos del Gobierno se desprende que todas sus decisiones de gasto (directo e indirecto) por la covid-19 y sus efectos suman 55.588.321.224 euros y las relativas a ingresos 922.157.288 euros; en total: 56.510.478.512 euros de roto en las cuentas públicas nacionales.
A ello hay que añadir más de 100.000 millones de euros en avales y garantías de los que el Estado solo deberá responder si los beneficiarios no devuelven los créditos.
Las comunidades autónomas, que mensualmente remiten al Ministerio de Hacienda lo que gastan en la covid-19 y sus efectos, han tomado decisiones de gasto sanitario (refuerzo de RRHH; compra de productos de elevado consumo durante la pandemia como EPIs, respiradores, kits de diagnóstico, e inversiones en centros públicos para adaptarlos a las nuevas necesidades) y no sanitario por valor de 2.254 millones de euros.
El PIB nacional caerá el 11,2% este año
El impacto económico de la covid-19 para administraciones, empresas, autónomos, trabajadores y personas físicas daría como resultado este otro insólito dato: una caída del PIB nacional del 11,2% este año, según la estimación del Gobierno; y una previsión de deuda que puede alcanzar el 120% del PIB nacional al finalizar este aciago 2020. No solo hay más gasto, también se desploman los ingresos tributarios. Para poder valorar lo que está sucediendo hay que recordar que el PIB de España cayó un 3,8% en el 2009, la peor crisis hasta la actual, y por la cual las administraciones públicas españolas empezaron a aplicar recortes sin precedentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Las cifras de gasto, directo e indirecto, por la covid-19 están recogidas en el informe Plan Presupuestario 2021 del Reino de España, del 15 de octubre de 2020, remitido por el Gobierno a Bruselas, que incluye información actualizada hasta esa fecha sobre recaudación y ejecución presupuestaria en 2020, con datos avalados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
En ese documento explica que “la pandemia impactó en primer lugar sobre el sistema sanitario; en consecuencia, se reforzaron las políticas públicas relacionadas con la sanidad y la salud pública, ejes vertebradores que combaten el virus”. En este ámbito, las medidas puestas en marcha se orientaron (ver cuadro en página siguiente) al refuerzo de la capacidad del sistema sanitario y al apoyo de la investigación sobre la covid-19, con el objetivo de promover el desarrollo de medicamentos eficaces contra la enfermedad y vacunas, además de la implantación de los procedimientos necesarios para poder elaborar productos sanitarios de carácter urgente y con dificultades de abastecimiento en el mercado internacional.
Múltiples medidas en varios ámbitos
Entre las medidas adoptadas en el sistema sanitario y la investigación, destaca la concesión de un crédito extraordinario al Ministerio de Sanidad para la atención de gastos del SNS, por importe de 1.400 millones de euros;la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación correspondientes al ejercicio 2020, lo que supuso la puesta a disposición de las CCAA, de manera inmediata, de recursos adicionales por un total de 2.867 millones de euros, y la concesión de financiación adicional, por una cuantía de casi 30 millones de euros, tanto al Instituto de Salud Carlos III como al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el virus.
El boquete en las arcas públicas será importantísimo, pero el problema afecta por igual a todos los estados miembros de la Unión Europea, y la activación de la cláusula general de salvaguarda por parte de la Comisión Europea permitirá a las administraciones públicas españolas no tener que cumplir este año ni el que viene con los requisitos presupuestarios previstos en materia de reducción de déficit y deuda.
También está el nuevo instrumento Next Generation EU, que se compone del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el programa REACT-EU, por los que llegarán a España 59.168 millones y 12.436 millones, respectivamente, en forma de transferencias. La cifra global es de 140.000 millones de euros.
La mayor parte del dinero proveniente del programa REACT-EU se destinará a las CCAA, aunque una parte, de 2.436 millones, irá a parar al Ministerio de Sanidad para que sea quien luego lo reparta territorialmente para la compra de vacunas para la covid-19, reforzar la atención primaria y/o renovar material sanitario.
Además, de acuerdo con la previsión del Banco Central Europeo, los tipos de interés a largo plazo en 2020 (del 0,7%) y una estabilización en niveles muy favorables en 2021 (0,4%) y los tipos de interés a corto en negativo durante al menos estos dos años, facilitará que los costes financieros de un mayor endeudamiento no se desboquen excesivamente.
Esfuerzo adicional en apoyo de las CCAA
En lo que respecta a las CCAA, que financian de sus respectivos presupuestos y gestionan la sanidad y sus recursos, el Gobierno ha previsto hacer un esfuerzo adicional y asumir en 2021 la mitad del déficit de las regiones, el 1,1% del PIB, puesto que el déficit previsto para ellas el año que viene es del 2,2% del PIB.
Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía y director del Centro de Investigación en Economía de la Salud (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, cree que los costes sanitarios de la pandemia tendrán financiación garantizada en este y en el año siguiente, a pesar del peligro de que dicho gasto se convierta en recurrente cuando ya no se disponga de financiación europea. Considera que el presidente, Pedro Sánchez, fue hábil al conseguir que el dinero procedente de Europa para proyectos de transformación de la economía pase por sus manos porque “es la garantía de que podrá cuadrar los presupuestos e interesar a las comunidades autónomas para su aprobación”.
A su juicio, “el agujero del déficit es hoy tan grande que buena parte de aquellas ayudas puede que vayan más a subsanar gasto corriente que a proyectos verdaderamente nuevos, aunque la Comisión dice que lo vigilará”.
Ignacio Conde-Ruiz, profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), dice que hay 16.000 millones extras para que las comunidades autónomas financien gastos de la covid-19 y que a partir de ahí habrá que ver si se desvían o no. Recuerda que en el proyecto de presupuestos que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados para 2021 se prevé un incremento de la partida para sanidad (Ministerio de Sanidad, que no CCAA) y que el dinero que llegará de la Unión Europea el año que viene está destinado a proyectos concretos: “No se puede gastar en otras cosas”. Cree Conde-Ruiz que la pandemia sí abocará a más deuda a las administraciones públicas nacionales, que aprovecharán que este año y el que viene no tendrán que cumplir objetivo de déficit, pero confía en que los costes financieros derivados de ello no se incrementen exageradamente “porque los tipos de interés están muy bajos”.
Alivia un poco verlo así, pero, en paralelo, las previsiones sobre la duración del shock sanitario tendrían que mejorar lo antes posible, especialmente de la mano de una vacuna contra el SARS-CoV-2 eficaz, segura y barata (hay más de 300 proyectos, 9 de ellos en fase 3). El Consejo de Ministros, consciente de ello, aprobó la semana pasada que los mayores en residencias de ancianos y sus cuidadores, los sanitarios de primera línea y resto de sanitarios y los grandes dependientes no institucionalizados -suman unos 2,5 millones de personas- sean los primeros en inmunizarse, entre enero y marzo del año que viene.
Un problema añadido: el 'Brexit'
También ayudaría que no se recrudeciesen las tensiones comerciales y geopolíticas derivadas de un Brexit (salida de la UE del Reino Unido) a la brava, que afectaría igualmente a la economía española durante los próximos años.
Roser Fernández, economista, directora general de la Unión Catalana de Hospitales y presidenta de la Comisión de Atención a las Personas, Salud y Social de la patronal Foment del Treball, que forma parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), explica sobre el impacto económico de la covid-19 a corto plazo para las organizaciones sanitarias que “necesitan una contraprestación suficiente de la actividad derivada de la pandemia que atienden; en concreto, una contraprestación suficiente del sobrecoste que conlleva el material de protección, el reforzamiento en equipamientos como respiradores y el reforzamiento en profesionales, donde ya había un déficit estructural y la actual coyuntura, con mayor absentismo y confinamientos preventivos, lo ha agravado. Para retener o captar profesionales se están pactando retribuciones por encima de mercado. Por eso entendemos que la solución no es ir construyendo o abriendo nuevos dispositivos y compitiendo con más necesidad de profesionales sino aprovechar todos los existentes y que cada nivel asistencial optimice su capacidad de resolución. Mientras los centros no puedan ir recuperando su actividad normal, habrá que mantener la garantía de ingresos para garantizar su viabilidad”.
A medio plazo, indica, “el problema será cómo financiar todos los compromisos de gasto público, teniendo en cuenta el impacto de la crisis económica que se está generando en las finanzas públicas. Salud será de los sectores más reconocidos y priorizados porque se ha visto el impacto que tiene en la economía pero, aun así, nos impactarán los ajustes que habrá que hacer”.
Sobre los fondos europeos y los informes que se vuelven a poner sobre la mesa sobre la reforma del SNS, dice que, “aparte de pedir una mejor financiación de la sanidad, se encaminan a impulsar cambios transformacionales para hacer el sistema más solvente para que futuros ajustes no tengan que volver a centrifugar en rebaja de salarios, inversiones y listas de espera”. Y lamenta que los debates parlamentarios “insistan en centrarse en cuestiones ideológicas del modelo cuando ahora, más que nunca, hace falta una fuerte gobernanza pública que desde planteamientos inclusivos sume capacidades y recursos al servicio de las necesidades crecientes, defina bien las prioridades y se centre en lo que aporta valor”.
El Pacto con Farmaindustria alivia algo
El incremento del gasto en personal por parte de las administraciones este año (principalmente sanitarios), según prevé el Gobierno, se verá compensado parcialmente con el resultado positivo de otras medidas en materia de farmacia y productos sanitarios, que se estiman en 475 millones de euros.
Esa cantidad tiene origen en las compensaciones del ejercicio 2018 y primera fase de 2019 que se derivan del convenio suscrito en 2016 entre el Gobierno central y Farmaindustria, que ha sido ya renovado y/o prorrogado varias veces y que en breve debería comenzar a renegociarse para 2021.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez también confía en que haya un significativo ahorro este año de 60 millones gracias a la compra centralizada de medicamentos.
Dos ejemplos de uso autonómico del Fondo Covid-19
El Consejo de Ministros aprobó el 16 de junio el Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo Covid-19 de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas (CCAA), con el que se financiarán los gastos derivados de la pandemia, en especial en el sistema sanitario. Este fondo está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos.
El primer tramo de 6.000 millones tuvo en cuenta el impacto del virus en las comunidades, de manera que en la distribución computaron los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), y la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.
El segundo tramo del fondo es de 3.000 millones y se abonaba este mes de noviembre. Los criterios de reparto se basan en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%) y la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre.
El tercer tramo está asociado a la educación, con 2.000 millones de euros, que se transfirió en septiembre, cuando comenzó el curso escolar. Y el cuarto tramo del fondo, dotado con 5.000 millones de euros, se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. También se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo con criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.
El Fondo Covid-19 “supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación. Se trata de un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado”, informó el Gobierno tras su aprobación.
El fondo “se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas; en concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más”, añadió.
La Comunidad de Madrid, que recibió 1.495 millones del primer tramo del fondo (la comunidad más beneficiada), ha informado de que ha destinado hasta ahora a la lucha contra la crisis sanitaria “un total de 1.739 millones de euros procedentes del Fondo Covid-19, siendo Sanidad, con 839 millones, y Educación, con 292 millones, las áreas que han recibido una mayor dotación, y acaparando el 65% de las ayudas”. No obstante, el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha transferido más recursos que los recibidos por parte del Estado a sanidad y educación, para poder hacer frente de esta manera a las necesidades derivadas de la pandemia en la región. En el caso del gasto sanitario, la inversión total asciende a 1.123 millones de euros y en educación se eleva a 425 millones, lo que supone un 43% más que lo recibido del Estado (292 millones).
Todos esos detalles los aportó el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, en el transcurso de su intervención en el Pleno de la Asamblea regional el pasado 19 de noviembre.
Otro ejemplo es el de Cataluña (segunda región más beneficiada con el primer tramo del fondo, con 1.246 millones), cuyo gobierno anunció el 17 de noviembre la aprobación de varias medidas para afrontar la covid-19, entre las que destaca el aumento de 795 millones de euros de las cuentas de la Generalitat de 2020 para reforzar el presupuesto del Departamento de Salud y atender nuevas necesidades urgentes derivadas de la pandemia. Esta ampliación de las cuentas públicas se efectúa con cargo a los recursos que le corresponden del Fondo Covid-19. Según explicó la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, se trata del tercer incremento de los presupuestos, tras los realizados en julio (1.230 millones) y septiembre (354 millones). A esto se añade la ampliación del presupuesto efectuado en octubre (420 millones) con motivo de la aprobación de una tasa de referencia del déficit para 2020, del 0,2% del PIB. En conjunto, el incremento acumulado desde julio en las cuentas de la Generalitat es de 2.799 millones de euros. “La normativa vigente establece que, con el fin de incorporar nuevos ingresos a las cuentas públicas, se generarán los correspondientes créditos presupuestarios de gasto por un importe equivalente. Por esta razón, el Gobierno catalán aprobó una generación de crédito por valor de 795 millones, los cuales se ubicarán en la partida específica del fondo de contingencia creada para alojar todos los recursos provenientes del Fondo Covid-19. Desde allí se irán transfiriendo recursos a los diferentes departamentos en función de sus necesidades, tal y como se ha hecho hasta ahora con los otros tramos del fondo".
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